La denuncia penal de la Cámara de Diputados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de la firma de siete legisladores federales señala a la secretaria Martha Rivera -desaparecida desde el pasado miércoles-, y a la secretaria técnica de una comisión oficial, Érika Mayani.
La denuncia presentada el pasado viernes a las 20:04, según el sello de recibido señala: “se desprenden conductas que pudieran ser constitutivas de delito por Érika Mayani y Martha Rivera y quien o quienes además resulten responsables, por actos cometidos en agravio de la Cámara de Diputados”.
Érika Mayani es la secretaria técnica de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Migración Interna.
Mayani, el pasado jueves, en sesión de la comisión especial, mostró a los diputados su expediente de documentos y trámites y les aseguró que ella ha sido cuidadosa y no quiere ver manchada su reputación.
Incluso regresó a manos de los legisladores una hoja en blanco firmada por Edmundo Ramírez, del PRI, y Elia Hernández, del PAN, que obtuvo con la justificación de que en caso de un imprevisto en periodo de receso, se tomara alguna decisión.
Hernández recordó que el presidente de la comisión, el perredista Raúl Ríos Gamboa le pidió en el verano del año pasado la firma del documento en blanco, “y yo lo hice con base en la confianza de diputados, pero me arrepiento”.
Según los expedientes por los que se tramitaron 13 boletos de avión con un costo de 149 mil pesos al erario, las órdenes de viaje están firmadas por el presidente, Ramírez y Hernández, tal vez con base en ese documento en blanco.
La Cámara Baja presentó seis pruebas en su denuncia penal; en ellas incluyó oficios por los que la diputada del PAN Marcela Cuen dio cuenta de la falsificación de su firma, así como la comunicación del presidente Ríos Gamboa, de la Secretaría General y de la Contraloría Interna cuando ésta ordena el inicio de una indagación interna.
Las autoridades administrativas en San Lázaro manifestaron a la Junta de Coordinación Política la necesidad de denunciar judicialmente el caso, pues se requieren peritos que la Cámara de Diputados no tiene.
Hasta ahora no está involucrado ningún legislador por respeto a su fuero, pero no se descarta alguna implicación de un diputado.
