La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el homicidio de Gabriela Alzate, la mujer embarazada que murió a consecuencia de los disparos hechos por militares que se ubicaban en el retén militar de Aldama, Chihuahua, el pasado 12 de diciembre.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, dijo que la reacción del Ejército de disparar contra los civiles porque no acatan sus órdenes de alto en los retenes “no tiene ninguna justificación”.
Por ese motivo, promoverá una reforma legal para que los delitos cometidos por el Ejército en funciones que no son las propias, como la de seguridad pública, sean juzgados en el fuero civil y no en el castrense como sucede ahora.
“Los militares no están capacitados para hacer funciones de Policía, lo vemos claramente ahí. Ellos disparan a matar, no disparan para detener o disuadir. En este sentido a mí me parece que es una situación que no tiene justificación, es un homicidio”, manifestó.
En una entrevista que concedió en esta ciudad después de verificar la operación del Programa Paisano en las garitas, el ombudsman nacional reiteró que al militar se le capacita para matar al enemigo “y el delincuente o presunto delincuente no es un enemigo a vencer, el presunto delincuente es una persona que ha violado la Ley y debe ser juzgado”.
Dijo que los militares no pueden desempeñarse en labores policiacas ni hacer interrogatorios como Ministerio Público.
“Hay veces que detienen a las personas por muchas horas y es ahí cuando se les tortura para que digan cosas. Entonces el Ejército está tomando funciones de Policía Judicial y Ministerio Público para las cuales no está capacitado ni está facultado y por consecuencia se viola la Constitución, se violan los derechos humanos”, subrayó.
En relación con el Operativo Limpieza que realiza el Gobierno Federal, Soberanes Fernández señaló que es una simulación y que no hay limpieza a fondo, “solamente puros chispazos”.
En ese sentido, reiteró otra de las propuestas hechas por la CNDH para que los servidores públicos del sistema de seguridad pública y procuración de justicia que cometan delitos sean juzgados por un órgano autónomo del Ministerio Público y que dependa del Congreso de la Unión a fin de que no sean juez y parte.
