Tras aceptar la separación de Francisco Chíguil Figueroa de la jefatura delegacional de Gustavo A. Madero, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dijo que el funcionario será sujeto de investigación por la muerte de 12 personas el pasado viernes durante un operativo en la discoteca New’s Divine, igual que otros servidores públicos de la demarcación.
En una escueta conferencia de prensa realizada la noche de ayer, el mandatario local evadió el tema de la posible dimisión del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, y dijo que una vez que concluyan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia capitalina y se tenga el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tomará una decisión.
Trascendió que la determinación no tuvo que ver con la negativa del jefe de Gobierno de solicitar la aprobación de un nuevo secretario al presidente Felipe Calderón, sino con el hecho de que hasta ahora no ha encontrado elementos que lo lleven a pedir la separación del funcionario de su cargo.
“Tengo que respetar el término de la investigación”, señaló al referirse a la que calificó como una de las más grandes tragedias que ha vivido la ciudad.
Comentó que en los próximos días contará con ambos reportes: “Le estoy pidiendo a la Procuraduría se determinen responsabilidades legales. Lo menos que puedo y debo hacer es tener los dos informes culminados”.
Refirió que en el caso de la CDHDF, el informe estará listo en el transcurso de la siguiente semana, aunque ya cuenta con las primeras conclusiones sobre lo ocurrido el viernes, con 19 puntos fundamentales que implican graves responsabilidades de carácter penal para el mando directo de la operación, Guillermo Zayas, así como de siete mandos de diferentes sectores.
Podrían dar 70 años de cárcel a dueño de disco
Con base en la detención de 90 menores de edad y 15 adultos, el juez 19 del fuero común, Rafael Guerra, asignado al caso, informó que Alfredo Maya Ortiz, dueño de la discoteca New’s Divine y Juan Andrés Santos Urdiales, el supuesto barman que no aparece en el video del operativo, pueden alcanzar una pena máxima de 70 años de cárcel.
Incluso, el juez confirmó que esta pena puede incrementarse en caso de que se acumulen más delitos, situación que puede alcanzar a elementos y mandos policiacos, si se demuestra su culpabilidad.
Ratificó que estas personas se encuentran en el Reclusorio Oriente, acusadas de corrupción de menores, por lo que se prefiguran unos 13 delitos que alcanzan una pena máxima de 12 años cada uno.