En la imagen aparece la misma mujer que ha tramitado varias credenciales de elector con diferentes identidades como: Sahnti Pamela Forgetti Varela, Samantha Paredes Gaytán, Melanie Díaz Rivera Bravo, Damara Castro Virreyes y Paris Lara Fuentevilla. (El Universal)
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a servidores públicos del Instituto Federal Electoral (IFE) para determinar si existe alguna complicidad en la expedición de credenciales de elector a una misma persona, pero con diferentes identidades.
Autoridades de la dependencia revelaron que incluso ya existen órdenes de aprehensión giradas contra los presuntos responsables, y otros más siguen sujetos a investigación, ya que se ha acreditado a lo largo de las pesquisas que servidores públicos han recibido dinero a cambio de la entrega de la credencial con fotografía auténtica a redes criminales, que las emplean para la comisión de delitos.
En días pasados se dio a conocer que la PGR mantiene abiertas al menos 600 averiguaciones previas por la expedición de credenciales de elector con fotografía originales que han sido entregadas a una misma persona, y documentó diversos casos de este ilícito.
Sin embargo, no en todos los casos que se investigan se presume la colusión de funcionarios con los integrantes de las organizaciones criminales que tramitan este documento para votar, y que es utilizado para perpetrar fraudes, “lavado” de dinero o para el tráfico de indocumentados, entre otros.
“Lo cierto es que estos grupos delictivos han logrado vulnerar los procedimientos del IFE en cuanto a la expedición de las credenciales de elector, ya que en la mayoría de los casos ni siquiera han tenido que sobornar o pagar por el documento, con sólo presentar a dos testigos para comprobación de domicilio e identidad, han podido obtenerlo”, detallaron las autoridades consultadas.
La mayor incidencia de estos casos, indicaron, se ha registrado en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Aun así, también existen casos en los que los encargados de los módulos donde se tramitan las credenciales que expide el IFE han recibido dinero a cambio de sus “servicios”.
El caso más reciente es el de Rodolfo Martínez Constantino, un operador de equipo tecnológico en un módulo móvil del IFE, ubicado en Tampico, Tamaulipas, quien fue detenido el 21 de marzo pasado, acusado del delito electoral de expedición ilícita de credencial para votar.
Este servidor público, de acuerdo con el expediente 301/FEPADE/2006, aprovechó su cargo para cobrar por expedir una credencial de elector a una adolescente, a fin de que ésta acreditara la mayoría de edad, y así poder trabajar en un giro negro, por lo que ingresó al Centro de Readaptación Social Regional de Altamira para ser procesado.
Existen casos en los que una misma mujer pudo tramitar hasta 14 credenciales originales con distintas identidades, sin que se haya detectado que la huella digital y los rasgos fisonómicos eran los mismos de alguien ya registrado en la lista nominal del IFE bajo otro nombre y dirección.
Fue hasta mayo de 2007 cuando el área jurídica del IFE denunció ante la FEPADE que a partir del Programa de Detección de Registros Duplicados AFIS (Automated Fingerprint System), se ubicaron 723 casos de personas que contaban con más de un registro en el Padrón Electoral bajo nombres distintos.
Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, dijo que estarán atentos a las investigaciones que realice la FEPADE para que les aporten “ideas” de cómo conseguir que la credencial para votar con fotografía siga siendo un instrumento confiable.
De fraudes electorales
a los patrimoniales
Las credenciales de elector dejaron de usarse para cometer fraudes electorales y se han convertido en una de las principales herramientas de la delincuencia para cometer todo tipo de fraudes, pero, ahora patrimoniales.
Un defraudador con credenciales registradas con distintos nombres, micas alteradas o falsificadas, lo mismo puede comprar a crédito un refrigerador, una computadora o un carro a nombre de otra persona, que vender una casa que muestre signos de abandono y que no sea de su propiedad.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha detectado que se ha vuelto común que las personas que obtienen varias credenciales las usen, por ejemplo, para cobrar en las sucursales de envío de dinero “Exprés o Rapidito” las extorsiones que realizan por teléfono.
También es constante que la Fiscalía encuentre casos en los que los delincuentes revisan los buzones de las casas, toman los recibos del teléfono o de la luz, y después falsifican o alteran una credencial para votar con los datos del titular del contrato.
Una vez con los dos documentos van a una tienda a sacar mercancía a crédito y cuando los representantes de la empresa se presentan a cobrar en el domicilio en cuestión, descubren el fraude.
Este es el nuevo perfil de los ilícitos que ocupan prácticamente toda la atención de la FEPADE, una dependencia que fue creada para combatir, principalmente, los delitos registrados en los procesos electorales.
De acuerdo con estadísticas de la FEPADE actualmente más del 80 por ciento de los casos que consigna ante un juez está relacionado con personas que tramitaron y obtuvieron varias credenciales de elector o que las falsificaron o alteraron.
Sin embargo, la Fiscalía sólo puede acusarlos y pedir que se les sancione por incurrir en un delito electoral, y no por el fraude patrimonial que hayan cometido. Esta última conducta le compete perseguirla a las procuradurías estatales por tratarse de un delito del orden local, por lo que en todos estos asuntos la FEPADE trabaja en colaboración con las autoridades de cada entidad.
La obtención de varias credenciales electorales, su falsificación o alteración está tipificada como un delito que no es grave y que se sanciona, de acuerdo con el Artículo 411 del Código Penal Federal, con una pena de prisión de 3 a 7 años y multa de 70 a 200 días.
Para evitar que quienes incurren en este delito salgan libres, debido a que no está considerado como un ilícito grave, la Fiscalía ha logrado que se le apliquen varias penas a un mismo delincuente.
Así, por ejemplo, a una misma persona se le ha sentenciado a tres años de prisión por cada credencial de elector que tramitó con distintos nombres, con lo que se rebasan los cuatro años que establece la Ley para que puedan cumplir una pena en libertad.
Identidad mexicana, a cambio de 500 pesos
A cambio de sólo 500 pesos, un ministro de culto nicaragüense obtuvo del Instituto Federal Electoral (IFE) una credencial de elector original, con la que logró hacerse pasar como mexicano e ingresar sin problemas al país en diversas ocasiones, a pesar de ser extranjero.
Carlos Steven Mayorga Vallejo, de 27 años de edad, aparece en la lista nominal electoral como ciudadano mexicano, vecino de la colonia Polanco, en el Distrito Federal.
Hoy está bajo arraigo a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), sujeto a investigación, luego de ser detenido el miércoles pasado en la Ciudad de México y tras aceptar que pagó a un sujeto que dijo trabajar en el Gobierno, para obtener la credencial para votar con fotografía.
Este sujeto registrado ante la Secretaría de Gobernación como un pastor cristiano originario de Nicaragua también logró, a cambio de 2 mil pesos, que le tramitaran un pasaporte auténtico expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y hasta contaba con la tarjeta de circulación emitida por las autoridades del Distrito Federal que, según reconoció, obtuvo a cambio de otros 500 pesos.
En suma, este sujeto sólo erogó 3 mil pesos para obtener sus documentos de identidad oficiales originales, como lo establecen los peritajes realizados a los documentos hallados en su poder, por lo que la PGR inició la averiguación previa 874/FEPADE/2007.
Aunque al momento de su detención a este pastor se le encontró también en poder de otros dos pasaportes, también originales, expedidos por los gobiernos de Guatemala y de Nicaragua, sólo el último le corresponde legalmente.
Por ello, una de las líneas de investigación abiertas en su contra en la PGR es la posibilidad de que realizara operaciones de “lavado” de dinero a través de las supuestas aportaciones de su feligresía, aprovechando su calidad de ministro de culto; esta hipótesis se indaga para explicar el hecho de que tramitara documentos oficiales auténticos en México y Guatemala.
