Cientos de ahorradores de la empresa “Proyecciones DRFE” (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que han depositado su dinero bajo la figura llamada “pirámide”, continúan frente a las instalaciones de esta captadora de dinero, al Sur de Cali en Colombia. (EFE)
Calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta 300% en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares
Las autoridades de Colombia tienen en la mira a 240 “pirámides”, empresas de captación ilegal de dinero, tras conocerse una gran estafa desatada que ha causado tres muertos, desórdenes y destrozos en una docena de ciudades.
Según datos de la Policía y de la Superintendencia Financiera, en Colombia funcionan más de 300 sucursales de unas 72 empresas recaudadoras ilegales que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Las firmas más conocidas son Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que dirige Carlos Suárez, quien hasta hace unos pocos meses era vendedor ambulante, y el Grupo DMG, que toma su nombre de David Murcia Guzmán, un supuesto empresario.
Ambos, Suárez y Guzmán, son menores de 30 años y están en la clandestinidad, presumiblemente prófugos en un país vecino, según fuentes oficiales.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, precisó que de las 240 “pirámides” existentes la mayoría está establecida en los departamentos de Cundinamarca (Centro), Putumayo (Sur) y Bogotá, aunque tienen sucursales en unos quince departamentos.
Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300 por ciento en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares.
Algunas de esas “pirámides” se presentan como agencias de viaje, empresas de productos de limpieza y de cambio de moneda, y muchas como de ventas de vehículos y electrodomésticos.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció que a las autoridades les ha faltado “diligencia” en las investigaciones y detenciones de “ejecutivos” de esas firmas, lo que generó roces con funcionarios judiciales y con el fiscal general, Mario Iguarán.
“La Fiscalía debió proceder con toda rapidez y hace rato debió haber intervenido”, manifestó Uribe.
Ante la situación creada, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se reunió con Iguarán y otros funcionarios para coordinar la forma de agilizar los procesos administrativos, de análisis de las finanzas y judiciales de esas empresas comprometidas con recaudaciones de dinero.
INVOLUCRAN A HIJO DE URIBE
Jerónimo Uribe, hijo del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, negó ayer tener una relación comercial con la empresa DMG, símbolo de los esquemas de captación de dinero en el país.
El joven admitió ayer en entrevista con la radioemisora Caracol que tuvo la intención de realizar un proyecto televisivo con un canal, que después se supo que era propiedad de David Murcia Guzmán, dueño de la firma DMG.
Detalló que los contactos para efectuar varios programas sobre las comunidades artesanales se hicieron a través de su amigo Daniel Ángel, pero que finalmente se desistió de la idea y no hubo negocio.
Murcia declaró a la emisora La W que los hijos del presidente estaban involucrados en un proyecto televisivo con DMG, empresa que los apoyaba con espacio y cámaras del canal Body Channel.
“Yo directamente no tengo contacto con los hijos del presidente. Ellos son amigos de Daniel Ángel, quien me ha colaborado muchísimo, y él sí tiene contacto directo con ellos (Jerónimo y Tomás)”, indicó Murcia.
DMG ha defendido su legalidad y ha querido deslindarse del escándalo por la quiebra de más de un centenar de empresas que de manera ilícita estafaron a cerca de tres millones de ahorradores en Colombia.
Murcia mencionó como prueba de la credibilidad y solidez de la firma a su cargo el hecho de que gente de todos los estratos, incluidos altos funcionarios del Gobierno, tenían dinero en DMG.
‘Deben rodar cabezas por pirámides’
El procurador de Colombia, Edgardo Maya, anunció ayer que investigará a entidades y funcionarios que pudieron tener responsabilidad en la masiva quiebra de captadoras ilegales de dinero, que esta semana afectó a unos tres millones de personas.
Maya calificó como “vergüenza nacional” lo ocurrido con las llamadas “pirámides” y anunció que funcionarios que habrían actuado de manera negligente frente al cierre de las captadoras serán investigados para determinar su grado de culpabilidad en los hechos.
Se “deben establecer no sólo responsabilidades (a nivel del Estado), sino que deben rodar cabezas”, indicó el funcionario, tras admitir que la situación tendrá un gran impacto social en los colombianos.
La prensa local consideró ayer que hubo demora en la adopción de controles sobre las empresas que de manera ilegal captaban dinero en el país, lo que permitió que el fenómeno avanzara hasta colapsar esta semana.
Según medios de prensa, el proyecto de Ley que el Gobierno presentó para endurecer las penas contra la captación ilegal de dinero -delito cuyos culpables pueden ser excarcelados en la actualidad- fue víctima de una “operación tortuga” en el Congreso.
