Por lo menos el jueves por la noche fue transmitido por televisión un mensaje contra la toma de las tribunas del Congreso. Se compara esa acción con ataques de dictadores a sus parlamentos: 1933, Hitler; 1939, Musolini; 1913, Victoriano Huerta; 1973, Pinochet. “Ahora 2008, PRD, PT, Convergencia, han clausurado el Congreso. Nuestra democracia está en peligro. Nuestra paz está en riesgo. México no merece esto”.
Independientemente de la exactitud de la información sintetizada en el mensaje, y de la paradoja de que un Congreso clausurado esté aprobando acuerdos, reformas legislativas y el permiso para que hoy el presidente Calderón esté en Nueva Orleans, interesa reparar hoy en el responsable de la puesta en pantalla de ese spot, cuya transmisión acaso infringe el capítulo de comunicación de la reciente reforma electoral en materia de elecciones. Firma el mensaje la organización Mejor sociedad, mejor gobierno.
Esa agrupación, y su presidente Guillermo Velasco Arzac había figurado apenas 24 horas antes en una información diversa, sin relación aparente con el spot, pero que denota un repunte del activismo de extrema derecha. Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, fueron recibidos en Cancún el miércoles 16 por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien por la mañana en una entrevista de televisión, y por la tarde al clausurar el foro regional derivado del mundial de Davos formuló acusaciones contra los mexicanos muertos (y la sobreviviente herida) en la acción de su Gobierno contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.
La información oficial de Bogotá sobre tal encuentro alude a Ortega, no menciona a Velasco e incluye al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, que lo habría visitado con el mismo propósito que los anteriores y junto a ellos. Puede conjeturarse que el Ejecutivo jalisciense, munífico al repartir fondos de los contribuyentes de su estado a poderes que no los necesitan (pero que los reciben felices), como las empresas del duopolio de la televisión o la arquidiócesis tapatía, haya encontrado un nuevo destinatario; el Gobierno de Uribe o las agrupaciones que denuncian a muertos como delincuentes. Así como esas organizaciones urgen al Estado mexicano a indagar qué hacían estudiantes mexicanos en Ecuador, habría que investigar el motivo del encuentro entre González Márquez y Uribe.
Ortega Sánchez y Velasco Arzac, que presiden el Consejo Mexicano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y, como queda dicho, Mejor sociedad, mejor gobierno, entregaron a Uribe una felicitación “a usted como presidente de Colombia y a su Gobierno, por su combate al narcotráfico, al secuestro y terrorismo, lo cual ha contribuido cada vez más a la confianza, libertad y paz de Colombia”. Agradecieron la reunión y comunicaron su “preocupación por la presencia de mexicanos en el campamento del guerrillero del segundo (sic) de las FARC ‘Raúl Reyes’, y por eso hemos denunciado penalmente a esos mexicanos por posibles delitos para que sean investigados. Podrían ser el enlace de las FARC y grupos violentos en México”.
En efecto, Ortega Sánchez y Velasco Arzac presentaron el 25 de marzo una denuncia, en cierto aspecto redundante de la investigación que de oficio abrió la Procuraduría General de la República “para esclarecer el origen del financiamiento que recibieron estudiantes mexicanos para viajar a Ecuador, como parte del expediente que inició la dependencia para establecer el vínculo de los jóvenes como Lucía Andrea Morett Álvarez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. La cita corresponde a una información periodística basada en fórmulas como “autoridades indicaron”, es decir sin fuente responsable, que proliferaron en diarios capitalinos días después del ataque, y que constituyen el grueso de las evidencias en que basan los denunciantes su pedido al Ministerio Público federal.
Sobre información vaga, los denunciantes construyen conjeturas fantasiosas. Dan por hecho que mexicanos han sido entrenados por la guerrilla colombiana (como dan por hecho que varios activistas denunciados participaron en la movilización de la APPO en Oaxaca, pero ¡con nombres diferentes de los suyos!) y que su adiestramiento servirá para “cometer atentados terroristas contra objetivos colombianos en México” o “contra intereses estadounidenses en México o en otros países” o para “cometer secuestros y atracos en México a fin de contribuir a las finanzas de las FARC”, o en beneficio de ellas “participar en operaciones de narcotráfico dentro y fuera de México”, o para “cometer atentados terroristas para desestabilizar y derrocar (sic) al Estado mexicano, aniquilar a sus autoridades y servidores públicos, eliminar a particulares desafectos, tomar el poder político y someter a la población a su yugo”.
Esa apocalíptica visión se concretará, en opinión de Ortega Sánchez y Velasco Arzac, a partir del vínculo que, según sus hipótesis, establecieron 12 personas denunciadas, que “viajaron a Ecuador con los principalísimos propósitos de afianzar su pertenencia a la organización terrorista, recibir entrenamiento terrorista, rendir informes al mando terrorista sobre sus actividades terroristas dentro y fuera de México”.
Dada la extravagancia de la denuncia, sería esperable que la averiguación previa concluyera con el no-ejercicio de la acción penal. Mas, por el hecho de que la PGR se encuentre en posición semejante a los denunciantes, es de temer lo contrario.
