Cualquier idea o proyecto, aunque surja con la mejor de las intenciones, puede fracasar si no se crean estructuras sólidas que permitan su materialización y si no se le da un seguimiento puntal al cumplimiento de las metas y objetivos. La Reserva Ecológica Municipal de la Sierra y Cañón de Jimulco nació de la iniciativa de un grupo de pobladores de la zona y de ambientalistas, quienes con su entusiasmo y esfuerzo lograron sumar voluntades y colocar la mirada de la sociedad y las autoridades sobre la región más rica y, paradójicamente, más abandonada del municipio de Torreón. Hoy a más de cuatro años y medio de que se hizo la declaratoria de área natural protegida, el proyecto no ha logrado consolidarse por diversos motivos, a los cuales se ha sumado recientemente la disputa por el control de la asociación que administra la Reserva.
Luego de meses de cabildeo por parte de los promotores del proyecto, el 27 de junio de 2003 el Ayuntamiento de Torreón aprobó por unanimidad el dictamen para declarar a la región de Jimulco, área natural protegida. La idea original era que el Gobierno del Estado promulgara el decreto, pero no hubo interés de la Administración de Enrique Martínez, por lo que los impulsores tuvieron que recurrir al Gobierno local, entonces encabezado por Guillermo Anaya.
Las razones principales por las que se decidió proteger a la región son la importante captación de agua y la existencia de una gran diversidad de flora y fauna, propiciada por la convivencia de tres ecosistemas distintos: el bosque ripario, propio de las riberas; el bosque xerófilo, característico de las zonas semi-áridas, y el bosque pinar, que se desarrolla sobre todo en la montaña. Con la declaratoria se buscaba, a grandes rasgos, evitar la explotación descontrolada de los recursos naturales, fomentar la investigación y detonar el desarrollo económico sustentable de las comunidades del sector.
Para que el proyecto fuera aprobado se realizó una consulta con los habitantes de los ejidos del Cañón de Jimulco y se elaboraron estudios técnicos que pusieran las primeras bases del decreto. Luego de la autorización del Cabildo, sólo quedaba pendiente la elaboración del plan de manejo de la Reserva, es decir, el marco normativo, mismo que fue presentado el 24 de octubre de 2003.
En medio del entusiasmo se propuso la realización de diferentes actividades productivas con la finalidad de impulsar el crecimiento de la región, tales como ecoturismo y aprovechamiento de plantas nativas. Hasta ahí todo parecía marchar bien. Pero si las ideas y buenas intenciones abundaban, no ocurría lo mismo con el recurso económico. Poco antes de que se cumpliera un año de la aprobación del Ayuntamiento, el entonces director administrativo de la Reserva, Arturo Orona, comenzó a advertir que todos los proyectos planeados estaban en riesgo por la falta de dinero, por lo que se gestionaba ante los gobiernos estatal y federal la entrega de apoyos.
La mayor parte de 2004 y 2005 se fue en la creación del reglamento de la Reserva y la integración de la estructura administrativa. Una vez consolidado lo anterior, se esperaba que los planes para la región marcharan más aprisa y sin problemas. Pero no fue así.
Con el cambio de Administración municipal en 2006 se dieron los primeros conflictos. Los ejidos integrantes de la Reserva solicitaron mayores recursos para la creación de empleos, el aumento de la vigilancia, el desarrollo de proyectos productivos y de investigación. Pero el nuevo director de Medio Ambiente, Jesús Garay, tenía otros planes y decidió destituir a Arturo Orona de la dirección administrativa, lo cual provocó el enojo de los organismos defensores de la Reserva. Ejidatarios de la zona y ambientalistas denunciaron que el funcionario quería crear un bio-parque parecido al que existe en Monterrey, con animales de todo tipo. En reacción a esta controversia el alcalde José Ángel Pérez, regañó a su funcionario por sus declaraciones y Orona fue restituido en su cargo.
Luego de 5 meses de iniciada la Administración municipal, los ejidatarios de Jimulco empezaron a presionar para que la autoridad cumpliera con el compromiso de firmar un convenio de colaboración con miras a la ciudadanización de la Reserva, para evitar las tentaciones de los funcionarios de intervenir directamente en el manejo de la misma. Se fijó un plazo que no se respetó, lo cual ocasionó el reclamo de los pobladores de la zona, reclamo que orilló al Ayuntamiento a actuar y finalmente a aceptar el convenio por medio del cual se autorizó la transferencia de derechos a la Organización No Gubernamental Biodesert, A. C. Una vez más parecía que iban a terminar los conflictos en la Reserva. Pero, una vez más, no fue así.
Biodesert, con el apoyo de algunos habitantes de Jimulco y del Municipio, decidió a fines del año pasado remover a Arturo Orona de la dirección administrativa de la Reserva bajo el argumento de que en vez de trabajar “sólo hacía grilla”. Orona se defendió diciendo que su remoción fue en represalia a la denuncia que hizo de “las irregularidades y la opacidad” en las que estaba incurriendo Biodesert. La asociación se dividió y cada grupo nombró a su director. Debido a esta disputa, los recursos para apoyar los proyectos de la Reserva están detenidos. En este nuevo conflicto, el Cabildo de Torreón tiene la última palabra, la cual aún no ha sido dada.
Como puede verse, la corta vida de la Reserva Ecológica Municipal de la Sierra y Cañón de Jimulco ha resultado bastante accidentada. Al igual que en todos los ámbitos de la vida pública en donde hay dinero de por medio, los conflictos han estallado en este asunto, pese a toda la buena intención con la que surgió el proyecto.
Torreón es un municipio pequeño, con pocas reservas territoriales y recursos naturales disponibles. Por eso Jimulco es un diamante en bruto no sólo para la localidad, sino para toda La Laguna. Se intentó cuidar y pulir finamente ese diamante al conformar una asociación que administrara la región, pero aún no se ha logrado crear una institución sólida y completamente transparente que permita un manejo sano y eficiente de la Reserva, lejos de la tradicional política mexicana que todo suele ensuciar y echar a perder.
El conflicto actual debe resolverse en los mejores términos y a partir de ahí construir una estructura ciudadana más fuerte, diáfana y menos vulnerable a los vaivenes de los intereses grupales o personales. De lo contrario, podría perderse una gran oportunidad de desarrollar sustentablemente a la región más rica del municipio y de sacar de la pobreza a miles de personas que ahí viven y que llevan décadas esperando ser considerados parte de la ciudadanía torreonense.
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