Juan Pablo Guerrero, uno de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), está sujeto a una investigación de la Secretaría de la Función Pública (Sefupu). El hecho no tendría mucho de extraño si se considera que, por iniciativa del propio Guerrero, sus cuatro compañeros son a su vez investigados por la propia secretaría. Sin embargo, podríamos estar no ante casos aislados propios del funcionamiento de ese instituto, sino ante un indeseable aumento de tensiones en ese instituto, que resultarían contrarias a la transparencia pública.
Guerrero solicitó en febrero pasado la participación de la Sefupu para indagar el despido de Joaquín Solís, director de administración del IFAI, pues sus compañeros comisionados (María Marbán, Jacqueline Peschard, Alonso Lujambio y Alonso Gómez Robledo), y la contralora del propio instituto (Verónica López Cerna) habrían incurrido en irregularidades y omisiones al separar de su cargo a aquel funcionario y en simulación y engaño al hacerlo constar. En apariencia al menos, la contralora (formalmente titular del Órgano Interno de Control, OIC) reviró contra Guerrero solicitando a fines de abril una indagación, con todo el tinte de oficiosa, sobre la actuación del comisionado que la señala. La funcionaria pretendería pasar de ese modo de ser acusada a acusadora.
Se trata de revisar el uso de un millón de dólares donado por la Fundación William y Flora Hewlett al IFAI para realizar el proyecto Comunidades, puesto en práctica por veinte organizaciones civiles que utilizaron el acceso a la información que es la tarea central del IFAI en beneficio de ciudadanos grupos sociales. Por ejemplo, a través de ese proyecto (coordinado por Guerrero) presos en trance de preliberación conocieron puntualmente su situación jurídica, y una comunidad indígena conoció el modo de acceder a becas, subsidios y apoyos para sus tareas productivas.
El proyecto, que se desplegó a lo largo de todo el año pasado, concluyó a satisfacción plena de los donantes y los destinatarios. En nombre de la Fundación Hewlett, su directora en México CR Hibbs dijo que el donativo “se utilizó de manera adecuada” y que los resultados del proyecto fueron, “altamente satisfactorios”. En sentido semejante se han expresado las organizaciones participantes en Comunidades. Éstas, por cierto, recibieron con desagrado la notificación de Lujambio, comisionado presidente del instituto, de que el IFAI no intervendrá ya en futuros proyectos patrocinados por Hewlett, sino que las organizaciones recibirán directamente sus donativos: “no es nuestra responsabilidad difundir el derecho de acceso a la información”, dijo Miguel Pulido, de Fundar (Proceso, 15 de junio).
La auditoría a Guerrero tiene por objeto “verificar el cumplimiento del convenio de apoyo económico” de la fundación mencionada “para el proyecto IFAI-Comunidades, y de la normatividad aplicable”, que incluye el decreto “que establece medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal”, emitido en diciembre de 2006, cuando estaban ya trazadas las líneas de trabajo de Comunidades.
Guerrero denunció el 13 de febrero a la contralora y a sus compañeros porque se le dio por presente en la sesión extraordinaria del pleno del IFAI en que se acordó la remoción del director administrativo del Instituto, Joaquín Solís. Citado extemporáneamente a la reunión donde se decidió el despido, Guerrero no habría podido asistir porque se encontraba fuera de la ciudad, según comprobó en su acusación. Sin embargo, se registró su presencia aunque no se llegó al extremo de tenerlo como votante en el mismo sentido que sus compañeros.
Graduado en la Universidad Iberoamericana y doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París, Guerrero ha dedicado la mayor parte de su vida al trabajo académico, principalmente en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), hasta que fue nombrado por el presidente Fox (y no objetado por la Cámara de Senadores) comisionado del IFAI en septiembre de 2002. Su actuación en ese cargo se ha singularizado por su esfuerzo a favor de la mayor anchura de la transparencia y contrario a la información reservada. Cuando sus opiniones no han sido apoyadas por sus compañeros, ha dejado constancia de su posición en votos disidentes que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la trayectoria del IFAI.
No sólo en casos particulares ha sostenido posiciones divergentes de la que adoptan sus compañeros. Apenas en febrero, simultáneamente con su denuncia relacionada con el despido del administrador, expuso una posición propia respecto de la propuesta del resto de los comisionados que buscan la abrogación de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para que sea emitida una nueva, acorde con la reforma al Artículo 6 de la Constitución. Guerrero aceptó la necesidad de una adecuación de la norma secundaria a la constitucional, pero señaló el riesgo de que la ocasión legislativa abra la puerta al retroceso.
Guerrero objetó en particular la definición de los datos personales como confidenciales en todos los casos. A su juicio, “el acceso a la información y la protección de los datos personales deben coexistir, de forma tal que la protección no haga nugatorio el derecho a la información, ni que el acceso anule el derecho de los particulares a oponerse, cuando procede, a la comunicación de información que concierna a su privacidad”.
