Ayer se iniciaron excavaciones en un antiguo cuartel militar en Guerrero, en busca de restos de personas (de Rosendo Radilla en particular) a las que el Estado mexicano hizo desaparecer en la Guerra Sucia de los años setenta. La tardía diligencia judicial es posible por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en otro caso relevante solicitó la semana pasada al Gobierno de México que evite la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006. De ese modo, a contracorriente, se aplica la justicia internacional en nuestro país.
Como muchas otras personas en Atoyac de Álvarez, centro del embate gubernamental contra la insurgencia armada en Guerrero, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares el 25 de agosto de 1974. Acusado de tener ligas de la guerrilla de Lucio Cabañas, fue conducido al cuartel federal en ese municipio. Al cabo de un mes de cautiverio allí, al parecer fue trasladado al Campo Militar número uno en la Ciudad de México. Nunca se supo más de él.
Años después, porque inmediatamente era imposible dado el clima de represión que impedía la denuncia penal de ese género de hechos, la familia de ese desaparecido inició trámites ministeriales para provocar su presentación con vida o una notificación sobre su muerte. Agotadas a lo largo de los años las instancias nacionales, sin ningún resultado, Tita Radilla, hija de la víctima, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El caso fue presentado en noviembre de 2001 y admitido sólo en octubre de 2005. Tras un lento proceso, el año pasado la Comisión Interamericana emplazó al Gobierno de México a activar la búsqueda de los restos de Radilla.
La familia había aportado información de que probablemente había sido sepultado en el cuartel militar, como quizá centenares de personas más, detenidos en los años setenta, de modo que hacía allá de oriento, perezosamente la actividad del Gobierno conforme a las decisiones de la Comisión Interamericana. En abril pasado la Procuraduría General de la República dispuso la aplicación del georadar en los terrenos que fueron del enclave castrense y con sus resultados ayer comenzaron excavaciones, atestiguadas por familiares de desaparecidos, que se han hecho auxiliar por una experta argentina en antropología forense. Se trata sólo de un paso hacia el establecimiento de lo ocurrido a las personas reprimidas en ese lugar por el Gobierno de Echeverría, y podría carecer de efectos. Pero importa tenerlo presente porque deriva de un acto de la jurisdicción internacional en derechos humanos a que tan renuente es el Gobierno mexicano.
El miércoles pasado se inició otro acto de presencia de esa jurisdicción en nuestro país. Ese día la Comisión Interamericana pidió al Ejecutivo Federal “suspender la destrucción de las boletas de la elección del dos de julio de 2006 hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el Artículo 13.1 de la Convención americana” de derechos humanos, vigente en México desde 1982.
En septiembre de 2006, una vez concluido el proceso electoral de aquel año y por lo tanto sin guardar relación con esa formalidad, el semanario Proceso solicitó al Instituto Federal Electoral acceso a los paquetes electorales para que un equipo de académicos revisara las papeletas cruzadas por los ciudadanos el dos de julio de aquel año. El sentido de la petición se reforzaría meses después con la publicación del libro Hablan las urnas, del investigador José Antonio Crespo, que mostró las numerosas y graves irregularidades aparecidas en las actas de escrutinio y cómputo, que el Tribunal Electoral Federal desestimó en vez de ordenar la apertura de los paquetes electorales para corroborar la coincidencia entre las actas y los votos.
El IFE negó al semanario el acceso solicitado, por lo que Proceso demandó amparo ante la justicia federal. Un juez de distrito no comprendió que se trataba de una violación al derecho a la información y no era un asunto electoral, por lo que negó el amparo demandado. El mismo criterio fue expresado por seis de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de marzo, con lo que se confirmó la negativa asestada a la revista por el órgano electoral. Agotadas de ese modo las instancias nacionales (requisito para la introducción del caso ante la CIDH), Proceso acudió a la jurisdicción interamericana, que la semana pasada dictó medidas cautelares. Dado que la legislación mexicana prevé la destrucción de los paquetes electorales al terminar el proceso, la principal de esas medidas busca evitar que así ocurra, ya que el IFE sólo espera para ordenarla que se cierren los episodios judiciales respectivos.
Otro de ellos es el juicio de amparo promovido por el investigador y activista Sergio Aguayo, también contra la negativa del IFE a darle acceso a las boletas. Un juez federal le concedió la suspensión provisional y en vista de que el martes pasado se realizó la audiencia constitucional, se espera ya la resolución de fondo. Si el juzgador se atiene al criterio de la Corte, negará el amparo y sólo quedará el recurso internacional.
