A la memoria de Amalia Solórzano de Cárdenas
Mientras el procurador Eduardo Medina-Mora bordaba un optimista balance sobre la guerra contra las drogas, sus guardaespaldas pusieron a su lado una temible Barret calibre 50. El arma jaló atención, forjó consenso… y recordó cuán débil es el Estado frente a los cañonazos de la corrupción.
Es peligroso dictar conferencia al final de una cena. Un expresidente de Harvard, Derek Bok, diagnosticó el riesgo: te escuchan concentrados los primeros diez minutos, luego empiezan a divagar, y si no recapturas su atención se instalan en las fantasías sexuales. El procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora, inició su conferencia cuando servían los postres de la cena organizada, el pasado 10 de diciembre, por el Instituto México del Woodrow Wilson Center. Lo escuchaban unos 50 mexicanos y estadounidenses interesados en las relaciones entre ambos países, y en la recién estrenada Iniciativa Mérida.
En sus primeros diez minutos, Medina-Mora condujo el tour por las tesis oficiales: los gobernantes previos se descuidaron… prosperó a niveles escandalosos, el crimen organizado… intervino el Gobierno de Felipe Calderón… pese a las dificultades triunfará el Estado… se requiere del respaldo total del Gobierno de Estados Unidos con el cual se tiene una cooperación sin precedentes plasmada en la Iniciativa Mérida. Establecidas las bases, solicitó la colaboración de Washington para controlar el trasiego de dinero, y frenar la avalancha de armas que llegan desde los 12 mil puntos de venta localizados en el lado estadounidense de la frontera común.
Cuando, según Derek Bok, comienzan las divagaciones y las fantasías sexuales, los colaboradores de Medina-Mora entraron en procesión con el arma preferida por los francotiradores. Como si fueran anticuarios manipulando reliquias, depositaron la Barret calibre 50 en una mesa colonial colocada a la siniestra del procurador. Había leído sobre la Barret, pero nunca la había visto tan cerca. Asusta y fascina. Mide un metro con 22 centímetros, cuenta con dos patas para sostener un cañón largo, es esbelta y de su elegante gris metálico se desprenden destellos funerarios. De la recámara le sale, como joroba, una gigantesca mira telescópica para ver de cerca al blanco. Tiene un cargador para diez balas que perforan blindajes, atraviesan concreto y, según algunos, tumban helicopteros.
Es tan destructiva que un juez militar estadounidense consideró pertinente emitir una opinión legal aprobando su utilización contra enemigos. Como al procurador pareciera gustarle la trivia, comentó que el récord mundial lo tiene un francotirador canadiense quien en Afganistán pulverizó, con una Barret, a un enemigo a 2,400 metros de distancia. El narco mexicano cuenta con docenas de Barrets; en un solo operativo en Reynosa les incautaron 17.
Con la atención ganada, Medina-Mora lanzó un disparo que dio en el blanco. Esta Barret 50, dijo señalando la mesa, cuesta unos 4 mil dólares, y le fue incautada a un cártel que la andaba estrenando. Por haber sido adquirida en Estados Unidos el procurador criticó, desde diferentes ángulos, la facilidad con la cual se pueden adquirir armas en aquel país (un derecho garantizado en la Segunda Enmienda de la Constitución). Sin condenar los modos agresivos del vecino, el procurador mexicano subrayó que “la Segunda Enmienda no fue pensada para armar criminales”. En consecuencia, lanzó una petición a través de los estadounidenses presentes en la sala: reinstalar la prohibición de la “venta de rifles de asalto”; la llegada de Obama podría hacerlo posible.
Fue un planteamiento sensato, impecable, irrefutable. Fue una presentación exitosa porque demostró que urgen más controles sobre la venta, y la exportación, ilegal de armas a México. El análisis del procurador tiene flancos débiles. Aseguró, por ejemplo, que el Ejército entró a la guerra de las drogas porque los cárteles tienen mejor armamento que los policías; de ello se desprendió que, cuando se interrumpa el suministro de armas, los militares regresarán a los cuarteles. Olvidó decir que si las Fuerzas Armadas patrullan calles, instalan retenes, catean casas y detienen sospechosos es por la debilidad de instituciones como la Procuraduría que él preside.
La principal amenaza del narco no está en su armamento, sino en esos cañonazos en efectivo que corrompen personas y han llevado al desmantelamiento, en los últimos meses, de las cúpulas de la PGR y la SSP. Por la violencia generalizada, y la corrupción desenfrenada, avanza la percepción de que México está convirtiéndose en un “Estado fallido”; tesis que subyace la pesimista lectura hecha en el último número de la revista Forbes. En el Gabinete de Calderón hay quienes tienen una visión pesimista.
El jueves 27 de noviembre, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia del mensaje castrense: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el Ejército se está desgastando ante la capacidad de los cárteles de operar en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del PRI), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos (siempre exige pruebas formales). Si uno lleva ese razonamiento a su conclusión lógica, Felipe Calderón está mostrándose laxo en el combate a la corrupción. Se inhibe por la debilidad del Estado, y por esos compromisos que lo obligan a respetar una corrupción sistémica.
La moraleja es evidente: en la guerra del narco la calidad del armamento es importante; lo son más esos cañonazos de corrupción sobre la consistencia de personas, instituciones, y discursos.
La miscelánea
Me conmovió profundamente la tragedia vivida por la familia de Nelson Vargas. Como padre, pensaba con frecuencia en esos 15 meses de tormento durante los cuales no supieron dónde estaba. Ahora que dieron cristiana sepultura a Silvia, podrán continuar con el interrumpido ritual del duelo. Lo mismo se merecen los centenares de familias que buscan a los desaparecidos por gobiernos amparados en la razón de Estado. Algunos de ellos llevan 30 años viviendo en la incertidumbre ¿Hasta cuándo asumirá el Estado su responsabilidad y colaborará en el esclarecimiento de la verdad?
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