El Cordinaror Juridico de la CAIPED, Antonio Ayala, responde a la Barra de Abogados que el organismo es autónomo.
EL SIGLO DE DURANGO
GUADALUPE VICTORIA, DGO.- El coordinador jurídico consultivo de la CAIPED, Antonio Leonel Ayala Valdez, reconoció que la Ley Estatal de Acceso a la Información tiene lagunas y que deben ser reformadas; sin embargo, dijo que la Comisión sí es autónoma.
En respuesta a los señalamientos realizados por el presidente de la Barra de Abogados, Romualdo Miranda Martínez, quien cuestionó la autonomía no sólo de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED) sino de todas las comisiones, el funcionario respondió que la independencia de dicha Comisión se refleja en las resoluciones emitidas.
“A la gente que ha llegado aquí se le ha atendido y la autonomía se ve en las resoluciones que la Comisión ha emitido de los diferentes procesos”, dijo Ayala Valdez.
EXCUSAS
Empero, admitió que un proceso de solicitud de información se puede extender mínimo tres meses por lo que es ambiguo hablar de que haya satisfacción en los usuarios.
“Dejan el proceso de solicitud porque están satisfechos con lo que repondieron las dependencias o por las vueltas que implica llegar a las últimas consecuencias”, puntualizó.
El tiempo mínimo que consideró para todo el proceso es de tres meses cuando se llevan a cabo los recursos, ya sea de inconformidad o revisión, por parte de los solicitantes.
La Barra de Abogados aseguró que “las comisiones no sirven para nada”, por lo que el Coordinador Jurídico justificó que las actividades del órgano deben ser promovidas para que las personas adquieran conciencia de sus derechos y posteriormente los ejerzan.
LEYES
En cuanto a la relación que hay entre la Ley Federal y la Estatal de Acceso a la Información, dijo que la primera no tiene injerencia ni rige al Estado aunque establece parámetros en los que deben estar adecuadas las normas estatales.
Hay un principio de Derecho que establece que una ley secundaria no puede contradecir a una primaria y la norma estatal, con irregularidades y lagunas, no contradice a la federal, afirmó Ayala.
El artículo sexto constitucional establece que el Gobierno debe garantizar el acceso a la información, y ya cuenta con una serie de especificaciones para esta finalidad. La reforma entró en vigor el 21 de junio de 2007.
CAMBIO
El diputado local Jorge Herrera Delgado, a nueve meses de que se reformó el artículo sexto constitucional, anunció que el Congreso del Estado comenzará a trabajar en la reforma a dicha ley.
No obstante, Ayala indicó que a 30 días, aproximadamente, de que se reformó la Carta Magna, la Comisión para el Acceso a la Información solicitó al Congreso que se iniciara el proceso de reforma a la ley estatal.
Los diputados, ya sea por estar en tiempo post electoral o por acabar de asumir al poder, hicieron caso omiso en aquella ocasión del llamado que hizo la CAIPED.