GESTIÓN
Manifestantes acuden al Congreso del Estado
Durango. La Cocopo pide la intervención de los diferentes poderes para que el Infonavit cese el desalojo de viviendas, ya que son miles de familias las que pueden perder su patrimonio.
Un grupo de manifestantes, integrantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), arribó entre gritos al Salón de Sesiones del Congreso del Estado ayer por la mañana, para demandar a los legisladores su ayuda en el problema de vivienda por el cual atraviesan desde hace meses.
Hilario Román, dirigente del organismo, explicó a los medios de comunicación que demandan la anulación de todos los convenios “ilegales e inhumanos” que realizó el Infonavit. “Todos sabemos que fue un financiamiento que les dieron estas hipotecarias a cambio de despojar a miles de familias en todo el país”, dijo.
Contexto. Según los datos otorgados por Román, la dependencia federal le vendió a capitales extranjeros la cartera vencida de 56 mil 491 mil viviendas, por lo tanto, ese mismo número de familias en el país está en peligro.
“Desgraciadamente, los gobiernos de los estados están poniendo al servicio de estas hipotecarias a las policías estatales; los presidentes municipales a la Policía Preventiva, ahorita, hay familias que están afuera de su casa con todo y muebles”, aseguró mientras sus seguidores increpaban al Gobierno con una serie de consignas.
Anunció que el 14 y el 15 de febrero del 2009 se hará un foro nacional por la defensa del patrimonio social y la vivienda, donde participarán 30 estados del país.
Citlalli Zoé Sánchez |
El Siglo de Durango
1,400 créditos especiales hipotecarios tiene la compañía Scrap II en el estado, el cual pone en riesgo el patrimonio de igual número de familias.
800 viviendas a cargo de la compañía G Money, que ya está desalojando a las personas que allí habitan, según asevera Hilario Román.
1,650 posee Crédito y Casa. De esta forma, se dan los desalojos aunque la Cocopo pugna porque sean restituidas las familias desalojadas.
