Seguro, sabedor quizá, del desenlace judicial de la masiva impugnación a la ley del ISSSTE, que sería favorable a esa institución que él dirige, Miguel Ángel Yunes se hizo panista en su tierra el domingo hace ocho días. De haberlo asaltado alguna incertidumbre sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el político veracruzano hubiera esperado a hacer pública su definición partidaria personal. Pero estuvo en condiciones de acompasar ambas circunstancias y de ese modo resultó triunfador en el litigio contra los trabajadores a los que presuntamente debe servir, ya como miembro de uno de los dos partidos a los que debe su actual posición, y como notorio precandidato al Gobierno de Veracruz.
Nunca en la historia judicial de México una decisión legislativa fue tan mal recibida como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tiempos hubo –ahora mismo es numerosísima la impugnación al Impuesto Especial de Tasa Única, IETU— en que disposiciones fiscales suscitaban demandas de amparo por miles y hasta decenas de miles. Pero los empleados públicos que percibieron los daños y perjuicios que les infería la legislación ideada sólo para mejorar las finanzas públicas, no las condiciones de seguridad social de ese personal, presentaron 230 mil demandas de protección de la justicia federal. Tuvo que montarse para atenderlas un complicado mecanismo, logístico y jurídico, que incluyó la conversión de la Corte en tribunal de revisión para el efecto de dictar jurisprudencia que permita el desahogo de aquel cúmulo de expedientes. Con sus resoluciones de la semana pasada, y las que adopte la que hoy se inicia, que avalaron judicialmente la cuestionada Ley, los ministros del tribunal supremo habilitarán a los dos fatigados jueces que deben sentenciar caso por caso para que reproduzcan los criterios de la Corte y nieguen el amparo a los quejosos, que eso es en realidad lo que ocurre aunque se busque mitigar ese feo resultado subrayando que se concede en torno de cinco artículos de menor importancia mientras que se sacramenta el cuerpo legal en su conjunto.
Independientemente de referirnos al contenido de las resoluciones del máximo tribunal, y al margen de las reacciones formales de los trabajadores (que no cejarán en su lucha jurídica aunque no haya modo de impugnar los fallos de la Corte), me detengo en el grave fenómeno social que significa el descontento, y aun la irritación, de cientos de miles de empleados al servicio del estado, seguramente más de la mitad del personal público en su totalidad ante la ley que regula su trabajo actual y sus condiciones de vida futuras. Hace más de una década que el conjunto de los asalariados mexicanos sufrió el asalto a su patrimonio presente y su tranquilidad en el porvenir con la sustitución del sistema de pensiones basado en el reparto por el de cuentas individuales.
La invertebración de la sociedad y la intensa propaganda gubernamental permitió ese atraco cuyo resultado es que el fondo de retiro para cada trabajador se columpia todos los días en los mercados bursátiles. Es revelador del pernicioso sistema establecido entonces que haya tanta distancia entre las voluminosas ganancias de las afores y la magra y frágil utilidad de los aportantes, cuyos ahorros para el retiro obtienen rendimientos por debajo de la inflación.
Se transformó así la vida de millones de trabajadores mexicanos y no pasó nada. No hubo impugnación legal al nuevo sistema de pensiones y las movilizaciones fueron poco relevantes. Se dirá que los pasos siguientes, la reforma al régimen pensionario de los trabajadores del IMSS y al del personal público en general, el que está afiliado al ISSSTE, se dieron con la certidumbre de que semejante pasividad social se reproduciría. Se equivocaron parcialmente los estrategas de esas reformas, aunque a la postre tuvieran razón: los afectados no se sometieron dócilmente a los nuevos ordenamientos y los cuestionaron en los tribunales y en las calles. Esta reacción ha sido especialmente perceptible en el caso de la ley del ISSSTE, cuyas víctimas han perdido una batalla, pero no la guerra. Si se agotaran los recursos que ofrecen el derecho nacional y el internacional para la defensa de sus intereses, los trabajadores del Estado dispondrán de una arma política. Pueden votar el próximo año por una legislatura que garantice o haga posible reformar la ley que no pudo ser ahora derrotada por la vía judicial.
A esas elecciones de 2009 llegará el PAN, el partido en el poder, con tal debilidad que sus líderes avizoran ya la necesidad de aliarse con un partido pequeño, como lo hicieron en 2000 con el Verde, para asegurarse votos que hagan la diferencia. La opción panista en esta oportunidad es no el partido de los González Torres Martínez, sino el de Elba Esther Gordillo. Ya mantiene Acción Nacional un poderoso vínculo con ella, pero se trataría ahora de formalizarlo. Nadie duda que además de trapacerías de diversa dimensión y trascendencia que torcieron el resultado, la victoria de Calderón fue propiciada por los votantes y el activismo de Nueva Alianza y el que directamente desplegó su propietaria, la lideresa magisterial.
Antaño, la dirección panista hubiera torcido la nariz ante el tufo despedido por priistas prototípicos como lo fueron, y lo son, Gordillo y su ahijado Yunes. Hoy la degradación ética disfrazada de pragmatismo lleva al PAN a todo género de alianzas y contubernios.
