Cuando los estados miembros de la ONU resolvieron aprobar la creación de una Corte Penal Internacional, hubo unos cuantos que se abstuvieron de votar a favor. El más notorio fue, por supuesto, Estados Unidos. Su razonamiento para negarle autoridad a la CPI fue que, debido a sus múltiples intervenciones a lo largo del mundo, era factible que algunos miembros de sus Fuerzas Armadas resultaran llamados a rendir cuentas ante un tribunal que no es norteamericano por acatar órdenes del Gobierno norteamericano. Además de que a los Estados Unidos (sobre todo, a un sector de su clase política) todo lo que provenga de la ONU le da urticaria; porque, alegan, los organismos internacionales… le quitan soberanía a la superpotencia.
Otros estados le negaron autoridad a la CPI por que tenían mucha cola que les pisaran. Uno de ellos fue Sudán, cuyo Gobierno se ha caracterizado, desde hace buen rato, en aporrear los derechos de sus propios ciudadanos, especialmente de los grupos étnicos negros y la minoría cristiana.
Y los gobernantes sudaneses no estaban equivocados. Uno de los primeros procesos judiciales importantes de la CPI tiene como objetivo ni más ni menos que el presidente en funciones de Sudán, Omar Al-bashir. Y de lo que se le acusa no es una baba de perico: genocidio, asesinato, secuestro, crímenes contra la Humanidad.
La fiscalía de la CPI, en un apasionado y muy poco diplomático alegato, afirma que Al-bashir ha sido determinante en los actos de violencia que se han producido en la región sudanesa de Darfur desde hace cinco años. Se calcula que en ese lapso han muerto al menos 200,000 personas. Otros dos millones se han convertido en refugiados, amén de los cientos de aldeas destruidas y los miles de mujeres violadas como política para aterrorizar a la población.
Los causantes de tanto dolor son unas milicias árabes llamadas janjaweeds, que atacan sin piedad a la población de Darfur, que no es árabe sino negra. El propósito es aniquilar la voluntad de resistencia de grupos y etnias no afines al Gobierno sudanés dominado por los árabes. Para cualquiera que tenga ojos, resulta evidente el apoyo gubernamental a la despreciable y horrenda labor de los janjaweeds. La responsabilidad del presidente sudanés, la verdad, es bastante obvia.
La CPI se echó varios trompos a la uña. Por un lado, por primera vez está iniciando un proceso contra un jefe de Estado en funciones, con todo lo que ello conlleva. Por otro, el Gobierno sudanés ha reaccionado furiosamente, negándole toda jurisdicción a la CPI (lo cual era esperable). Pero también es de temer su reacción: si no estando furioso, sabe Dios… muchos esperan fuertes represalias en Darfur porque el mundo exterior anda metiendo sus narices en el genocidio.
Y una vez más, quizá, la pobre gente de Darfur sea la que termine sufriendo los peores estragos. Pero en todo caso se está sentando un precedente.
