Durante el sexenio foxista la designación de los delegados federales no fue objeto de discordias ni disputas porque el Gobierno Federal decidió consultar la designación de éstos con los gobernadores; pero con la llegada del actual Gobierno y la visión político-electoral del presidente Felipe Calderón, las cosas cambiaron pues los delegados retoman parte del papel que desempeñaban en los regímenes priistas.
En los Gobiernos priistas las funciones de las delegaciones eran principalmente políticas y menos operativas y vinculadas a la naturaleza de la dependencia. Entre otras tareas que cumplían las delegaciones se encontraba la que hoy surge como el gran tema de discusión, el uso de la política social y el combate a la pobreza para asegurar el voto de los más necesitados.
Este uso alcanzó uno de los momentos de mayor esplendor durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con el Programa Nacional de Solidaridad, que les permitió recuperar el control absoluto del Congreso, en 1991, y mantener la Presidencia de la República, en 1994. Su sucesor, Ernesto Zedillo, tuvo que limitar los alcances de dicho programa, al que rebautizó como Progresa, que se limitó a las áreas rurales.
Vicente Fox volvió a ampliar el ámbito de acción del mismo y lo rebautizó como Oportunidades, por decisión propia (o de la titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, o del titular del programa, Rogelio Gómez Hermosillo) limitó su uso político-electoral, al menos desde las más altas instancias del Gobierno Federal, con lo cual fueron directamente los operadores en los estados, municipios y hasta en las mismas comunidades, los que sacaron provecho en ese sentido. Después de las controvertidas y disputadas elecciones de 2006, varios fueron los estudios que mostraron que en un buen número de las comunidades con apoyo de Oportunidades no había ganado el PAN.
Pero el actual Gobierno Federal pretende revertir esa tendencia y retomar el uso político de las delegaciones, por ello desde el inicio del sexenio decidió designar a connotados panistas en las mismas. Y por ello, también decidió modificar la reglamentación de Sedesol para el presente año, para que sean únicamente los delegados, sin el consenso de los Gobiernos de los estados, los que definan el destino de los recursos para la atención de los pobres.
Esta modificación avivó la inconformidad de los gobernadores priistas, lo que incluso se tradujo en el retraso en la firma de los convenios con los estados y rezagos en el ejercicio del presupuesto del presente año.
Y ahora las bancadas del PRI y el PRD, querían incluir dentro del período extraordinario, que pretenden celebrar a partir del próximo 19 de junio del presente año, la reforma a la política social para otorgar más atribuciones al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y asegurar la participación de los gobernadores en la definición del destino de los recursos que se ejercen a través de los programas federales, así como, establecer requisitos para los delegados de dichas dependencias, entre los cuales se incluye el no-provenir directamente de un puesto de elección popular o tener una clara y ostensible filiación partidista. Al parecer la Oposición del PAN evitará que se incluya en el período extraordinario, pero no que se discuta en el ordinario que inicia en septiembre próximo.
La Oposición tiene razón en el fondo de los problemas que denuncia: la existencia de una política social coyuntural, sujeta totalmente a los objetivos políticos sexenales, carentes de una visión de largo plazo que permita efectivamente abatir la pobreza, consolidar programas, garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas; la exagerada presencia de delegaciones federales, que en un país auténticamente federalista debiesen reducirse a un mínimo, pues son precisamente los Gobiernos locales los responsables de la operación de los programas y la atención de las necesidades de la población; y el uso político-electoral de diversos programas, especialmente los sociales.
Sin embargo, a reserva de conocer las propuestas de reforma, si nos atenemos a las demandas de los gobernadores tricolores en relación a los ingresos petroleros, en realidad no se trata de hacer los cambios institucionales de fondo, sino simplemente de asegurar el control de los recursos para ser ellos quienes se beneficien de su uso político-electoral.
Así más que un cambio de fondo en la política social, que efectivamente coloque a la ciudadanía en el centro de la misma, se trata simplemente de un cambio de operadores, para asegurar su permanencia en el poder, mediante el apoyo de la población más necesitada. Particularmente las elecciones de 2007 evidenciaron la intervención de los Gobiernos estatales en los procesos: regresaron el “carro completo” y apareció la violencia en varios de ellos. Así que lo que hoy está en disputa es precisamente quién cobra los beneficios de la ayuda a los pobres: el Gobierno Federal o los Gobiernos Estatales.
Habrá que estar atentos a las propuestas de reformas y exigir que los cambios sean de fondo y no únicamente de forma; que éstos coloquen el aseguramiento de los derechos ciudadanos elementales en el centro de la política social y no que simplemente cambien la agencia que administra los programas y entrega los recursos. Lo deseable sería que de una buena vez se discutiera abierta y claramente los alcances del federalismo mexicano, pues en los hechos los Gobiernos locales todavía carecen de atribuciones elementales e incluso hay graves retrocesos, como sucedió en la última reforma electoral. Lo importante es que se discutan modelos, proyectos e ideas y se superen las mezquindades de los gobernantes y el uso político-electoral de los pobres.
