La Comisión Federal de Competencia aprobó la compra de la Universidad Tecnológica de México por el grupo Laureate Internacional Universities. La adquisición debe ser examinada también por la Secretaría de Economía, que administra la ley de inversiones extranjeras, donde se autoriza el capital foráneo sin ninguna limitación en materia educativa. Que sepamos, no ha sido requerida autorización semejante a la Secretaría de Educación Pública. Ambos extremos de la cadena burocrática muestran la obviedad de que en casos como éste la enseñanza universitaria es sólo una operación mercantil.
El mismo grupo internacional adquirió hace ocho años, cuando aún operaba bajo la razón social de Silvan Learning Systems, la Universidad del Valle de México. Por el ochenta por ciento de las acciones de esta empresa pagó un total de 67.7 millones de dólares, de los que deducidos 17.8 millones de dólares por pasivos dio a los vendedores un ingreso de 49.9 millones de dólares. No conozco los términos de la venta de la Unitec, pero deben ser de un orden numérico semejante.
Las dos empresas que ahora pertenecen a una red con actividad en quince países (aunque en su sede, los Estados Unidos, cuenta sólo con enseñanza en línea, a través de la Walden University que carece de campus y no ofrece enseñanza presencial) tienen un origen común. Las fundó un grupo encabezado por el contador público, Ignacio Guerra Pellegaud, quien con socios como José Ortega Romero, estableció el 16 de noviembre de 1960 la Institución Harvard, de la que resultaría ocho años después la Universidad del Valle de México, en una vieja residencia de la colonia San Rafael. Al parecer en circunstancias conflictivas (pues en la UVM se privilegia el recuerdo de Ortega Romero) Guerra Pellegaud se apartó de ese negocio para emprender otro, la Universidad Tecnológica de México. Él mismo fue rector desde la fundación del establecimiento, en 1966, hasta 1994, pero sigue encabezando la junta de gobierno. Lo reemplazó en la rectoría el ingeniero Manuel Campuzano, que en 2002 fue sustituido, a partir también de una crisis, por el actual rector, ingeniero Raúl Méndez Segura.
Esas operaciones comerciales, como tantas que se realizan en una economía de mercado, interesan sólo a los participantes y al entorno en que actúan, así como a las autoridades de regulación económica. Deberían, sin embargo, dada su materia, ser supervisadas y aun autorizadas por la SEP, porque se desenvuelven a partir de registros otorgados por la propia secretaría, lo que supone apego a la legalidad en materia educativa.
Aunque en México la inversión extranjera en enseñanza superior sólo ha tenido estas manifestaciones mayores, suscitó ya en 2005 una expresión preocupada de quinientas universidades que emitieron una declaración titulada Compartiendo la calidad de la educación superior más allá de las fronteras. No animó a las instituciones firmantes un chauvinismo pobretón, pues en pocas materias es tan deseable (y tan irrefrenable) el intercambio entre naciones como en la educación superior, donde es tradición que los estudiantes continúen estudios en países diversos a los de su origen. La causa de la preocupación de esas instituciones, que es también la que nos mueve a abordar aquí el asunto, es el subrayado de que la educación superior sea una mercancía, susceptible de ser manejada con criterios de mercado, que coloquen la formación de las personas (y aun la simple transmisión de destrezas) en un segundo plano, atendible sólo en la medida en que genere ganancias o provoque pérdidas.
No en todo el espacio de la educación privada mexicana impera el sentido mercantil. Puede afirmarse que, al contrario, las principales instituciones de ese ramo son movidas por ánimos diferentes, con frecuencia de reclutamiento ideológico, pues las más de ellas, las más importantes y las más visibles responden a congregaciones y órdenes religiosas, católicas. Si bien en un cierto número de casos las cuotas de ingreso y las colegiaturas son de un monto muy elevado, no depende de ellas el financiamiento de las instituciones, sino de patronatos que las preservan e impulsan su desarrollo. Debe recordarse que aun el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey fue confiado por sus fundadores a los jesuitas, que al paso del tiempo fueron apartados de la administración y la enseñanza. Las otras notorias entidades de enseñanza superior, la Iberoamericana, la Anáhuac, la Panamericana, pertenecen a las redes educativas de la Compañía de Jesús, la Legión de Cristo, el Opus Dei. En un rango de expansión menor, la Universidad Lasalle y la universidad resultante del Centro universitario México (así como el resto de su sistema) son obra de los Hermanos de las escuelas cristianas y de los maristas.
La presencia de esas instituciones en la vida mexicana ha planteado y plantea cuestiones de naturaleza diferente a su presencia como empresas mercantiles. Otro sector importante de proveedores de servicios educativos, en cambio, que crece en la medida en que el Estado –la Federación, los estados y los municipios— queda a la zaga en el cumplimiento de sus responsabilidades es el que ve a los educandos y sus familias como simples clientes a los que no se vacila en expoliar. Es notable el número de casos llevados ante la Procuraduría Federal del Consumidor por padres que ven defraudadas sus ilusiones de dar buena formación a sus hijos y son burlados por mercaderes disfrazados de profesores.
