En los países desarrollados se está viviendo un tiempo histórico, cuya característica básica es la rapidez con la que se suceden los cambios en todos los órdenes. Ese dinamismo propio de las sociedades avanzadas puede constatarse en lo social, lo científico-tecnológico, lo económico y sus relaciones mutuas, lo que hace más complejo el contexto en el que se desenvuelven las personas y las organizaciones, así como las instituciones públicas y privadas.
El sistema educativo, en su condición de subsistema social, no es la excepción y se ve afectado siempre por esta nueva situación: el vertiginoso cambio que el propio sistema–Estado le imprime.
En los países en desarrollo la situación es otra y estos cambios se vuelven exacerbadamente lentos, por lo que en nuestras escuelas el asunto se vuelve crítico; cambia la sociedad en su conjunto, lentamente si usted quiere, pero cambia. En las escuelas no hay tal cambio.
Sin ignorar la singularidad de la educación como tarea, ni su elevado cometido social, ni la cuota de especificidad propia de las instituciones educativas, lo cierto es que sin un cambio profundo en el seno de los centros escolares, vistos éstos como organizaciones (sobre todo en su forma de gestión y en las prácticas correspondientes), el sistema educativo nacional tendrá serias dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos, lograr mejores estándares de calidad para todos y contribuir sustancialmente al progreso personal, social y económico.
La adaptación de cualquier institución a un entorno cambiante no constituye un proceso espontáneo o automático. Para conducir con éxito la gestión, se hace imprescindible tener una visión prospectiva, es mirar hacia adelante, reflexionar sobre el futuro a fin de poder anticipar una imagen coherente de la institución que le aporte una cierta seguridad, un cierto grado de estabilidad institucional perfectamente compatible con los procesos de cambio.
La sociedad postindustrial, ha traspasado ya el umbral de la llamada sociedad del conocimiento y avanza inexorablemente hacia la primacía de la inteligencia y del saber como principales factores de progreso social y económico.
A escala mundial, por ejemplo, la producción de software informático (producto puro de la inteligencia humana) constituye la principal fuente de valor añadido en el comercio internacional; en la elaboración de chips, el precio de los materiales representa menos del 1% del costo total. Tanto en su producción, como en la de todos aquellos sistemas que tienen en el chip su componente fundamental, la sustancia más preciosa es el saber y la inteligencia asociados a su concepción y a su desarrollo.
Recientemente, la Asociación de la Industria Electrónica del Japón (EIAJ), ha estimado que las nuevas actividades vinculadas a la sociedad de la información (tales como la telemática, el teletrabajo, la enseñanza a distancia, etc.) podrían alcanzar en el presente siglo la envergadura de las industrias electrónicas o del automóvil.
En semejantes circunstancias, la educación y la formación del recurso humano refuerzan su condición de elementos de carácter estratégico y la mejora de la calidad educativa se convierte en un objetivo fundamental de todos los países desarrollados y en desarrollo. De aquí la importancia de una gestión acorde con el tamaño del reto.
No es sólo el conocimiento específico directamente vinculado al mundo del empleo, sino el dominio de los conocimientos básicos, las formas de pensamiento avanzado y las competencias cognitivas de carácter general, las que constituyen en el momento presente, ingredientes indiscutibles de un capital humano de calidad y la mejor garantía de adaptación a las exigencias de cualificación en entornos profesionales francamente dinámicos. Tanto Gobierno como directivos y administradores educativos, tendrán ante sí la enorme responsabilidad de gestionar centros educativos de la más alta calidad.
Esta revalorización del conocimiento y del saber como instrumentos de progreso personal, económico y social, alcanzan a las familias mexicanas y originan, como efecto inducido, un aumento de sus expectativas con respecto al funcionamiento de las instituciones educativas; entornos que sirven para sus hijos como nidos fundamentales de aprendizaje y de seguridad para ingresar al mundo del empleo; la gestión escolar no les puede fallar, ¿cómo dejar de ser una promesa incumplida?
Por si esto fuera poco, en el momento en el que afloran la crisis de valores y las rasgaduras en el tejido social, se descarga en los sistemas escolares y en sus instituciones una buena parte de la responsabilidad de la socialización de los individuos; responsabilidad que, en otros tiempos, era asumida en mucha mayor medida por la familia y por otras instituciones sociales.
“Considerar la educación y la formación en relación con la cuestión del empleo no quiere decir que la educación y la formación se reduzcan a una oferta de cualificaciones. La educación y la formación tienen por función esencial la integración social y el desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes, la transmisión de un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía” (F. López Rupérez, España, 1994).
Por todas estas razones, los gobiernos incrementan sus expectativas respecto del rendimiento de los sistemas educativos y promueven la reflexión para la búsqueda de soluciones y para la implementación de políticas capaces de atender los desafíos que se ciernen sobre sus correspondientes países; es en este momento en el que más se necesitan gestores altamente calificados y formados visionariamente.
El nivel de exigencia de los usuarios ante los bienes y servicios que les prestan, tanto las entidades educativas privadas como las públicas, ha aumentado de forma notable y su impacto se ha visto acentuado por un contexto socio-histórico en el que se han revalorizado las libertades individuales y, en particular, la libertad de elegir. Cada vez nos encontraremos con familias más exigentes y pendientes del servicio educativo que reciben.
Esta circunstancia alcanza, asimismo, a la consideración de los derechos legítimos que el ciudadano reclama en su relación con la administración, en tanto gestora de servicios de carácter público.
Finalmente, en este análisis, en el que se destaca la forma más efectiva en la que han de operar los centros educativos, cabe hacer referencia a un aspecto que atañe de lleno al profesor como profesional de la educación; todos aquellos docentes que tengan como mira la administración educativa, habrán de capacitarse, actualizarse, y profesionalizarse para asumir tan grave tarea, no se vale gestionar intuitiva o empíricamente o al ensayo y error; es necesario ahora hacer gestión de la más alta calidad.
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