Algunos magistrados que se han encontrado en los últimos días con la novedad de que ahora hay una nueva manera de fiscalizarlos... con cámaras de vigilancia.
El Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que se encarga de administrar y vigilar la actuación de todos los jueces y magistrados federales del país, desde el mes pasado mandó a colocar, por vez primera, cámaras para grabar las sesiones en las que los Tribunales federales resuelven los juicios a su cargo.
Se trata de un proyecto que impulsa el presidente del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, como parte de su compromiso de hacer de 2008 el año de la transparencia judicial.
Para algunos magistrados que se han encontrado en los últimos días con la novedad de que ahora hay una cámara de video, discreta, encubierta tras la fachada de una lámpara, en su salón de sesiones, la medida está dirigida a fiscalizarlos.
Pero para otros simplemente se trata de sacar de “lo oscurito” sus decisiones y demostrar que no tienen nada que ocultar y que en nada cambiará su forma de trabajar y resolver los juicios a su cargo, y, en cambio sí les ayudará a legitimar la labor de los juzgadores.
En una primera fase sólo se grabarán las sesiones de los Tribunales Colegiados ubicados en la Ciudad de México. En una segunda etapa, la medida se extenderá al interior del país y a los juzgados encargados de asuntos penales en el Distrito Federal.
Los Tribunales Colegiados son los órganos de mayor importancia y poder después de la Suprema Corte de Justicia, y, en la práctica, tienen a su cargo la facultad de revisar y resolver en definitiva todas las decisiones que adoptan los Tribunales estatales y los órganos jurisdiccionales que aún forman parte del Poder Ejecutivo, como es el caso del Tribunal fiscal.
Lo mismo resuelven en última instancia casos en los que están en juego millones de pesos de empresas, del fisco, la libertad o los bienes de una persona, un divorcio o una pensión.
En total, en el país hay 182 Tribunales Colegiados, integrados por tres magistrados federales. Cada uno de los magistrados cobra en promedio dos millones de pesos anuales entre su sueldo y sus prestaciones, tienen derecho a un carro, chofer, celular, seguro de gastos médicos mayores, viviendas con rentas simbólicas en caso de encontrarse adscrito a un lugar distinto al de su domicilio, entre otras cosas.
La idea de colocar cámaras en los Tribunales fue impulsada por el presidente de la Corte y del Consejo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pese a algunas reticencias que se registraron en el propio poder Judicial, asegura la consejera de la Judicatura, Elvia Díaz de León.
Ante la desconfianza y las dudas que ha generado la medida entre algunos magistrados y jueces, la también magistrada, asegura que con las cámaras se busca demostrar que el Poder Judicial no tiene nada que ocultar y contar con una memoria histórica electrónica acorde con los nuevos tiempos.
“Para nada —dice— se trata de una forma de espionaje. Respetamos, ante todo, la independencia de cada uno de los juzgadores”.
El magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en el Distrito Federal, Jean Claude Tron Petit, uno de los juzgadores que más ha impulsado la transparencia y rendición de cuentas en la impartición de justicia, recuerda que “en el mundo judicial, durante toda la vida se ha dicho que la labor del juez debe ser oculta, que debe estar lo más alejado de la crítica y especulación social e, incluso, se considera como falta revelar cuál es el parecer o criterio”.
Esta actitud, dice, afortunadamente está en vías de superación, aunque, reconoce, todavía no es la postura mayoritaria.
Por eso considera positiva la medida de instalar cámaras porque los Tribunales colegiados pasarán, afirma, de ser “unas cajas negras” a estar en la vitrina de la televisión.
Y esto, dice, “es cuestión de cultura y de tradición. Durante toda la vida estuvimos acostumbrados a hacerlo a puerta cerrada, sin que alguien supiera nada, y ahora eso tendrá que cambiar”.
Su compañero de Tribunal, el magistrado José Patricio González Loyola Pérez asegura que las cámaras no cambiarán la forma de trabajar y sólo servirán como un complemento para conocer las discusiones o la forma en que se resuelve o se vota un caso.
Porque, recuerda, la esencia de sus argumentos, lo que sustenta sus sentencias, seguirá quedando plasmado, a detalle, de forma escrita en las sentencias que emitan.
La consejera de la Judicatura, Elvia Díaz de León, explica que aún no han definido cuándo comenzarán a operar las cámaras, porque todavía les falta fijar las reglas con base en las cuáles tendrán que operar.
De entrada, detalla, las cámaras serán manejadas mediante una computadora que instalaron en las salas de sesiones y que tendrá que ser operada por personal de los propios Tribunales. Además, en un primer momento las grabaciones de las sesiones no se difundirán y sólo irán a parar a los archivos internos.
Pero, de acuerdo con algunos magistrados, esto no es impedimento para que cualquier persona pueda tener acceso a las grabaciones mediante una petición con base en la Ley Federal de Acceso a la Información.
