Tras la reforma constitucional en materia electoral, de noviembre de 2007, los líderes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno Federal buscan formas para beneficiar a los concesionarios de los medios electrónicos, para subsanar la merma en los ingresos que tendrán al suprimirse la propaganda electoral y así lograr reconciliarse con ellos.
Primero fue Manlio Fabio Beltrones quien, el cuatro de junio pasado, envió una iniciativa de Ley que pretendía entregar a los concesionarios que detentan una estación de Amplitud Modulada una de Frecuencia Modulada, sin el pago de contraprestación alguna; después, el mismo legislador, impidió que se aprobara una adecuación a la Ley Federal de Radio y Televisión, que permitiría la plena aplicación de las reformas electorales, particularmente las sanciones cuando los concesionarios violaran las disposiciones legales; y, finalmente, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que emitió un acuerdo administrativo para hacer realidad la intención de Beltrones.
En primera instancia vale la pena destacar algo que señala el mismo acuerdo en los considerandos, pero que olvida en su razonamiento la SCT: las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, no se enajenan y únicamente “se otorga su uso, aprovechamiento y explotación de manera temporal” y precisamente por esto último cuando la tecnología los rebasa como en este caso, no tienen ningún derecho adquirido ni existe ningún tipo de obligación para brindarles un tratamiento preferencial en la migración.
Pero, además en este caso la transición a la radiodifusión digital que se utiliza como pretexto, tanto en la iniciativa como en el acuerdo, para favorecer a los beneficiarios actuales de las concesiones de AM, es una oportunidad única (e imposible predecir cuándo se volverá a presentar, pues depende de la evolución tecnológica) para transformar el actual modelo de radiodifusión, basado en la concentración de las concesiones en un pequeño grupo de operadores (5 grupos concentran más de la mitad de las concesiones y otros 5 casi otra cuarta parte, con lo cual 10 grupos detentan las tres cuartas partes de las concesiones), ya que se multiplica la capacidad de transmisión y se facilita la interactividad, con lo cual es factible romper los actuales oligopolios, promover nuevos servicios y optimizar el uso del espectro radioeléctrico.
En México se han realizado pruebas con dos opciones tecnológicas: el sistema estadounidense que transmite en las actuales bandas de AM y FM (denominado IBOC) y el europeo, conocido como Eureka, que aprovecha otras bandas. En ambos casos el resultado es mínimo triplicar el número potencial de emisoras. El número de emisoras llegaría a un mínimo de 144 contra aproximadamente 50 que se alcanzan entre las dos frecuencias (AM y FM), así que en ningún caso habrá problema para dar cabida a los actuales y atender a nuevos concesionarios.
Pero el acuerdo administrativo es más preocupante por las decisiones que se pueden inferir del mismo, que por lo que explícitamente pretende resolver. Y las dos decisiones que se pueden inferir son las siguientes: se opta por el modelo estadounidense, pues en uno de los considerandos se señala textualmente: “los beneficios que se obtendrán en la digitalización de las estaciones que operan en la banda de FM son superiores a aquellos que se obtendrán en la digitalización de las estaciones que operan en la banda de AM” y en el punto séptimo del acuerdo se establece que la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberá determinar en un año, a partir de la publicación del acuerdo, “el estándar de radio digital que se utilizará en la banda de FM”.
Pero la segunda decisión, menos clara, pero que el acuerdo deja traslucir, es que la nueva capacidad de transmisión que se generará con la instauración de la radio digital no se licitará, sino que se asignará a los actuales concesionarios, quizá contra el pago de una contraprestación económica, pero sin la posibilidad de que haya nuevos concesionarios.
Así en realidad lo que pretende el acuerdo es cerrar la posibilidad a nuevos concesionarios y perpetuar el modelo de concentración en unas cuantas manos. De acuerdo al ex senador y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, sólo siete grupos radiofónicos (Radiorama, ACIR, Radio Fórmula, OIR, ABC-OEM, RASA y Grupo Imagen) se llevarán 222 estaciones adicionales en FM, que significan prácticamente la mitad de las actuales.
Pero además por esta vía también se cierra la posibilidad en el futuro de abrir el espectro a la radio pública y la radio comunitaria, que son dos complementos indispensables de la radio comercial, como se puede constatar en los países desarrollados del mundo (Estados Unidos –Public Radio System, PRS—, Francia –Radio Francia— y Gran Bretaña –British Broadcasting Corporation, BBC— entre los más conocidos).
Así este acuerdo, que se publicó en el pasado puente patrio –precisamente el 15 de septiembre—tiene mayor trascendencia e impacto sobre la vida política nacional de lo que parece, pues no se trata simplemente de una cuestión de negocios, sino de preservar el control de un medio fundamental para conformar la opinión pública en manos de unos cuantos grupos, es decir, impacta directamente el ejercicio de la libertad de expresión y aún es impredecible por cuánto tiempo lo hará, pues para que se vuelva a presentar una oportunidad de revertirlo se requiere el surgimiento de una nueva tecnología.
