Agentes de la DEI y policías preventivos son quienes más participan en la violación de los derechos humanos.
Señala la CEDH que la mayoría de las recomendaciones en Durango es por allanamiento de morada, detención arbitraria y retención ilegal.
De unas 85 recomendaciones que se emitieron durante 2007 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en su mayoría en contra de agentes de la Dirección Estatal de Investigación (DEI), alrededor del 80 por ciento de las mismas se incumple o no es cumplida satisfactoriamente.
No concluyen procedimientos
Carlos García Carranza, ombudsman en el estado de Durango, dio a conocer que la gran parte de recomendaciones que se emiten por parte de la Comisión en contra de la Procuraduría es a causa de allanamiento de morada, detención arbitraria y retención ilegal. “Todas... prácticamente todas las recomendaciones nos las aceptan, pero no son concluidas”, expuso.
Si bien la PGJ les da inicio a las recomendaciones, como empezar un procedimiento administrativo, o una averiguación previa, o la instrucción a algún funcionario de la institución, luego ésta no se termina o no se informa si ya se dio alguna sanción o medida de apremio, o incluso resultó negativa en contra de los agentes que son señalados por el quejoso.
La forma de operar
Por ejemplo, en la recomendación 81/07 la PGJ incumplió. En los términos legales esta recomendación fue cumplida en forma parcial, pero en los términos prácticos la PGJ las sugerencias sustanciales no fueron tomadas en cuenta.
En este documento se señala a cinco agentes de la DEI que cometieron allanamiento de morada y detención arbitraria en contra del quejoso. Hubo tres puntos en las recomendaciones; el primero fue que los agentes cumplieran con un curso de derechos humanos, mismo que acreditaron, pero el proceso administrativo y la finalización de la averiguación previa en contra de los mismos nunca terminaron su trámite hasta la fecha.
Ayuntamientos, también en la lista
García Carranza dijo que los ayuntamientos también tienen recomendaciones y las violaciones a los derechos humanos que cometen las policías preventivas son las mismas que los agentes de la DEI. “Sin embargo, en los municipios hay más resistencia a cumplir con las recomendaciones, pues no conocen sobre esta legislación”, indicó y agregó: “Creen que son autónomos y tratan de sujetarse al artículo 115 constitucional erróneamente”.
Modificaciones a la Ley Orgánica
Uno de los objetivos que pretende la CEDH en el Congreso del Estado es la búsqueda legal de tener acceso a las averiguaciones previas. Carlos García Carranza manifestó que para saber si se dio cumplimiento o no a una recomendación se pretende reformar la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para tener acceso a los expedientes y con esto observar si la indagatoria se encuentra detenida, o si se ejerció la acción penal o bien la averiguación previa fue consignada ante el juez correspondiente. Actualmente la Comisión no tiene esta facultad y aunque la PGJ pueda decir que se hizo alguna cosa u otra, esto no se puede comprobar.
Uno de los ejemplos de la impotencia de la Comisión en la actualidad es precisamente el expediente 81/07, en el que la autoridad de la PGJ informa que el procedimiento aún se encuentra en procedimiento, pues se desahogan todavía diligencias, en un caso de allanamiento de morada y detención arbitraria. La CEDH está imposibilitada para solicitar los expedientes correspondientes para saber si lo anterior tiene un sustento verdadero o no.
Microformatos datos:
Limitaciones.- Cuando las recomendaciones no se aceptan o no son cumplimentadas, la CEDH tiene la obligación de hacerlo público a la sociedad.
Importancia.- Las autoridades como la PGJ han perdido la capacidad de asombro y de crítica. Les importa poco que se hagan públicas sus faltas.
Desprestigio.- El precio que pagan las autoridades policiacas es el continuo desprestigio de sus instituciones; lo mismo pasa con los preventivos.
