Aunque del Distribuidor Vial Revolución sólo han quedado escombros, la obra continúa despertando polémica y tal parece que no dejará de hacerlo durante un largo tiempo, al menos hasta que queden suficientemente deslindadas las responsabilidades por el mega-fraude que significó este complejo vial que se anunció como el más importante en la historia de Torreón.
Una probadita de lo que viene la dio el secretario de la Función Pública del Estado, Ismael Ramos Flores, apenas dos días después de la demolición total del DVR, y en medio del reclamo de parte de un sector de la ciudadanía que exige justicia y castigo a los responsables de la fallida obra. El funcionario informó que la dependencia a su cargo había abierto una investigación contra el ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, porque pese a tener sospechas de que la construcción del complejo vial presentaba errores, permitió que ésta continuara. Cabe recordar que si bien todo el proceso de la obra referida corrió a cargo del Gobierno de Coahuila, en ese entonces encabezado por Enrique Martínez y Martínez, el Ayuntamiento de Torreón contribuyó a ella con la mitad de los recursos económicos, lo cual lo hace parcialmente responsable de la misma.
Lo que llama la atención de la declaración del secretario Ramos Flores es que meses atrás la dependencia que dirige y la Procuraduría de Justicia del Estado, bajo el mando de Jorge Torres Charles, absolvieron de toda responsabilidad administrativa y penal al ex gobernador y al ex secretario de Urbanismo Obras Públicas, Jorge Viesca Martínez. El único ex funcionario al que se le inició un proceso penal fue Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos y Puentes. En lo que se refiere a procedimientos administrativos, sólo dos ex empleados de nivel medio de la Secretaría de Urbanismo, cuyos nombres no han sido revelados por las autoridades, son sujetos de investigación.
Para aclarar un poco el panorama sobre cómo surgió toda esta polémica, hagamos algo de memoria. Cuando el DVR fue inaugurado el 30 de enero de 2004, nadie dudaba de la calidad de la obra; sólo aplausos y elogios se oían alrededor de ella. Pero la fiesta duró nada más una semana. El 8 de enero un tráiler cayó desde uno de los viaductos del complejo, lo cual ocasionó la muerte de una persona. El gremio de los transportistas de carga fue el primero en cuestionar la obra al denunciar, un día después del accidente, que el distribuidor vial no era seguro, La respuesta del entonces secretario de Urbanismo fue tajante: “La obra está bien hecha”. No obstante, el funcionario mandó colocar bordos “logarítmicos” antes de las rampas.
Meses después, el 13 de mayo ocurrió otro accidente, en el cual afortunadamente no hubo pérdidas humanas. A partir de entonces, las dudas en torno a la obra crecieron. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado impulsó un punto de acuerdo para citar a Jorge Viesca a comparecer para que explicara los detalles de la construcción del DVR, y propuso que se realizara una tercería, petición a la que se sumó el Consejo de Vialidad Municipal. Días después, este último organismo acusó a la Administración de Guillermo Anaya de ser “tibia” por no exigirle al Estado una auditoría técnica externa a la obra.
A finales de mayo, el entonces secretario de Urbanismo aceptó que se llevara a cabo la tercería y anunció que se le harían “pruebas” al DVR. De pronto se le empezaron a hacer algunos “trabajos” a las columnas sin que el Gobierno del Estado aclarara lo que estaba sucediendo. Este hecho provocó la molestia de la Coparmex, quien exigió información a la autoridad y que se le entregara la bitácora de la obra. La Dirección de Obras Públicas del Municipio, encabezada entonces por Gerardo Berlanga Gotés —hoy funcionario estatal—, se adhirió a la exigencia del organismo empresarial.
El hermetismo del Gobierno de Coahuila continuó hasta que las constantes críticas lo obligaron a dar una explicación a la sociedad de lo que estaba pasando con el DVR. El 25 de junio, Jorge Viesca, en una reunión con representantes de organismos empresariales, declaró que para “incrementar el factor seguridad” de los viaductos, aumentaría los peraltes en las curvas, mientras se definía lo de la tercería.
El 26 de julio, El Siglo de Torreón publicó un reportaje en el que, con base en documentos de registro, evaluación y revisión de la obra, por una parte se explicaban en qué consistían las fallas de origen en el proceso de construcción y supervisión técnica y por otra, se describían las dos reparaciones que hasta el momento se habían hecho al DVR. El 16 de agosto, El Siglo de Torreón publicó los pormenores de la bitácora de obra, los cuales confirmaban lo que se había señalado en el reportaje anterior.
Un día después de la publicación se dio a conocer que sería el Instituto de Ingeniería de la UNAM quien realizaría la famosa tercería. En septiembre se inició otra reparación, la cual implicaba reforzar las columnas del viaducto con mayores problemas —aquel que no pudo ser demolido totalmente con explosivos—. Pese a todo, Viesca negaba que la obra tuviera errores, postura que endureció cuando en febrero de 2005 se dieron a conocer los resultados de la tercería de la UNAM, los cuales avalaban lo dicho por el Gobierno del Estado: que el DVR estaba bien hecho.
El 24 de febrero, El Siglo de Torreón publicó otro reportaje. En éste se informaba sobre la continua caída de los peraltes y el perfil de riesgo potencial que mantenía la estructura en su conjunto. Como se sabe y pese a las investigaciones periodísticas, el Gobierno de Enrique Martínez no modificó su postura en lo sucesivo, ni siquiera cuando se registró un tercer accidente, el 28 de agosto, en el cual falleció el chofer de un tráiler.
Desde la Administración de Guillermo Anaya, quien sostuvo una postura más crítica hacia las acciones del Estado en el manejo del caso DVR fue sin duda Gerardo Berlanga, el cual incluso llegó a convertirse en un personaje incómodo para el ahora senador, quien en sus años de alcalde siempre se preocupó por mantener una relación cordial con Enrique Martínez. Incluso, el Gobierno Municipal ordenó su propio estudio del DVR al Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, pero se negó a hacerlo público al principio.
Con el cambio de Administración estatal, la terca defensa oficial del DVR, que ya empezaba a convencer a varios, se vino abajo con todo y obra. Hoy, voces que en su momento se suavizaron, piden justicia. El gobernador Humberto Moreira Valdés prometió que castigaría a los culpables y hasta ahora no ha cumplido. Quien a la vista de todos y luego de analizar los hechos descritos, figura como principal responsable, simplemente ha sido exonerado. Y ahora la Secretaría de la Función Pública va contra el ex alcalde Anaya, que si bien pudiera tener algo de responsabilidad, nunca podría compararse con la que tiene el ex secretario Jorge Viesca. Parece que el matiz político-electoral empieza a apoderarse del caso DVR, desgraciadamente. Se demolió el distribuidor vial, pero la polémica sigue en pie.
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