Desde que se decidió en 1995 entregar a administradoras privadas el socialmente sensible sistema de pensiones para la jubilación de los trabajadores, hubo sobradas razones para considerar insuficientes los argumentos a favor de esta medida.
Se arguyó que esta medida evitaría una situación en que el trabajador sólo tuviese acceso a una única fórmula de jubilación propuesta por el Estado. Entregar el sistema de pensiones a operadores profesionales independientes, aseguraría, se dijo, ante todo, limpieza y exactitud en el manejo de los ahorros y, en segundo lugar, la libertad para que cada titular escogiera la opción que mejor le convenciera.
En efecto, se dijo, establecida la competencia de acuerdo a las reglas del libre mercado, cada administradora de fondos para el retiro tendría buen cuidado de ofrecer fórmulas atractivas para que el trabajador, en plena libertad, escogiera la modalidad de inversión de su agrado.
Es precisamente en la complejidad inevitable de las alternativas donde radica el problema que desde entonces se advertía. Revisar con cuidado las propuestas que cada administradora ofrecía, requiere una preparación especial para detectar y comparar en detallado clausulado con sus respectivas tablas, las ventajas relativas de cada una. Los efectos de un desacierto no los advertiría el trabajador sino hasta pasados los años, cuando la fórmula elegida rindiera sus frutos, lo cual sería ya demasiado tarde para corregir cualquier error de elección.
La respuesta oficial fue siempre que las leyes del mercado garantizarían que cada Afore se preocuparía por ofrecer el mejor “producto”, ya que de lo contrario, perdería aceptación en el “mercado” de los trabajadores. En dado caso, el administrador que perdiera popularidad tendría que mejorar su oferta a medida que la competencia así lo obligara. Este argumento encerraba, sin embargo, la realidad de que al trabajador podría convenirle esperar a que mejoraran las ofertas.
Un buen sistema de pensiones equitativo y justo es un derecho fundamental para el trabajador, cuyos ahorros no deben ser mermados más que por un mínimo de gastos de administración. El que el prestador de este servicio lo viese como un negocio bancario y financiero, lo expuso a la inevitable consecuencia de que fuese visto más como un objeto de lucro cobrando jugosas comisiones que como un servicio social.
Los datos que vienen publicándose recientemente revelan que lamentablemente así ha sido y que en los trece años que México tiene de haber adoptado el sistema de las Afores, las utilidades de éstas han aumentado sorprendentemente pese a que ha disminuido el valor bursátil de sus recursos.
Las inquietudes se confirmaron. El hecho de que las Afores inviertan en títulos operados en la Bolsa Mexicana de Valores, ha ocasionado una minusvalía de capital de los fondos para el retiro, no así, las comisiones cobradas de enero hasta noviembre de este año que como lo apuntó El Financiero del 2 de diciembre, han registrado el mejor periodo de su historia.
En dicho lapso, los ingresos acumulados por el cobro de comisiones llegaron a 12 mil 431 millones de pesos. Los recursos que las Afores administran han sufrido pérdidas al estar invertidos en instrumentos cuyo valor depende de las condiciones del mercado, lo que propicia que de cualquier modo, el cobro de comisiones se genere independientemente del beneficio o deterioro de las cuentas. Se cobran comisiones por los montos acumulados que se administran, lo que en casi todas las cuentas son superiores al saldo que se deposita periódicamente al titular de la cuenta.
Las Afores, pues, son un gran negocio y las cifras oficiales denotan que hay más de 39 millones de cuentas repartidas entre las 18 Afores registradas, cada una de las cuales cobra comisiones por el simple hecho de operarlas y darles mantenimiento, independientemente del valor fluctuante de los recursos.
El Estado, sin embargo, tiene la responsabilidad de velar por los ahorros de los trabajadores para que sean la garantía de su retiro. En esta virtud, así como el ISSSTE es el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, ofreciéndoles después de cuidadosos cálculos la mejor opción, igual debe hacerse para los empleados del sector privado.
Óscar Franco López Portillo, director general de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), señaló que las comisiones que cobran las Afores a su libre albedrío, responden “a la competencia y ésta nos seguirá diciendo cuándo, cuánto y en qué ritmo podrán disminuir esos cobros, es decir, el margen y las comisiones”. Estas declaraciones se hicieron como respuesta a las legítimas preocupaciones externadas por el Poder Legislativo.
Procurando mitigar las pérdidas reportadas en los recursos manejados que en lo que va del año son nada menos que 55 mil millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro para el Retiro (Consar), se proponen emitir nuevas disposiciones, a fin de controlar mejor la operación de las Afores.
Es interesante tomar nota que el Gobierno argentino, cuyo sistema de Afores privadas sirvió de modelo para México, acaba de nacionalizarlas.
Coyoacán, diciembre de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
