La pluralidad en el Congreso de la Unión permitió hacer realidad el equilibrio de poderes, elemento fundamental en la democracia, sin embargo, en los últimos meses es la causa de reformas deformes y peligrosas. Las distintas fuerzas políticas enfocan todas sus baterías en los asuntos que les preocupan y descuidan el resto, esto da por resultado frankensteins que conducen más a la involución que a la evolución de la incipiente democracia mexicana.
La primera muestra clara de este tipo de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas en el Congreso fue la aprobación de las reformas tributaria y electoral. En ese caso, la negociación no se dio en una única legislación, sino entre dos: al Ejecutivo le interesaba incrementar su recaudación fiscal y a PRI y PRD renovar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, los elementos del trueque estaban dados y las reformas salieron.
No puede considerarse que fueron las mejores reformas. En el caso de la tributaria, más allá de que apunta en la dirección correcta en cuanto al combate a la elusión, sus mismos promotores señalaron, unos días después de su aprobación, que era un mero paliativo con vigencia muy limitada.
Y, en el de la electoral, el asunto es peor, pues junto al innegable avance en varios ámbitos hay involuciones evidentes en otros. En este caso nuevamente surgieron los intereses focalizados de las fuerzas partidistas: PRI, interesado en disminuir el control ciudadano de la institución y fortalecer al aparato ejecutivo; y PRD, obnubilado todavía por la derrota presidencial de 2006, impulsó una regulación muy restrictiva para la propaganda electoral, de la que a la larga puede resultar el principal perjudicado.
Bajo estas directrices y algunos temas que demandaba la ciudadanía, se construyó el frankenstein electoral que satisface parcialmente los intereses de las fuerzas políticas, pero el tiempo demostrará que en poco beneficia el desarrollo de los procesos electorales en México. Exactamente lo mismo sucedió en la designación del Consejero Presidente y dos Consejeros Electorales del IFE, las tres principales fuerzas políticas acordaron sus cuotas y cada uno colocó a su candidato.
La reforma judicial es otra vez la misma historia: el Ejecutivo sigue obsesionado en el combate armado a la delincuencia organizada, aunque los resultados demuestren, una y otra vez, que por esa única vía se pierden muchas vidas humanas (de narcos, fuerzas de seguridad e inocentes ciudadanos) mientras el negocio sigue boyante y los estragos se extienden; y el PRI (o al menos, algunos legisladores priistas) se comprometieron con los juicios orales, los cuatro estados que hoy avanzan en esa dirección están gobernados por priistas (Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Nuevo León). En esta ocasión, como en el caso de las reformas a las pensiones (IMSS e ISSSTE), el PRD está fuera de la jugada y, por lo mismo, intenta promover un debate más a fondo.
Cada fuerza política se responsabiliza de su parte y, en este caso, las propuestas tricolores incluyen los juicios orales, la defensoría pública de calidad y demás garantías que se incorporan para el procesamiento de los delincuentes comunes. Y el Ejecutivo propone constitucionalizar la definición de delincuencia organizada y el arraigo, flexibilizar el ejercicio de la acción penal, el acceso a información reservada e independizar a las policías (afortunadamente en el último momento estuvieron dispuestos a eliminar el párrafo que permitía el ingreso policíaco a los domicilios sin necesidad de orden judicial) ; en pocas palabras, como han dicho diversos especialistas empodera a las policías y debilita a los ciudadanos.
Sin duda hay varios aspectos preocupantes que ya han sido señalados por especialistas en los temas de seguridad y/o justicia penal, pero hay uno que todavía merece más énfasis, pues puede permitir todo tipo de atropellos, la definición constitucional de delincuencia organizada: “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la materia”. Y es que esta definición permite incluir en el cajón de la delincuencia organizada (contra la que sí vale solicitar el arraigo hasta por ochenta días, tener acceso a todo tipo de información –incluso la de carácter reservado o confidencial—, restringir la comunicación de los inculpados, imponer medidas de vigilancia especial y la prisión preventiva, entre otras medidas excepcionales contempladas en la reforma constitucional) todo tipo de actividades, incluso las luchas sociales, que es precisamente la preocupación de algunas organizaciones de la sociedad civil.
El problema en este caso (igual que en la reforma electoral) es que en la misma Constitución se establecen definiciones y autorizaciones, que posteriormente será muy difícil modificar, que permiten legalizar y perpetuar los abusos.
La reforma entraña algunos evidentes retrocesos y dará lugar a múltiples violaciones a los derechos humanos, pero como ésa era la única forma de obtener la mayoría calificada para sacar adelante la reforma constitucional, los legisladores estuvieron dispuestos a cerrar los ojos para sacar adelante los puntos que les interesaban, el trueque opera sin derecho a veto: tú apruebas lo mío y yo lo tuyo, pero tiene que ser tal cual, sin modificaciones.
Así surge este frankenstein judicial que, más temprano que tarde, se revertirá contra los ciudadanos y que muy difícilmente contribuirá a combatir el crimen organizado, pues muchas de estas herramientas ya se utilizan desde 1996, pues están contempladas en una legislación secundaria, y la inseguridad crece día a día.
