El Presidente Felipe Calderón ha mostrado más decisión que Vicente Fox en lo que toca a los esfuerzos para reducir la ola de criminalidad y violencia que agobia a nuestro país. Me llama la atención, sin embargo, que espere muchos cumplidos por el hecho de hacer, finalmente, su trabajo.
El realismo obliga, además, a ser cauteloso y reconocer que dicha tarea requiere de muchos años que seguramente trascenderán a esta administración, principalmente porque el crimen es un problema muy difícil de erradicar.
No obstante, la batalla contra el crimen es, quizá, el mejor atino de Calderón, porque no puedo decir lo mismo de sus reformas en el terreno económico, que dejan mucho que desear.
El Presidente festina sus reformas consensuadas con el Congreso, en particular la fiscal del 2007 y, más recientemente, la energética. La aprobación de ambas se acompañó de declaraciones triunfalistas, como si en realidad fueran cambios que contribuirán de manera significativa a mejorar el crecimiento económico del país.
Lo cierto es que no hay motivo para depositar nuestra confianza en ellas. El tiempo probará que son inocuas y hasta tóxicas. Carecen del alcance y profundidad necesarios para lograr los objetivos para las que se aprobaron, y bien pueden ser contraproducentes para el desempeño económico de México.
No nos confundamos. Cualquier reforma, no es una buena reforma. El problema con las reformas “ligeras”, diluidas para lograr consenso y que se presumen como grandes logros de esta administración, es que sólo son maravillosas en las mentes soñadoras de sus promotores.
Vender esas reformas como una panacea que nos sacará de la mediocridad económica es, además, una actitud muy irresponsable. Cuando sus resultados no sean los esperados por la población, y algunos sean hasta contraproducentes, se desprestigiarán, una vez más, las reformas estructurales, porque este gobierno, como el anterior, también nos está dando gato por liebre.
El resultado pobre de las reformas no cambiará por más que el Gobierno Federal, el Congreso y los partidos políticos, saturen los medios de comunicación con mensajes triunfalistas para promover su imagen y encandilar a los ciudadanos con logros supuestamente extraordinarios.
Veamos, como ejemplo, la reforma más tóxica de este gobierno. Me refiero al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). En diversas oportunidades he señalado que es un mal impuesto, que introduce severas distorsiones en la economía. La crisis actual hará muy evidentes algunas de las más onerosas.
Primero, el IETU tiene un problema de mecánica en relación con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), complicando la situación de empresas que facturan en diciembre y cobran en enero del año siguiente.
La Ley las obliga a pagar el ISR en diciembre, pero no así el IETU, que se paga cuando se reciben los ingresos. De esta manera la empresa tiene que buscar, y no siempre encuentra, mecanismos para evitar ser víctima de esta injusticia tributaria que la obliga a pagar un doble impuesto.
Bueno fuera, sin embargo, que lo malo del IETU se limitara a un problema de temporalidad de ingresos y pago de impuestos, pero no es así. Este impuesto es, además, una píldora venenosa para el flujo de efectivo de las empresas que pierden dinero y, peor aún, para las que quiebran.
Esa, sin embargo, no es la postura oficial. El IETU, según Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es un gravamen que beneficia a las empresas en época de crisis, ya que “reconoce el flujo de las empresas y cuando hay menor flujo hay menor impuesto que pagar”.
Este funcionario pasa por alto varios detalles importantes del ciclo económico en una época de crisis. Por un lado, es cierto que las ventas caen, y con ellas los ingresos, pero las compras caen más rápido, dado que las empresas reducen considerablemente el nivel de sus inventarios. Habrá casos, por tanto, donde el flujo neto de efectivo no se reduzca y se pague más IETU.
Esto será particularmente grave para las empresas con deudas importantes y que registren pérdidas, ya que no tendrían que pagar ISR pero sí el IETU. Pensemos, por ejemplo, en todas las empresas que tuvieron pérdidas de derivados este año y necesitan flujo de efectivo para hacer frente a sus compromisos financieros.
Las pérdidas podrán aplicarse contra el ISR en 2009, pero no así contra el IETU, que se convertirá en un obstáculo considerable para que las empresas puedan superar sus dificultades financieras y cumplir con sus acreedores.
El colmo, sin embargo, es lo que el IETU hace con las empresas que quiebran. Los inversionistas arriesgaron su capital, emplearon gente y fincaron grandes esperanzas en su negocio.
Lamentablemente, por uno u otro motivo, no tuvieron éxito. Deciden cerrar la empresa, lo que implica liquidar su inventario y otros activos para recuperar algo de lo invertido originalmente.
Esta empresa no tiene que pagar ISR, puesto que no generó utilidades, pero la perversidad del IETU llega a su clímax en este caso, donde el fisco se ensaña sobre el árbol caído.
En efecto, el proceso de liquidación del negocio sólo generará ingresos, no habrá compra alguna. No hay, por tanto, utilidades, simplemente se trata de rescatar lo que se puede. Pero el fisco penaliza a los perdedores obligándolos a pagar el IETU.
La letanía de distorsiones del IETU no termina ahí, pero los ejemplos anteriores son suficientes para demostrar su toxicidad económica, en particular en época de crisis. Es lamentable, por tanto, que Calderón sea lo suficientemente terco para no reconocerlo.
