La reforma energética que envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso es, desde mi punto de vista, una decepción. No sólo porque no aborda los temas torales en lo referente al petróleo, sino también porque deja a un lado la generación de electricidad y el papel de los gremios sindicales en las empresas públicas del sector.
Hay quienes dicen que la propuesta del Ejecutivo es realista y positiva, en vista de que planteó lo que consideró políticamente viable, de manera que ello facilitara su aprobación en el Congreso y encontrara una menor resistencia del público. Sin embargo, lo políticamente viable ha probado en innumerables ocasiones que no tiene relación con lo que se necesita, en la práctica, para lograr una verdadera transformación estructural de nuestra economía. Ello se aplica también a los tímidos cambios propuestos por el Presidente para la industria petrolera del país.
El gobierno, en un afán por apaciguar a los opositores tradicionales de cualquier reforma, acabó haciéndoles el juego al avalar y perpetuar el mito que trata como sinónimos al monopolio público del petróleo y la Soberanía Nacional.
Este mito, es cierto, es muy difícil de erradicar, pero no por ello deja de ser una de las principales razones de nuestro subdesarrollo económico. Llevado al extremo y dado el carácter de recurso no renovable del petróleo, uno puede concluir que el día que se agote, perderemos también nuestra soberanía. Esto es un sinsentido, pero es el corolario obligado del mito que la vincula con el monopolio público de la energía.
Hay muchos países donde los particulares participan en la producción de petróleo, así como otros donde el Estado interviene parcialmente en ella; pero ninguno considera vulnerada en lo más mínimo su soberanía, o la equipara con el monopolio público del petróleo.
Otras naciones ni siquiera son productoras de crudo, como es el caso de Japón y Corea del Sur, y ello no impidió que tengan un nivel de desarrollo muy superior al nuestro.
No obstante, lo políticamente viable era dejar sin cambio la Constitución, como lo subraya la propuesta al señalar que dejo intocable el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas al petróleo y los hidrocarburos. Se trata, a fin de cuentas, como en la novela el Gatopardo, “Algo debe cambiar para que todo siga igual”.
¿En que consiste entonces la reforma? La reforma energética consiste de 5 iniciativas de ley que persiguen tres objetivos principales:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo de PEMEX;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión
Los documentos que envió el Ejecutivo están llenos de alabanzas a PEMEX, que casi le asignan cualidades milagrosas. “La paraestatal (nos dice) es propiedad de todos los Mexicanos…... (y)… digna depositaria de la confianza ciudadana en el aprovechamiento del petróleo”.
La verdad incómoda es que PEMEX ni es propiedad de todos los mexicanos ni ha hecho a lo largo de su historia un buen aprovechamiento del petróleo. Ha sido, eso sí, un buen botín para políticos y trabajadores de la empresa.
Considero, por tanto, que los cambios de régimen, los consejeros independientes, así como los mecanismos de control y supervisión harán muy poco para cambiar esta situación o minar el control que tiene el Sindicato sobre la empresa.
Una empresa ineficiente y poco rentable como PEMEX, rehén de su sindicato y caja grande del gobierno, quizá mejore algo en su operación con las reformas propuestas, pero no son la solución a la problemática energética de nuestro país.
Me temo que tampoco lo son los dos cambios positivos que, tímida y modestamente, permiten la inversión privada, aunque muchos quisieran verlos como el primer paso hacia transformaciones más trascendentes, pero que muy probablemente serán el final de la historia, por lo menos en esta generación.
Me refiero, en primer lugar, a la posibilidad de que Pemex contrate servicios con empresas particulares para la exploración en aguas profundas, así como un esquema de maquila de gasolina en refinerías privadas en el país.
Es probable, sin embargo, que aún estas propuestas, que está todavía por verse si se aprueban tal cual en el Congreso, no encuentren eco en las compañías petroleras internacionales que cuentan con la tecnología y los recursos para hacerlas realidad.
México, lamentablemente para nosotros, no es la única opción de inversión petrolera en el mundo, por lo que los candados y condiciones que se ve obligado a imponer el gobierno para lograr la aprobación de su reforma harán que esta, aún cuando se convierta en ley, corra la misma suerte que los Contratos de Servicios Múltiples, que con tanto bombo y platillo se aplicaron durante la administración de Vicente Fox para producir gas natural y que fueron, en palabras llanas, un rotundo fracaso. El otro cambio positivo se refiere a la modificación de la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para abrir a la inversión privada la ampliación de la red de ductos y en general del sistema de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos, pero todavía están por verse las condiciones y candados que se establecerán para ello.
¿Cuáles son entonces los alcances de la propuesta de reforma energética? Considero que muy pocos, y los que tiene, seguramente acabarán siendo diluidos en el Congreso, por lo que el resultado final será, otra vez, una reforma que se venderá como un gran logro de la administración, pero que en la práctica será incapaz de hacer realidad las expectativas que crea.
