El margen para darle salida a la crisis política y debatir, en serio, el fondo de la reforma petrolera se estrecha. Hay, como quiera, todavía una rendija. Es menester ver si por ahí se puede remontar el problema.
No intentarlo acarreará serias consecuencias y responsabilidades al dirigente Andrés Manuel López Obrador como al presidente Felipe Calderón. Más allá del importantísimo bien nacional en juego –tal cual es el petróleo–, también está en juego el destino del Gobierno como el de la izquierda. Ambas instancias, aunque parezca absurdo, se necesitan y comparten curiosamente una enorme fragilidad.
Cualquier error, cualquier exceso en esta coyuntura podría colapsar la estabilidad social y política. La temperatura de la polarización va para arriba de nuevo, la gente trae otra vez el cuchillo entre los dientes. Indiferencia e intolerancia mezcladas con dosis de autoritarismo de un lado y del otro sólo aseguran un mayor desencuentro, cuyo cascajo el priismo aprecia como fierro viejo para la venta.
Presidir un país dividido o dirigir un movimiento a la nada no tiene mérito. Si no se aprovecha esa rendija, Calderón y López Obrador deben considerar si podrán mostrar las manos sin manchas de sangre cuando esto termine.
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Si se mira desapasionadamente la postura gobiernista, la izquierdista e incluso la priista ante la reforma petrolera, la distancia no es tan grande como pretenden hacerlo creer.
En plataformas electorales 2006, registradas por esas tres fuerzas políticas, cuando menos hay coincidencias en dar autonomía administrativa y financiera a Petróleos Mexicanos, replantear su esquema fiscal, elaborar una política de precios competitivos, aumentar la inversión en exploración y explotación. Hay matices de por medio pero, sin duda, hay materia para entrar a negociar.
El punto coincidente –vale repetir, coincidente– más interesante es el relativo al de la participación del capital privado en la industria petrolera. Hay documentos de los tres partidos donde ésta se plantea o al menos no se descarta. Aunque, claro, también hay documentos que la niegan o matizan su grado.
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Aun cuando hoy la consigna lopezobradorista es corear “no a la privatización de Pemex”, Andrés Manuel López Obrador no la descarta del todo.
En Un proyecto alternativo de nación, publicado por el tabasqueño en editorial Grijalbo, el aguerrido dirigente plantea el asunto. En la página 42 de ese libro, escribe: “Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales”.
Lo que hoy el dirigente opositor niega a voz en cuello, lo suscribía como candidato a la Presidencia.
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En el caso del PAN, la apertura del sector petrolero a la inversión privada en el rubro de la explotación y la exploración es mucho más acotada en la plataforma electoral que en la iniciativa de reforma planteada por el presidente de la República.
En la plataforma (numeral 277) se consideran “alianzas estratégicas” en ese renglón, pero sólo en aguas profundas, yacimientos compartidos y campos marginales, en la iniciativa el matiz desapareció por completo.
Lo que el candidato planteaba de una manera matizada, lo radicalizó como el presidente de la República aunque, curiosamente, hoy el capital privado considera “light” la iniciativa presentada.
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En el caso del PRI, la dirigente del partido, Beatriz Paredes, puso por encima de la plataforma electoral a la declaración de principios. La plataforma tricolor expresa, en el numeral 241, “promover alianzas estratégicas para acceder a las tecnologías y el financiamiento para la explotación de nuevos yacimientos petrolíferos y de gas en aguas profundas”.
Ahora, sin embargo, la lideresa prefiere echar mano (el pasado 5 de abril, en Veracruz) de la Declaración de Principios para clamar: “El PRI… se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.
Y, curiosamente, el rechazo tricolor a la posibilidad de maquilar crudo en refinerías privadas o asociadas es, precisamente, lo que puso en práctica en la refinería de Deer Park, donde Pemex se asoció con Shell. Francisco Rojas, hoy uno de los voceros priistas frente a la reforma petrolera, impulsó como director de Pemex aquel proyecto. El dirigente político rechaza hoy lo que hizo como funcionario.
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Recordar que las tres principales fuerzas políticas, de un modo o de otro, han considerando la participación del sector privado en la industria petrolera no tiene por objeto exhibir sus contradicciones. Sí subrayar su coincidencia o, al menos, destacar cómo, en algún momento, la han considerado.
Lo importante de este hecho, incluso al margen de la decisión final que se tome en torno a la participación del capital privado en Petróleos Mexicanos, es que la negociación de la reforma tiene piso y cimientos. Los cimientos son la plena coincidencia en el ámbito de la autonomía y la gestión administrativa y financiera de Pemex; el piso es la consideración de contemplar la participación del capital privado. Hay, pues, materia para hablar, debatir y acordar.
Desde luego, el juego del radicalismo y la propaganda oculta esas coincidencias y subraya las diferencias, pero documentalmente está claro que el Gobierno y las oposiciones tienen al menos un piso para dialogar y convocar a un debate sobre la industria petrolera para, entonces, construir acuerdos.
Las tres fuerzas políticas reconocen, no pueden negarlo, la urgente necesidad de reformar la industria petrolera y lo peor que podría ocurrir es que Pemex se quedara como está.
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Desconocer y desaprovechar esa rendija para acicatear la polarización no tiene ningún sentido.
La izquierda vive una de sus peores crisis, de ella se tendrá noticia hoy en el Consejo Nacional del PRD. Una crisis que amenaza con la ruptura interna y condena a una muy buena porción de la ciudadanía a perder un instrumento valioso para participar. Si Andrés Manuel López Obrador quiere hacer política tiene que ajustarse a las reglas de ésta y participar respetuosamente en la reconstrucción de ese partido. Pueden o no satisfacerlo las instituciones, pero no puede prescindir de ellas, si de hacer política se trata.
La fragilidad del Gobierno está llevando al presidente Felipe Calderón a asociarse con la peor parte del régimen político y, de a poco, ese sindicalismo corporativo donde encuentra refugio ante al embate de factores y actores políticos y económicos, formales e informales, lo encorseta de más en más. Apoyar la reforma de Pemex en el sindicato de esa industria es un contrasentido, como también lo es apoyar la reforma educativa en el sindicato magisterial. Imponer sin debatir ni acordar la reforma petrolera agravará su fragilidad y colocará al país ante las puertas de la inestabilidad.
El priismo tiene que revisar qué rol quiere jugar. Reconoce con audacia su rol de bisagra, pero confunde los límites del mecanismo. Una cosa es reposicionarse en la escena jugando ese rol; otra, emplear ese mecanismo como instrumento de chantaje.
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Hay, pues, una rendija. Ojalá sepan aprovecharla.
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