Con la parsimonia inherente a los procedimientos judiciales, y en un zigzagueo fatigoso avanzan y retroceden los esfuerzos ciudadanos por conseguir acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. Se ha producido una suerte de empate entre los solicitantes de tal acceso, derrotados judicialmente en los tribunales federales y la autoridad electoral que rehusó satisfacer esos pedidos, pero está obligada a preservar esa documentación hasta que se diga la última palabra en los litigios suscitados al respecto. Ante el comienzo del proceso electoral del año próximo, el IFE dispuso la concentración de la paquetería de marras en 32 bodegas correspondientes a cada una de las entidades de la Federación. La semana pasada se dio un paso adelante en el procedimiento que Rafael Rodríguez Castañeda, director del semanario Proceso, consiguió abrir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue recibido por el pleno de la Comisión, ante cuyos miembros demandó que se mantengan las medidas cautelares dictadas por ese organismo interamericano, que impiden la destrucción de las boletas, que el IFE pudo haber ordenado al finalizar de modo formal el proceso de 2006, que concluyó con la calificación de los comicios y la declaratoria de presidente electo, realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No está de más recordar, ante la mención de ese órgano jurisdiccional, que la legalidad de sus decisiones al respecto quedó en severo entredicho tras la publicación del libro Hablan las urnas, de José Antonio Crespo, en que prueba las insuficiencias y deficiencias del trabajo de los magistrados y sus repercusiones en la situación política postelectoral, caracterizada hasta el día de hoy por una fuerte polarización contraria a la necesaria convivencia pacífica de los mexicanos. Proceso solicitó acceso a las boletas el 28 de julio de aquel año crucial, petición que fue denegada por el Instituto Federal Electoral en diversas instancias. Para enfrentar la negativa, el semanario demandó amparo de la justicia federal, que le fue rehusado con el argumento de que en materia electoral ese juicio de garantías es improcedente.
