Felipe Calderón fue uno de los operadores políticos de Vicente Fox, para intentar sacar adelante la anhelada reforma energética; primero, como coordinador de los diputados panistas y, posteriormente, como secretario de Energía, por lo mismo, conoce directamente la dimensión de los obstáculos que enfrenta esta reforma y, contrario a lo que hizo Vicente Fox, la colocó en un segundo lugar dentro de las prioridades de sus reformas estructurales.
Sin embargo, contrario a lo que sucedió con las reformas fiscal y judicial, en las que Calderón mostró habilidad negociadora y visión estratégica para sacarlas adelante, ésta parece ser su Waterloo.
En la primera, desde el inicio colocó sus cartas sobre la mesa y estableció los márgenes en los que estaba dispuesto a negociar. Obviamente, la Oposición aprovechó el momento para hacer avanzar la reforma electoral y, en ese sentido, se mezcló la discusión de dos temas muy diferentes, pero al final dejaron suficientemente satisfechos a todos los actores políticos. En el caso de la reforma judicial, el Gobierno colocó sus puntos y permitió que los otros actores, particularmente el PRI, colocaran los suyos.
En los tres casos las discusiones tuvieron bases firmes y conocidas por todos y la experiencia de los interlocutores en los temas era innegable. Pero en esta ocasión se discute sin ninguna propuesta clara sobre la mesa; de antemano se descalifica a los negociadores; y las campañas mediáticas y los mensajes espectaculares se anticiparon a las propuestas concretas.
La politización y polarización propia de todos los temas polémicos es característica de las democracias, en ese sentido es natural la expresión de las manifiestas contradicciones entre las diferentes fuerzas políticas, particularmente entre los blanquiazules y Andrés Manuel López Obrador.
El riesgo es que no se conocen las propuestas concretas; no se conocen los detalles de las distintas posiciones y lo peor que puede suceder en una democracia es que el debate público sirva de cortina de humo para construir tras bambalinas un acuerdo en lo oscurito, que aparezca intempestivamente como el conejo de la chistera del mago y se vote aceleradamente sin mayor discusión.
Y, hoy efectivamente, el debate público se desarrolla en los márgenes. El Gobierno no presenta claramente su propuesta y antes de hacerlo recurre a un spot, del que primero negó su autoría, que simplemente apela a las emociones de la ciudadanía. Del lado perredista, ya se conocen dos propuestas: la de AMLO y la de Cuauhtémoc Cárdenas, pero en lugar de presentarlas como eje de su argumentación, recurre a los enredos de Mouriño para mermar la capacidad negociadora del Gobierno. Y los líderes priistas prefieren velar armas y esperar el momento propicio para aparecer en escena.
Más allá de la discusión jurídica, las evidencias en contra del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, lo condenan. Él ya aceptó públicamente que efectivamente firmó esos contratos, como apoderado legal de la empresa privada, mientras fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados o coordinador de asesores del secretario de Energía, lo cual implica necesariamente conflicto de intereses y, eventualmente, tráfico de influencias, pues al margen de que él no intervenía directamente en la toma de decisiones de la contratación de la empresa, es claro que era un funcionario público que tenía una posición importante, precisamente en ese ámbito.
Y la información que afloró en la semana sobre la campaña de Pemex y los enredos de Mouriño le echan más leña al fuego. En el caso de la propaganda de la paraestatal trascendió que no sólo contrata spots sino que le paga a conductores y protagonistas de series populares para que repitan los diálogos del spot y les permitan posicionarlo en la opinión pública; así impulsan una práctica que debe desaparecer de los medios mexicanos y que es impensable en las democracias consolidadas: publicidad encubierta.
Mientras tanto, Mouriño puso a disposición de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de las Cámaras su expediente, lo cual es simplemente un acto mediático, pues toda esa información ya era conocida. Y finalmente, el jueves los diputados integraron una comisión sin la participación del Partido de la Revolución Democrática, que fue precisamente quien la promovió.
Y aunque todo indica que Calderón colocó a Mouriño en Gobernación, precisamente porque lo consideraba un conocedor de la materia y un buen negociador, es evidente que su posición se debilitó por el gravísimo error de estar en los dos lados de la mesa: como funcionario público y como empresario. Hoy la mejor decisión es prescindir de sus servicios, pues al menos en este tema, Mouriño es parte del conflicto y no de la solución y su presencia, automáticamente, desvía el debate de lo sustancial y central a lo adjetivo.
Suficientes obstáculos enfrenta la impostergable reforma energética (pues sí en algo coinciden todas las fuerzas políticas es en la urgencia de modificar las actuales circunstancias para poder sacar provecho de nuestra abundante reserva petrolera) para además cargarle la insensatez del novel secretario de Gobernación. Ya se han tirado muchos miles de millones de pesos al gasto corriente de las distintas instancias de Gobierno, durante estos años de un alto precio del petróleo, para seguir perdiendo más tiempo por los interminables errores de la clase política mexicana. Urge una nueva política energética y ésta necesariamente pasa por una reforma legislativa.
