La grave crisis de seguridad que vive el país coincide con la trascendental coyuntura de decisiones acerca de la reforma de Pemex. En ambos casos el PRI hace gala de doblez y una fracción del PRD amenaza con desestabilizar el país.
Todos sabemos que las constantes oleadas de muertes y secuestros que están arrasando a prácticamente todos los Estados de la República, asesinando por igual a policías, funcionarios, agentes judiciales, ediles municipales, o simplemente a inocentes ciudadanos, son el lógico resultado de décadas enteras de administraciones priistas en los tres órdenes de Gobierno que toleraron y solaparon y frecuentemente, en harto conocidos contubernios, se coludieron con el oscuro inframundo de la narco-producción y tráfico. Hoy en día, como natural secuela, muchos macabros ajusticiamientos y cobros de cuentas que brotan en las primeras planas de los diarios se escenifican en entidades gobernadas por el PRI y sufren la herencia del antes invencible “institucional”.
Para forjar una alianza con la agraviada sociedad mexicana y juntos combatir los ejes de la violencia, el Consejo Nacional de Seguridad, reunió la semana pasada, en Sesión Extraordinaria, a los tres poderes federales, los gobernadores, autoridades correspondientes y organizaciones ciudadanas. Ahí se firmó y se echó a andar un Programa, con metas y fechas precisas de cumplimento.
Muchos gobernadores priistas ahí presentes, algunos cuyos turbios antecedentes precisamente en el tema del día, hacían que la opinión pública no se explicara que tuviesen la cara para estampar su firma en el Programa, se sintieron aludidos por las estremecedoras palabras de Alejandro Martí, padre de una de las más recientes víctimas de secuestro, que conminó a todas las autoridades a renunciar si no eran capaces de poner remedio al clima de inseguridad que se ha adueñado del país. Su incómodo reclamo fue considerado estridente, pasional y desmedido por algunos funcionarios priístas que buscaron cómo deslindarse del tema y señalar culpas en otros.
Desde el primer día de su Administración el presidente Calderón ha abierto una guerra sin cuartel al crimen organizado. Como posición de partido, los priistas al parejo de los perredistas, han cuestionado la estrategia, ora manifestando su desaprobación, desacreditándola por insuficiente o débil, ora por el contrario, poniendo en duda el acierto de involucrar a las Fuerzas Armadas, cuyos recursos y disciplina militares hacen que sean la única institución capaz de poner en jaque mate a la enquistada red de corrupción que poco le falta para adueñarse de todos los espacios y niveles de la sociedad nacional.
Hay al menos dos factores pesan en el PRI. Con algunos miembros de conocidas familias “revolucionarias” en algunos estados de la República, persisten nexos inconfesables con las mafias. Otras viejas vinculaciones se mantienen o se renuevan. No es fácil que el añejo partido se comprometa sin reservas a identificarse con la acción oficial contra el narco. Además de esto, las revelaciones y obligadas depuraciones de una acción definida afectarían, de manera imprevisible, el muy publicitado empeño del PRI por recuperar su poder perdido el año entrante y en 2012. El riesgo es fuerte. Permitir, sin embargo, que el Gobierno panista gane puntos en popularidad, aunque fuese unos cuantos, en la campaña anti-narco, cuesta pues, por los dos costados. El tema es campo minado. El respaldo del PRI al Plan de Seguridad no podía ser sino reticente. Sin embargo, las declaraciones de los priistas, más que apoyar, cuestionan las estrategias de la guerra contra el narco y ponen en duda el que valga la pena pagar el alto precio en sangre que ella inevitablemente implica. Buscando en otros culpabilidades propias, eluden comprometerse con la nación y su futuro.
Tomando todo lo anterior en cuenta, queda claro que sólo con un compromiso total como el que plantea el Gobierno podemos capturar a los secuestradores que amagan a la sociedad y extirpar de nuestro país la narco-corrupción que se ha adueñado de nuestra comunidad.
Es clara la similitud con el asunto de la reforma de petrolera. El PRI desacredita la iniciativa presidencial tachándola de incompleta, ligera, o de “light”, usando el nuevo argot nacionalista. Afortunadamente, desde su presentación, la iniciativa presentada al Congreso por el Gobierno tuvo por destino ser condensada con ingredientes aportados por otras fuerzas parlamentarias. Ya el PRD anuncia con la presentación de su propia propuesta que está listo al debate. Si en octubre, como lo promete el PRD, hay reforma aprobada, el propósito de Calderón se habrá cumplido. No como postura unilateral, que jamás fue la intención, sino por negociación y consenso de las fuerzas legítimas que representan al pueblo. Esta es la acción de la democracia plural que respalda al liderazgo panista.
Coyoacán, agosto de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
