Los ecos del ataque realizado por el Ejército colombiano a una base de las FARC en territorio ecuatoriano siguen teniendo reverberaciones. Algunas, bastante esperables. Pero otras, realmente desconcertantes.
Por un lado, un grupo internacional de peritos computacionales de Interpol concluyó que las computadoras, unidades de memoria y discos duros, que el Ejército de Colombia se llevó del campamento rebelde después de la incursión, no habían sido alterados. O sea, que la información que se halla en esos aparatos electrónicos es verdadera. Interpol, sabiamente, se guardó mucho de comentar sobre el contenido de esos datos.
Esa información es tremendamente sensible: en ella se detallan algunos de los apoyos que las FARC han recibido de los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Para acabar pronto, los datos guardados en esas máquinas le pillan los dedos en la puerta al tirano tropical Hugo Chávez. Lo que era simple sospecha, ahora está comprobado: el Mico Mandante venezolano ha enviado dinero y bastimentos a las FARC desde hace ya buen rato. Por algo hizo tanto escándalo a raíz de un asunto que, sin estas revelaciones, en apariencia ni le iba ni le venía: quería tender una cortina de humo para que no salieran a la luz sus relaciones peligrosas con un grupo terrorista que opera en un país con el que, muy apenas, mantiene relaciones.
Como era de esperarse, Chávez se burló de las conclusiones de Interpol, llamando “payasos” a los integrantes de la comisión investigadora, y tildando de “gran actor” al director de la agencia policiaca internacional.
La cuestión es quién goza de más credibilidad: el gobernante narcisista-leninista que a diario se mete en líos por su gran boca; o un panel de expertos neutrales, que no tienen agenda qué defender.
Por otro lado, la saga de la “estudiante” mexicana herida en el ataque del 1º de marzo dio un vuelco inesperado: luego de recuperarse en un hospital militar ecuatoriano, donde se contradijo hasta el cansancio al explicar qué rayos hacía en un campamento de las FARC, Lucía Morett dejó ese país para establecerse en Nicaragua. Hasta allá llegó una petición de extradición por parte de ¡Ecuador!, país que ahora resulta la quiere procesar por terrorista.
Como era de esperarse, el Gobierno de Daniel Ortega se negó a entregar a quien Ecuador había dejado salir muy campante. Y la pregunta es: si los ecuatorianos sabían qué había hecho Morett, ¿por qué la dejaron ir? ¿O es que han descubierto algo más sobre sus actividades durante su estancia en ese país? ¿Consideran las autoridades ecuatorianas que el video en que se ve a Lucía recibiendo entrenamiento militar de las FARC es evidencia suficiente como para cambiar su opinión sobre ella? Muchas preguntas, pocas respuestas. A ver qué curso sigue este extraño caso.
