Por Carlos Loret de Mola A.
No entiendo por qué Felipe Calderón inició con una mentira su argumentación para convencer de su reforma energética.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “privatizar” significa “transferir una empresa o actividad pública al sector privado”.
La iniciativa del presidente no transfiere ninguna empresa pública al sector privado, pues no sugiere vender “ni un tornillo” que figure entre los activos de Pemex. Pero sí transfiere actividades públicas al sector privado: refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos son hasta ahora actividades reservadas al Estado y la propuesta que envió al Congreso pretende que en adelante las lleve a cabo “también” el sector privado.
Por tanto, la propuesta del primer mandatario implica una privatización parcial. Más o menos lo que quería López Obrador cuando se sentía cerca de la Silla –porque así se lo cantaban las encuestas– y escribió en su libro “Un proyecto alternativo de nación” (Grijalbo; 2004):
“El petróleo debe seguir siendo un buen negocio en beneficio de los mexicanos, claro está que bien administrado y explotado con racionalidad. Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético”.
¿Qué realmente piensa López Obrador que se tiene que hacer con Pemex? Imposible saberlo al comparar su férrea negativa desde 2007 para hacer lo que él mismo planteaba en 2004.
La memoria petrolera también es ingrata con el michoacano de Los Pinos: en 1999, el entonces presidente Zedillo cabildeó una iniciativa energética de mucho menos apertura al capital privado que la del actual gobernante. Fracasó porque no logró convencer al PAN. El dirigente nacional del PAN era Felipe Calderón Hinojosa.
¿Qué realmente piensa el presidente Calderón que se tiene que hacer con Pemex? Imposible saberlo al comparar su negativa de 1999 para hacer lo que él mismo plantea en 2008.
La danza de las hipocresías la completa el PRI, que quiere aparecer como defensor del pueblo ante los privatizadores, cuando sus gobiernos permitieron a consorcios privados hacer negocios en petroquímica, minas, luz y gas, tras haber vendido en el sexenio de Salinas casi todas las empresas paraestatales.
Por cierto, el regente-canciller y el secretario de Educación de ese sexenio salinista privatizador fungen ahora como organizador uno y promotor otro de la consulta del PRD para defender los bienes nacionales: Camacho Solís y Bartlett. Sin contar que Ebrard, el financiador de la idea, también cobró en esa Administración federal.
