No estamos de acuerdo con aquellos comentaristas que consistentemente vienen descalificando los avances que se registran en las cámaras legislativas en el proceso de la reforma energética y de la reestructuración de Pemex.
Algunos acusan a la reforma que va emergiendo de “ligera”, que no va suficientemente al fondo de los problemas que desde 1938 han acosado a la industria más importante y significativa del país. Otros dicen que los acuerdos que tan arduamente han esculpido las tres principales fuerzas parlamentarias son inocuos, por su misma condición consensual, argumento verdaderamente sorprendente y que en la práctica serán ineficaces. Es más, afirman, dejan puertas abiertas a perniciosas interpretaciones posteriores.
El que los líderes del PAN, PRI y PRD hayan declarado en vísperas de las votaciones en el Senado de la República que se encontraban satisfechos de su trabajo no es, para los mencionados comentaristas de prensa y medios electrónicos, un triunfo de la conciliación y el esfuerzo de negociación cuya falta deploraban por impedir que México avanzara en asuntos de mediano y largo plazo.
Estos analistas van aún más lejos y señalan que la negociación y la convergencia de intereses políticos en puntos vitales para el progreso económico del país y que faltaba en el trabajo legislativo, y que por fin se ha dado, es ahora, dicen, un paso atrás y hasta una derrota.
Las incongruencias están, pues, al orden del día. Las desaprobaciones de lo que es uno de los avances más trascendentales que se han dado en la historia moderna de nuestra vida nacional coinciden con la de Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda fundamentalista.
El miércoles 22 por la tarde, AMLO se plantó en plena contra-corriente a la opinión de los asesores, intelectuales, académicos, exsindicalistas y expertos que él mismo había nombrado para conformar un comité de evaluación de los textos finales de las reformas petroleras. Tras examinarlos y estudiarlos, declararon formal y públicamente que no contenían indicios de la “privatización” con la que fantasiosamente López Obrador estigmatizaba las propuestas del Gobierno y las de los partidos políticos. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del PRD, expresó ante los medios de difusión su asentimiento a los documentos aprobados en Comisiones Unidas y dijo sostener su opinión frente a los que se obstinaban en oponerse a su aprobación.
Y es que poco a poco se habían ido construyendo los consensos en torno a las propuestas presentadas, primero por el Ejecutivo, seguida por la del PRI y, muy al final del proceso, la del PRD. Las prolongadas negociaciones, junto a la extensa consulta organizada por el Senado, poco a poco fueron rindiendo los frutos. Dicha consulta se realizó a insistencia del PRD, del que por cierto, se sospechó que deseaba usarla como un ardid más para retrasar, o hasta impedir, la consideración de la reforma en el Congreso, único foro institucionalmente válido.
Las numerosas aportaciones de peritos, expertos legislativos, políticos y académicos que desfilaron por más de seis semanas en el Patio Central del Senado, aclararon los temas más espesos y contenciosos y dejaron como saldo neto la convicción general de que la reforma planteada por el presidente Calderón servía de punto de partida para definir las políticas energéticas y la reestructuración y autonomía de Pemex. Esta iniciativa debía ser ajustada a las propuestas de los demás actores políticos.
El pasado miércoles 22 en el Hemiciclo Juárez de la Ciudad de México, en un frívolo recurso de “consulta democrática ciudadana” AMLO recogió más de once mil votos manipulados de sus diez mil adictos y sus “adelitas” ahí reunidos, le “ordenaron” seguir con las movilizaciones ante las Cámaras legislativas en la defensa cívica contra la “privatización”. Ayer, los senadores obviaron el bloqueo que AMLO armó desde las siete de la mañana con el simple recurso de trasladarse a una sede alterna donde aprobaron los siete dictámenes petroleros.
Sólo una terca, obstinada y tergiversada Oposición a que México enderece su camino hacia la explotación racionalizada de su recurso petrolero puede explicar el que Andrés Manuel se sirva de la “privatización” como pretexto para interceptar la reforma energética que tanto urge. El distorsionado argumento sigue en pie para ordenar más movilizaciones y paros ahora ante la Cámara de Diputados.
Esta obsesión “antiprivatizadora” obliga a entender que el propósito no es genuino. Su mecánica repetición ante sus seguidores, al estar desfasada con la realidad, revela su intención claramente definida de descarrilar el progreso nacional en la fantasiosa creencia de que ello lo llevará al poder presidencial desde el cual lanzará al país a un nuevo capítulo de igualdad, modernidad, progreso y justicia social.
Los hechos desmienten a AMLO. Ni los suyos ya le siguen. Saben de sobra que la vía institucional, de la que ellos forman parte desde sus escaños parlamentarios y de sus puestos de Gobierno, es el camino correcto y eficaz que México requiere para purgar a la sociedad de las viciosas décadas del pasado y enfilar al país hacia una convivencia ordenada y solidaria.
Los actos que el presidente Calderón ha emprendido desde el inicio de su Administración se han dirigido sin miedo a realizar cambios estructurales en lo político y lo económico. La firmeza financiera que ahora tenemos es una de varias muestras de la seguridad con que podemos emprender las reformas, como la energética, para después afrontar otros retos tanto internos como del exterior. Nuestra meta es clara y no admite de las increíbles, pero peligrosas incongruencias que en estos días estamos presenciando.
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