“Es mejor conocer algunas preguntas que todas las respuestas”.
James Thurber
La “consulta” organizada por el Gobierno del Distrito Federal y el PRD para promover el rechazo a la reforma petrolera señala que actualmente el transporte y la refinación de hidrocarburos son actividades exclusivas del Gobierno. Una vez dicho esto, pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que se abran estos campos a la inversión privada.
Si los organizadores quisieran una consulta más honesta, tendrían que preguntar más bien cuáles son las modalidades de intervención privada que habría que aceptar en el transporte y la refinación de hidrocarburos, porque la verdad es que en éstas, como en todas las demás áreas de la industria petrolera, la participación de empresas privadas no es la excepción sino la regla.
En materia de transporte de hidrocarburos, por ejemplo, las empresas privadas llevan a cabo una serie muy importante de actividades. Privados son, por ejemplo, los ductos que transportan gas en el país; también los buques que llevan nuestro crudo a los mercados internacionales y a algunas de las refinerías nacionales; igualmente las “pipas” o autotanques que transportan los hidrocarburos líquidos –especialmente petrolíferos y petroquímicos— de un lado a otro del país.
La única apertura a la inversión privada que se considera en la iniciativa presidencial en el campo del transporte es la de ductos para hidrocarburos líquidos. La apertura no sería diferente a la que durante años hemos tenido en los ductos de gas, sin que nadie haya encontrado en ello una pérdida de soberanía para el país. Lo único que haría la reforma, de hecho, es aplicar a los ductos el régimen que ya se aplica a la transportación de hidrocarburos líquidos por buques y autotransportes de carretera privados.
El costo para Pemex de mantener el actual sistema sería enorme. El uso de ductos para reemplazar los vehículos de carretera implicaría un ahorro de 2,500 millones de pesos al año, según la secretaria de Energía, Georgina Kessel. ¿Por qué no los construye entonces Pemex por sí mismo? Porque la prioridad para la paraestatal es invertir el dinero que tiene en la actividad más rentable y urgente: la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo crudo.
En el caso de la refinación, también la inversión privada es común en nuestro país desde hace años. Más de un 40 por ciento de la gasolina que consumimos en México es producida por empresas privadas fuera del país. Una parte de esta gasolina importada la elabora una firma parcialmente propiedad de Pemex, la cual tiene la refinería de Deer Park en Texas, pero se trata de una coinversión con la europea Shell y es una firma privada.
Son privadas también las empresas que están haciendo la reconversión de Minatitlán, el proyecto más importante de refinación en el país en este momento. El problema es que, por las limitaciones de nuestra Ley, los convenios con estas empresas le dejan todo el riesgo a Pemex en vez de a los contratistas. La reconversión de Minatitlán ha sufrido enormes retrasos y costos como consecuencia de la falta de una coordinación adecuada; pero debido a que los contratistas no participan en el riesgo o en los beneficios del proyecto, los costos los tiene que asumir Pemex. La reforma propuesta por el presidente Calderón permitiría que esas empresas asumieran no sólo el costo y el riesgo de la construcción sino también el de operación de las nuevas refinerías. Pemex aportaría petróleo y obtendría gasolina, pero sin arriesgar recursos de inversión y sin perder la propiedad del hidrocarburo.
No debemos permitir el engaño. No estamos discutiendo, como falsamente plantea la consulta del PRD, si debe o no haber inversión privada en transporte o refinación de hidrocarburos. La pregunta es si debemos mantener las actuales reglas de participación privada.
¿Queremos que la refinación de gasolina la sigan haciendo empresas privadas fuera del país, en un esquema en que se les vende crudo para después comprarles gasolina? ¿Preferiríamos que la hicieran empresas privadas en México bajo un régimen de maquila? ¿O sería mejor que Pemex estableciera nuevas refinerías en asociación con empresas privadas, pero en Centroamérica, como propuso el Gobierno de Vicente Fox? ¿O queremos usar el dinero para construir refinerías, aunque se abandonen las inversiones en exploración de crudo? En el tema de transporte, ¿queremos que los hidrocarburos líquidos sigan siendo trasladados por carretera en pipas privadas o aceptamos que se les traslade por ductos privados con un ahorro importante para Pemex?
Éstas son las preguntas que no se han incluido en la consulta del PRD y el Gobierno capitalino. Y no sorprende, porque no son preguntas que les garanticen la conclusión que quieren asegurar.
PROHIBIDOS LOS DESCUENTOS
El presidente Felipe Calderón publicó ayer una Ley que prohíbe los descuentos en el precio de los libros. La Comisión Federal de Competencia consideró lesiva la legislación para los consumidores mexicanos, pero una colusión monopólica de grandes compañías editoriales con libreros se formó para aprobarla. Los precios más altos los tendrán que pagar los ya muy golpeados lectores mexicanos. Lo peor es que los políticos presentan esta lesiva legislación como un triunfo. Y lo es: un triunfo para los márgenes de rentabilidad de la industria editorial y un golpe artero para los lectores.
