Los elementos de la PGJ deben ser evaluados a la brevedad posible así como lo marca el Acuerdo Nacional por la Seguridad.
COMPROMISO
Durango está inmerso en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual implica resultados concretos.
Durango. Ya pasó más de un mes de que se firmara el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y no se han aplicado las pruebas de control de confianza en la mayoría de los elementos policiacos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), reconoce el subprocurador Noel Díaz Rodríguez.
Quien fungió como Director del Centro de Readaptación Social (Cereso) Uno, asegura que avanzan en tiempo y forma en cumplir con los lineamientos que pactaron el presidente Felipe Calderón Hinojosa, los gobernadores de los 32 estados del país, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y representantes sociales.
Calma. “Nosotros procederemos con los exámenes de control y confianza, tenemos algunos elementos con dichas pruebas pero el Acuerdo Nacional y la instrucción del Gobernador es que todo el personal pase por estos estudios, entonces, se buscarán mecanismos para que sean más rápidos”, comparte.
El entrevistado comenta que en realidad son pocos a quienes se les han aplicado los exámenes; por eso, buscan las fórmulas para que se abarque a todo el personal a la brevedad posible. “Esto se resuelve en cuestión de días, que se concluya el trámite. Estamos supeditados a otras instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) porque es la que evalúa dichos controles”, establece.
Es el Consejo Estatal de Seguridad Pública el que valorará los gastos que implica esta evaluación de los perfiles de los integrantes de la PGJ. “Por el momento no tenemos estimación (del recurso), la SSPF seguramente contará con los mecanismos para que esto no sea tan oneroso. La verdad es que hemos visto muy buena disposición, no hemos tenido ningún problema, es cuestión de poco tiempo para tener la instrumentación”, glosa Díaz Rodríguez.
Recordatorio. Descarta que en algún momento comiencen las presiones y prisas para cumplir con el Acuerdo Nacional. “Estamos en tiempo”, sostiene.
Cabe recordar que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad incluye compromisos como la depuración de las policías y los órganos de justicia, la creación de penales de alta seguridad, el seguimiento del gasto en materia de seguridad, el registro de teléfonos celulares y la promoción de la cultura de la legalidad.
Los gobiernos estatales se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia y crear o fortalecer un centro de evaluación y control de confianza.
Aún hay más
Durango. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad obliga a los gobiernos de los estados a reasignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos para este tema. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes (incluido en el presupuesto 2009 de cada entidad); además que los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a presentar en su Congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la que apruebe el Congreso de la Unión.
