El tiradero de leche alcanzó hasta el interior de las oficinas de Sagarpa, donde se impartía un taller sobre el manejo de residuos de establos.
Vacían 25 mil litros de leche ácida en las oficinas, ya que consideran que no hay apoyo para su comercialización.
Lecheros de traspatio vaciaron cerca de 25 mil litros de leche ácida sobre las oficinas de la delegación regional de la Sagarpa, como medida radical ante lo que consideraron una nula capacidad de los encargados para apoyar a los productores mexicanos en la comercialización del producto.
Los pisos, paredes, sillones y jardines de la dependencia federal, además de algunos vehículos, quedaron cubiertos de blanco y envueltos en el olor característico del producto descompuesto, “esto sólo es una parte de los 120 mil litros que de ayer a hoy nos tronaron en los centros de acopio”, dijo el coordinador del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Conrado Antúnez Ponce.
De no conseguir una respuesta a sus demandas, la medida se repetiría hoy por la mañana en las presidencias municipales de Torreón y Gómez Palacio, según advirtieron.
Los inconformes llegaron cerca del mediodía a la delegación regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a cuyo estacionamiento introdujeron la pipa cargada con leche y sin dar lugar al diálogo con los encargados, accionaron la bomba con la manguera apuntando hacia el acceso principal.
Los productores prácticamente regaron los jardines exteriores con la leche y la derramaron sobre las paredes y los vehículos hasta formar una extensa laguna en el estacionamiento, mientras que algunas mujeres llenaban bolsas de plástico y las vaciaban sobre los sillones de la sala de espera y los cristales del área de juntas, ante la mirada de asombro de un grupo de personas que en ese lugar recibían un taller sobre el manejo de residuos en establos, mataderos y rastros.
Antúnez Ponce dijo que esta medida obedeció a que “la industria de la Comarca Lagunera cerró sus puertas, y por la incapacidad de las autoridades federales que no han buscado una alternativa de solución a la falta de apoyos para quienes se dedican a la ganadería de traspatio”.
Señaló que son más de 200 productores laguneros quienes han estado demandando apoyos sin recibir respuesta, por lo que diariamente se les echan a perder de 50 mil a 60 mil litros de leche, lo que les genera una pérdida considerable a razón de cinco pesos por litro.
La inconformidad, dijo, es contra la Sagarpa porque “acudimos a ella como cabeza de sector, como elementos que tienen una gran responsabilidad en apoyar a los productores nacionales, en una actividad que es 100 por ciento mexicana”.
La demanda del Frente Nacional es que se formalice la firma de un contrato con Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) para que ésta les compre cada litro que aquí se produce a un costo de 5.50 pesos, de manera permanente y no “cada vez que ellos quieran”, como señalaron que se venía haciendo.
Conrado Antúnez cuestionó las medidas aplicadas por el Gobierno Federal, con las que se apoya más a los productores de los Estados Unidos y Canadá que a los nacionales, poniendo como ejemplo la reciente introducción al país de unas 80 mil toneladas de leche en polvo y lo cual puso en jaque a la ganadería nacional de traspatio.
Liconsa, dijo, en lugar de manejar leche en polvo y que les cuesta hasta 7.25 pesos por litro por adquirirla a países de la Unión Europea, puede comprar la leche fresca que se produce en los 14 estados de la República que se dedican a esta actividad.
“No es posible que si México necesita 17 millones de litros diarios por ser deficitario en la producción, se siga permitiendo este tipo de actividades que sólo son motivadas por la incapacidad y la estructura diseñada desde el nivel central”, lo que según destacó, ha generado la caída de varias actividades económicas.
La Sagarpa, dijo, ha solapado que se engañe a los consumidores haciéndoles creer que compran leche fresca cuando en realidad, existen unas 14 marcas en el merado que sólo son fórmulas a base del lácteo en polvo.
El representante de los lecheros de traspatio dijo que además de continuar con ese tipo de acciones, distribuirán el producto en forma gratuita para la gente que más lo necesite.
Conflicto entre particulares
El delegado regional de la Sagarpa, Ignacio Corona Rodríguez, dijo que el de los lecheros de traspatio es un conflicto entre particulares, el cual se generó a partir de que la empresa que les estaba comprando la producción dejó de hacerlo porque amplió su hato ganadero.
Refirió que sin embargo, la dependencia asumió la responsabilidad de atender la problemática e intervino ante Liconsa para que les comprara toda la producción a razón de 4.50 pesos el litro, además de dar seguimiento para que el convenio se hiciera válido.
La negociación, dijo, va por buen camino y “la información que tenemos es que Liconsa va a comprar la producción de todos los pequeños productores”.
Otro apoyo que se les ofreció fue darles el nombre de una comercializadora de lácteos del estado de Nuevo León, con la que podrían ponerse en contacto y venderle el producto, aunque de concretarse la negociación, ya en este caso la dependencia no tendría alcances o facultades en lo relacionado con el traslado del lácteo desde el lugar de producción hasta esa entidad.
Ignacio Corona manifestó que no se aprovechó la infraestructura y los equipos de tres módulos lecheros que fueron instalados en distintas comunidades rurales del municipio, mediante un programa que se creó desde hace cinco años y se aplicaría por medio de la Sagarpa.
Aunque en ese proyecto se tenía contemplado invertir cerca de siete millones de pesos, no se concluyó por lo que dichos módulos se encuentran en el abandono, debido a que no se aplicaron todos los recursos.
“De haberse concretado, hubiera sido la solución a la falta de comercialización que enfrentan los lecheros”, pues los módulos contarían con tanques fríos y todo lo necesario para almacenar y conservar el producto hasta su comercialización.
De este caso, dijo, se dio vista a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal para determinar el uso que se dio a esos recursos.
