La Comisión permanente del Congreso propuso anteayer a los legisladores mexicanos que mañana y pasado acudirán a la reunión interparlamentaria con sus homólogos norteamericanos que promuevan una estrategia bilateral de combate al narcotráfico. En la misma línea que el Gobierno Federal, senadores y diputados rechazaron los condicionantes que en ambas cámaras del Capitolio acompañan a la asignación de 350 ó 400 millones de dólares a la Iniciativa Mérida (presentada por el presidente Felipe Calderón al presidente George W. Bush), por provenir de una actitud unilateral y por ello inadmisible.
Es el segundo año en que la Iniciativa Mérida aparece en un sitio preponderante en la agenda del encuentro entre legisladores de ambos países, que ahora se reúnen en Monterrey. En la anterior junta, la número 46 celebrada en Austin, en realidad el tema no estaba previsto, pero fue abordado porque la delegación norteamericana lo expuso ante la sorpresa y perplejidad de los mexicanos, carentes de la información con que contaba su contraparte.
El diputado Silvestre Reyes, presidente del comité de Inteligencia de la Cámara de representantes presentó el tema con la naturalidad de quien lo conoce como materia propia, no obstante que en México sólo se conocían algunos esbozos derivados del encuentro de marzo anterior entre los dos mandatarios en la capital yucateca, de donde derivó el nombre del proyecto de cooperación bilateral, para eludir la comparación y las descalificaciones que fulminarían al Plan México (su denominación original) por la obligada referencia al Plan Colombia.
Tanto Reyes como su colega Jerry Weller, anticiparon el contenido de la Iniciativa, delineando que se trataba de ofrecer aportaciones financieras a México para la modernización de sus recursos técnicos e informáticos, y de formación de cuerpos policiales capaces de frenar el auge del comercio de drogas entre los dos países. Ni entonces ni ahora los legisladores mexicanos parecieron interesarse en el proyecto, acaso por juzgar erróneamente que se trataba de un asunto del resorte del Poder Ejecutivo, en que sólo entraría el Senado en el caso de implicar un tratado o documento similar entre los dos países.
De modo que a partir de octubre pasado los legisladores norteamericanos han trabajado en el tema a diferencia de los mexicanos, que sólo anteayer volvieron los ojos al asunto, arrastrados por las circunstancias. En las dos cámaras, al estudiar la ampliación del presupuesto de guerra en Irak se abordó, como una adherencia y tal como lo propuso la Casa Blanca, asignaciones a México y otros países centroamericanos y del Caribe. Al iniciarse el presente año fiscal, Bush había solicitado aplicar 500 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. Los diputados redujeron a 400 esa cantidad y los senadores le recortaron 50 millones de dólares más. Pero en ambas alas del Capitolio se estableció condiciones para la adjudicación de fondos al plan de cooperación con México, en nombre de los derechos humanos y con base en el privilegio de los contribuyentes norteamericanos de saber en qué se gasta su dinero más allá de la frontera. Por lo menos una de esas condiciones obligaría a modificar la legislación mexicana, incluida la Constitución, pues la demanda de que los militares violadores de derechos de las personas no sean juzgados en el ámbito castrense sino en el civil, supone la supresión del fuero de guerra.
Independientemente de la naturaleza y alcance de las condiciones, y su viabilidad, en el Senado de Estados Unidos se ha abierto paso la idea de monitorear su cumplimiento y la aplicación de los recursos que sean entregados a México, a fin de que el Departamento de Estado pudiera informar periódicamente al Congreso sobre el desarrollo de la Iniciativa Mérida. Dado que hay diferencias formales entre las dos cámaras a este respecto, una conferencia de senadores y representantes dirá la última palabra al respecto.
En mi opinión, el Gobierno mexicano debió esperar hasta ese momento antes de dar a conocer su rechazo a las condiciones y anunciar que considerará inaceptable la Iniciativa en caso de que mantenga esos requisitos al concluir el proceso legislativo, pues el efecto probable ahora es reforzar esa posición.
A pesar de que los principales funcionarios de la rama ejecutiva en EU reprocharon a los congresistas la condicionalidad a que sujetaron la asignación de recursos, es difícil esperar que ante la reacción del Gobierno mexicano, y los reclamos que reciban de los parlamentarios mexicanos este fin de semana, los senadores y representantes norteamericanos modifiquen de modo sustantivo su parecer. Al contrario, puede ocurrir que estimen que la necesidad de vigilar la vigencia de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico sufragada con dinero de sus electores quedó reforzada por la actitud mexicana. Puesto que los promotores de las condiciones no las consideran lesivas a la soberanía mexicana acaso pensarán que el rechazo resulta de la imposibilidad mexicana de someterse a un escrutinio externo sobre los derechos de las personas.
El respeto a esos derechos en México enfrenta actualmente escollos que pueden ser librados mejor con la observación y la cooperación internacional. Ésta, sin embargo, sólo es posible si la pactan partes en igualdad de circunstancias y no resulta de la imposición unilateral. Hacerlo entender así en Monterrey demanda el ejercicio de una eficaz diplomacia parlamentaria.
