“Una nación de borregos producirá un Gobierno de lobos”.
Edward R. Murrow
ENSENADA, B.C.- Siempre ha habido políticos mexicanos que quieren que nos parezcamos a Estados Unidos. Quizá por eso no deba sorprendernos que el Gobierno de Felipe Calderón, junto a diputados del PAN y del PRI, estén tratando de imponer una reforma Judicial que permitiría en nuestro país los abusos que los estadounidenses han realizado en Abu Ghraib y Guantánamo. Para mañana martes 26 está programada la votación en la Cámara de Diputados de lo que algunos juristas empiezan ya a llamar la Ley Guantánamo.
La nueva legislación, en caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, sacrificaría una serie de garantías importantes de los ciudadanos en aras de una supuesta mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada.
Los mexicanos perderíamos la presunción de inocencia: seríamos castigados por delitos de delincuencia organizada sin que el Estado comprobara nuestra culpabilidad. La Policía y el Ejército podrían meterse en nuestros domicilios sin molestarse en obtener la orden de un juez.
No todo en la iniciativa de reforma Judicial es negativo. Hay en ella, por ejemplo, una propuesta para promover la oralidad de los juicios que en mi opinión es positiva. Pero otros aspectos hacen surgir el fantasma de un Estado autoritario en el que los policías pueden cometer los abusos que quieran con los gobernados. Yo sé que ya cometen muchos de estos abusos, pero la nueva ley les daría la posibilidad de cometerlos legalmente.
El actual artículo 14 de la Constitución señala que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos…”. La nueva legislación, sin embargo, permite castigar a los gobernados antes de que se determine su culpabilidad. La reforma hace posible, por ejemplo, despojar a una persona de sus bienes, si se le acusa de delincuencia organizada, a pesar de que no haya sido juzgada ni declarada culpable por un Tribunal.
Sé que esto es lo que ha estado haciendo el Gobierno del Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard al expropiar bienes de supuestos delincuentes sin someterlos primero a juicio, pero el presidente Calderón quiere hoy hacer de esta práctica malsana la ley en todo el país.
El artículo 16 de nuestra actual Constitución establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”. La nueva ley, sin embargo, permitiría a la Policía allanar domicilios sin necesidad de obtener primero una orden de un juez. Sería el propio comandante de la Policía el que determinaría en qué casos proceder sin preocuparse de que un juez examine las circunstancias para ver si hay razones para el allanamiento.
También el artículo 16 de la Constitución determina que “Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de autoridad judicial”. Si acaso, la Constitución considera que este plazo podrá duplicarse en caso de “delincuencia organizada”.
La nueva ley, sin embargo, permitiría que a través de la figura de arraigo pudiera detenerse a una persona durante 80 días —además prorrogables— sin una decisión de un juez. La Suprema Corte ya ha declarado inconstitucional el arraigo, pero la nueva ley se encargaría precisamente de volverlo constitucional. Muchas otras garantías individuales serían vulneradas en caso de aprobarse esta reforma Judicial impulsada por el presidente Calderón.
El propósito de la iniciativa es considerar a todos los gobernados como culpables de delitos de delincuencia organizada a menos de que puedan probar su inocencia. Pero aun si la pueden comprobar, el Estado podrá legalmente castigar primero y averiguar después. Si cuando menos pudiéramos pensar que dar a las policías facultades para violar las garantías individuales permitiría combatir a la delincuencia organizada, quizá la sociedad mexicana pudiera aceptar con terror la reforma y encerrarse en sus casas esperando no ser la siguiente víctima de los abusos de la Policía.
Pero la experiencia nos dice que muchas de las policías de nuestro país han estado siempre más interesadas en promover sus propios negocios que en combatir a la delincuencia organizada. Permitir mayores abusos de la Policía contra los gobernados no resolverá el problema del resto del crimen. La nueva legislación está inspirada en las prácticas que el Gobierno estadounidense de George W. Bush ha usado en su guerra contra el terror: las reglas que han permitido violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib y Guantánamo. Pero incluso Bush sólo ha aplicado estas reglas en contra de los no estadounidenses. El Gobierno mexicano quiere usarlas ahora contra los mexicanos.
SETENTA EN 2008
Este viernes 22 de febrero se registraron cuatro ejecuciones en Tijuana. Esto eleva el total de homicidios en la ciudad a 70 en lo que va de 2008. Los secuestros, por otra parte, se han convertido en una plaga que afecta la inversión y la vida social. Estos problemas, sin embargo, no se resuelven eliminando los derechos de los gobernados, que son las víctimas y no los responsables del proceso. Lo que se requiere es un mayor profesionalismo de las policías para que se ponga fin a una impunidad casi total.
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