La liberación total de aranceles a los productos agropecuarios derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el día primero de enero pasado, vuelve a poner en un primer nivel de atención, la vieja disputa radical entre la economía dirigida por el Estado y la economía de libre mercado.
La conclusión del debate apunta a recomendar la intervención del Estado como rector de la vida económica, pero sólo en la medida de lo indispensable y por congruencia, se recomienda un máximo de libertad de producción y comercialización, hasta donde sea posible, es decir, sin dejar de velar desde el Gobierno por los intereses de productores y consumidores.
El regreso al debate lo encabezan las llamadas organizaciones de izquierda que giran en torno del Partido de la Revolución Democrática, que con insistente simplismo señalan al TLCAN como un fracaso y como una amenaza.
Es cierto que el TLCAN ni ningún otro instrumento es solución mágica para México, cuya problemática es ancestral y muestra un rezago que sólo la educación, el desarrollo humano y la integración social pueden superar a mediano y largo plazo. Por ello, con muy buen tino el Gobierno de la República ha asignado la mayor partida presupuestal de la historia para el año que comienza, buscando mejorar las condiciones de los productores y la ayuda social a los habitantes del campo. También es verdad que la aplicación del TLCAN exige una gran atención por parte de Gobierno y Sociedad, en orden a sugerir los ajustes que se requieran para velar por los intereses de los productores mexicanos.
El TLCAN ha rendido buenos frutos que se pueden medir. En el renglón agropecuario la apertura no ha sido súbita ni repentina; inició en 1994 y llegó al noventa por ciento en 2007, por lo que la eliminación total de los aranceles no es novedad.
México se ha convertido en segundo proveedor de productos agropecuarios a Estados Unidos y el tercero a Canadá; los ingresos del agro mexicano se han incrementado de manera substancial y el índice de dependencia alimentaria se ha visto reducido. Lo anterior no quiere decir que vivamos un paraíso, pero el campo está atendido; los subsidios llegan directamente a los beneficiarios, se manejan de manera más transparente que en los tiempos del régimen de partido de Estado y se ha abandonado el control político del campesino al través del sistema ejidal como política de Estado.
Es verdad que existe un éxodo del campo hacia las ciudades, pero ello corresponde a una tendencia histórica de la humanidad que se ha visto aumentada en virtud de la incosteabilidad creciente del minifundio y el progreso de la tecnología como palanca del desarrollo que florece en las comunidades urbanas. También es cierto que este cambio cultural plantea nuevos retos para Gobierno y Sociedad, pero el desafío debe ser afrontado con los ojos puestos en el porvenir y sin nostalgia respecto de un pasado rural ciertamente vital, entrañable y pintoresco, al que cantan la música de Tata Nacho y la poesía de Ramón López Velarde, pero con graves dificultades de integración, numerosas necesidades insatisfechas y estallidos recurrentes.
En cuanto a la situación de los productores agropecuarios frente al TLCAN, el Estado Mexicano se ha visto obligado a redefinir su estrategia en función de la vocación específica de cada región del país y sus posibilidades de competencia frente al mercado global, lo que ha llevado al Gobierno a reasignar los apoyos y a los productores a optar por nuevos modelos de producción.
Este reacomodo ha ocasionado una baja en la generación de algunos productos y un alza en la de otros, atendiendo a criterios de rendimiento y conveniencia, pero siempre en busca de un balance final más favorable.
Por lo que hace a los consumidores, es evidente que la competencia que ha propiciado el TLCAN en el mercado interno, ha puesto a disposición del público más productos y a mejor precio, lo que redunda en un beneficio capaz de generar por sí mismo un aumento del poder adquisitivo del dinero. Este resultado es apreciable a simple vista con el crecimiento del sector comercial, en virtud del cual la proliferación de las cadenas de autoservicio que ofrecen a las familias mexicanas cada vez más y mejores satisfactores a precios más accesibles, es un mero botón de muestra.
Resulta extraño que frente a tales ventajas persista una lucha enconada de la autoproclamada izquierda en contra del TLCAN en nuestro país. Lo anterior se explica porque dicho esfuerzo está encaminado a obtener el control de los subsidios por parte de las estructuras gubernamentales y sindicales que controla el PRD, por lo que se trata de la disputa por una mayor tajada del pastel.
Si los mexicanos ya olvidamos las crisis a que nos llevaron las políticas públicas estatistas y populistas de los años setenta y ochenta, basta mirar hacia el hermano país de Venezuela hundido en un régimen autoritario, que comienza este año reconociendo su fracaso en la creación de empleos y en el combate a la inflación y despidiendo a la mitad del Gabinete del Gobierno, en aras de una rectificación de su estrategia económica.
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