La ola de violencia que ha envuelto al país provoca una reacción en cadena de desaliento y dudas. El alto costo en vidas, de acuerdo con cualquiera de las diversas estadísticas oficiales o privadas, ha cimbrado a la opinión pública haciéndola que incluso cuestione el acierto de haber emprendido en todo país la drástica campaña que se ejecuta con todos los elementos armados a la disposición del Gobierno y sus servicios de Inteligencia.
Pese a las evidencias en contrario, algunos han llegado a decir que a México le falta liderazgo y programas congruentes, queriendo ignorar que todo México se esfuerza en estos momentos por resolver el inmenso bagaje de problemas coincidentes que confrontamos.
Una visión más justa tendría que reconocer que el Gobierno actual y, particularmente su presidente, muestran una inusitada valentía para enfrentar sin ambages situaciones que son herencia de un largo pasado de intencionado abandono, sea por el interés de un partido por perpetuarse en el poder, sea por motivos mucho menos perdonables, como el haber propiciado impunidades generalizadas que la corrupción se enquistara en la sociedad, cáncer que está costando mucho limpiar.
La supuesta falta de liderazgo desconoce que cada una de las acciones que el Gobierno está emprendiendo tiene objetivos claros y metas cuantificables. Decir que existe un vacío de autoridad es respaldar a los que vienen promoviendo con cualquier pretexto, real o inventado, desorden para luego adueñarse de las instituciones que ahora mandan al diablo e instaurar un Gobierno personalista y arbitrario.
Ninguna de las reformas logradas después de arduas negociaciones políticas han sido inmediatistas. Algunas de ellas como la reforma a la Ley del ISSSTE, han tenido que sortear una terca Oposición, ésta sí inmediatista. Las modificaciones a esquemas electorales o las primeras del ámbito fiscal para destinar más fondos a programas sociales y a la modernización de infraestructuras, o las de procesos judiciales, todas ellas son de largo plazo. La reforma de Pemex es otro asunto que el Gobierno ha planteado con ánimo de propiciar un consenso parlamentario que parece por fin despuntar. La guerra contra el narcotráfico y contra la violencia de los secuestros se ha emprendido sin miedo y a sabiendas de su alto costo, incluso el del escepticismo que minimiza los logros.
Estas consideraciones vienen a cuento con motivo de la Decimotercera Reunión del Consejo Nacional de Seguridad que se realizó anoche en Palacio Nacional, encabezada por el presidente de la República y con la asistencia de todos los gobernadores y del jefe del Gobierno del D.F., representantes de los poderes Legislativo y Judicial, además de organizaciones de la sociedad civil.
Esta sesión extraordinaria en que se echó a andar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, dejó en claro que el combate contra la violencia es una responsabilidad compartida por todos los que conformamos la gran comunidad mexicana: Poderes Federales, Estatales y Municipales, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, medios de comunicación y ciudadanos y sus asociaciones. La Estrategia Nacional de Seguridad no se limita a acabar con los secuestros, sino que abarca todos los ámbitos del combate al crimen organizado, la violencia surgida de las mafias del narcotráfico, del tráfico de personas y del terrorismo de todo origen que amenaza a personas, recursos nacionales y sus infraestructuras de explotación. Se propone arraigar la cultura de la legalidad y de la denuncia.
El crimen organizado es principal peligro de nuestra sociedad. La seguridad nacional es un asunto de la más alta prioridad e importancia en todos los países. El presidente Felipe Calderón ha dado el liderazgo que México requiere en éste como en otros temas de urgente atención.
Coyoacán, agosto de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
