En esta ocasión, me es grato hacer saber a ustedes que, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe, por un lado, que los gobernados sean obligados a retribuir a los servidores públicos encargados de administrar justicia y, por otro, que se imponga algún pago a quienes acuden a solicitar justicia ante los órganos administrativos, investigadores o jurisdiccionales, como condición para la administración de su pretensión, por lo que cualquier acto que implique una erogación para el gobernado es violatorio de la garantía de acceso a la justicia contenida en el citado precepto constitucional.
Si alguna autoridad federal viola en su perjuicio la citada garantía individual, puede ser atendido por un asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, por lo que es importante que acuda personalmente con alguno de ellos y traer consigo la documentación relacionada con su asunto, además su credencial de elector, comprobante de domicilio y constancia de ingresos.
Finalmente, no me queda más que informarle que si gana menos de 12 salarios mínimos al mes, vigente en el Distrito Federal (aproximadamente menos de $18,932.00), es usted jubilado o pensionado, trabajador eventual o subempleado, si pertenece a alguna etnia o grupo indígena, y considera encontrarse en una situación como la que hoy mencionamos, acuda a las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Durango, en el Palacio Federal, ala Norte, tercer piso, y ala Sur, planta baja en la Ciudad Industrial, o bien, en los teléfonos 618-814-81-56, 618-814-70-71, 618-814-25-55, 618-814-74-62 y 01-800-500-75-90, con la confiabilidad de que se le otorgará un servicio de calidad y calidez. No es necesario sacar cita previa; estamos a sus órdenes en un horario de atención al usuario de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes.
Lic. Roberto Ponce de León Félix
Titular de la Delegación Durango
