“Aquel que condona los males es tan culpable como el que los perpetra”.
Martin Luther King, Jr.
El culpable no es el IFE. Tampoco la Suprema Corte de Justicia. La responsable del nuevo régimen de restricciones a las garantías individuales y a la libertad de expresión es la clase política, que a través de diputados y senadores ha impulsado leyes que el IFE y la Suprema Corte tienen que cumplir.
El IFE es una institución como tantas otras en nuestro país. Cuenta con una cúpula dirigente, compuesta por nueve consejeros y otros funcionarios, muchos comprometidos con causas buenas, pero que tiene que aplicar una ley pésima como la que tenemos en la actualidad.
La Suprema Corte de Justicia cuenta con 11 ministros, la mayoría juristas que han dejado la vida en la defensa de las leyes de nuestro país. Su función no es fallar sobre la base de lo que ellos quisieran para el país, sino de aplicar la Constitución.
Los responsables de proporcionarnos una ley electoral perversa, una legislación que coarta la libertad de expresión, que impide a Andrés Manuel López Obrador presentarse como “presidente legítimo” de México y protestar así por lo que considera un fraude electoral, que prohíbe a los particulares contratar tiempos de radio y televisión para expresar sus puntos de vista, que impide al PAN calificar como acto violento la toma de tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado por los legisladores del Frente Amplio Progresista, y que prohíbe al propio FAP el promover una reunión política para hablar sobre el tema de la reforma petrolera, han sido los legisladores.
La ley en México impide a los ministros de la Suprema Corte de Justicia o a los consejeros del IFE actuar de conformidad con sus principios políticos o éticos. A lo más que pueden llegar legalmente es a renunciar a sus cargos, si la legislación los obliga a tomar decisiones en contra de su conciencia. Su responsabilidad es aplicar la ley, a pesar de sus perversiones.
No espero, por lo tanto, que la Suprema Corte de Justicia tome la valerosa decisión de echar para atrás la legislación electoral que fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales el año pasado –con las honrosas excepciones de un grupo de diputados leales a Andrés Manuel López Obrador y de los diputados locales priistas de Coahuila—y que hoy ahoga la libertad de expresión y la libertad política de nuestro país. Ya ayer los ministros de la Corte determinaron que el procedimiento por el cual se aprobó la nueva legislación es correcto y la jurisprudencia que hoy existe determina que cualquier legislación aprobada con los requisitos que establece la Constitución para una enmienda constitucional es ley en nuestro país. Poco importa que esta legislación ordene la restitución de la esclavitud o la ejecución de todos los judíos o los tarahumaras. Si la promulgó una mayoría de dos terceras partes del Congreso, y el 50 por ciento más uno de las legislaturas locales, es ley en el país.
Lo anterior significa que en los próximos días la Corte descartará todas las demandas de amparo presentadas en contra de la nueva legislación electoral, independientemente de los abusos a los que ésta lleve. La Suprema Corte de Justicia está ratificando que una enmienda constitucional es legal si cumple con los requisitos de aprobación sin importar las garantías individuales que viole. De la misma manera, el Consejo General del IFE está obligado a convertirse en el gran censor de nuestro país, no por que ésta sea su convicción sino porque se lo ordena el artículo 41 de la Constitución, a pesar de que viole el artículo sexto de la misma carta magna.
El problema no son los ministros de la Suprema Corte de Justicia o los consejeros del IFE. El verdadero lastre son los legisladores del PRI, del PAN y de una parte del PRD que estuvieron dispuestos a violentar las garantías individuales de los mexicanos en el afán de quedar bien con los líderes de sus bancadas.
La solución no radica, por lo tanto, en una decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia o de los consejeros del IFE. Descansa en los legisladores, incluso esos mismos que decidieron traicionar los derechos de los ciudadanos para dar a los dirigentes de sus partidos un mayor control sobre los procesos políticos.
Los actuales diputados y senadores, que ya han mostrado su corrupción, no modificarán la ley que ellos mismos crearon. Pero quizá puedan llegar en el futuro nuevos legisladores, con ánimo más independiente, que decidan restituir a los ciudadanos la posibilidad de expresarse con libertad en temas políticos, como se pudo hacer desde 1997 hasta 2007.
HABLAN LAS ACTAS
José Antonio Crespo presentó ayer en Casa Lamm su libro 2006: hablan las actas, las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Crespo no se une al coro de los grillos que denuncian que en las elecciones de 2006 hubo un fraude electoral en el que participaron decenas de miles de funcionarios del IFE y cientos de miles de ciudadanos, incluyendo a los representantes de los partidos de izquierda. Pero sí advierte que las actas con irregularidades son suficientemente numerosas como para haber justificado un recuento mucho más amplio de las boletas del que se hizo. La información objetiva disponible sugiere que Felipe Calderón ganó la elección presidencial de 2006, pero también subraya que se debió haber aceptado el recuento voto por voto que pedía Andrés Manuel López Obrador.