A la memoria de Paco Ignacio Taibo I
Sobresaliente la transparencia con la cual ha informado el Gobierno Federal sobre el avionazo. Sublime la confirmación del desgarriate que se traen en materia de seguridad, y que incluye a la caótica seguridad privada.
Me impresionó la conferencia de prensa gubernamental del viernes 14 de noviembre. Durante una hora con 24 minutos hablaron de corridito proporcionándonos un alud de cifras con las cuales iban anudando la tesis de un accidente provocado por la impericia y el descuido de piloto y copiloto. La empachada de datos tuvo un efecto boomerang porque la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño y del injustamente menospreciado José Santiago Vasconcelos, entre otros, carece de heroicidad.
No cayeron en un enfrentamiento con el crimen organizado; murieron por que descuidaron los protocolos de seguridad más elementales y por que, al parecer, dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron incapaces de verificar que los pilotos de la empresa subcontratada tenían la preparación que se requería. Brilló esplendorosa, una vez más, la mediocridad en materia de seguridad. No es la única expresión.
El 22 de agosto pasado se firmaron 75 Acuerdos contra la Inseguridad cuyos resultados conoceremos en unos días. En el ambicioso listado había un hueco gigantesco: las empresas de seguridad privadas que contribuyen al desorden y a la inseguridad. Ilustro el argumento con una experiencia de primera mano que incluye elementos de un patrón generalizado.
Desde hace 27 años vivo en un departamento del sur capitalino. Se ubica en una privada que transmite una sensación de seguridad. De cuando en cuando hay incidentes que nos recuerdan dónde vivimos. Hace algunos años un vecino de la cuadra se enfrentó a balazos con unos asaltantes que se metieron hasta la sala de su casa. Poco después se organizó una reunión de vecinos en la cual se aprobó la contratación de una empresa de seguridad privada de nombre fácil de recordar: CIA, Corporación Integral de Asesoría, S.A. de C.V.
Sus servicios eran costosos, pero convencieron a la mayoría porque, después de todo, es de las pocas compañías registradas ante la autoridad federal. Durante varios años pagué puntualmente la cuota y pude constatar la buena voluntad de los agentes de esa CIA, su pésima capacitación y el pésimo salario que percibían. En la siguiente reunión de vecinos con el encargado de nuestro personal de seguridad le solicité información sobre la forma como los elegían, la capacitación que les impartían, el salario que les pagaban y los protocolos de seguridad seguidos. Como jamás obtuve respuesta interrumpí el pago y, lógicamente, dejaron de vigilar mi departamento.
Hace un par de meses mi departamento fue asaltado. Volví a constatar que se mantenía la baja capacidad de los agentes de la empresa privada. También constaté que las corporaciones policiacas de la capital están repletas de personal con formación profundamente desigual, que sus comandantes son voluntariosos e imaginativos (“este es un trabajo de la banda del Precioso” –me soltó seguro de sí mismo uno de los comandantes) y que son pésimos a la hora de dar resultados.
Mi caso está lejos de ser excepcional. Forma parte de un patrón de indefensión generalizada que mitigamos tomando medidas individuales o grupales. Vivir en México se ha convertido en un “sálvese quien pueda” que incluye la instalación de barrotes, candados y alarmas. Nuestros hábitos también se han adaptado al miedo y la desconfianza causados por la incertidumbre. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, las empresas y las familias mexicanas invierten anualmente unos 18,000 millones de dólares en medidas de seguridad que, a juzgar por los resultados, no mejoran nuestra calidad de vida.
La seguridad privada contribuye a la incertidumbre. Al carecer de estadísticas confiables caemos en la especulación y dependiendo de la fuente es el número. Para algunos son 450 mil los policías privados, para otros 600 mil encuadrados en 10 mil empresas. Una cifra constantemente repetida es que el 80 por ciento de ellos carece de normatividad; ninguna autoridad controla esas empresas lo que provoca, de manera casi natural, que algunas de ellas se conviertan en cómplices de criminales.
Uno de los presuntos responsables de la ejecución de 24 personas en La Marquesa, Raúl Villa Ortega, trabajaba para los Beltrán Leyva y al mismo tiempo “era propietario de una empresa de seguridad privada establecida en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuyo nombre no fue revelado” (Reforma, 17 de octubre de 2008).
Sería injusto meter a todas estas empresas en el mismo costal. Unas cuantas funcionan bastante bien, pero en términos generales, la Secretaría de Seguridad Pública ha sido incapaz de garantizar que mantengan un mínimo de profesionalismo y seriedad que incluya salarios dignos a sus agentes. Lo mismo podría decirse de los gobiernos de algunos estados que contribuyen con gran entusiasmo al desorden.
En los últimos días hemos sido informados de que el Gobierno Federal emitirá un decreto para meter algo de orden en las empresas de seguridad privada. ¡Ya era hora! Si algo dejó en claro la tragedia del LearJet es que el Estado no puede ser tan descuidado, desorganizado y chafa; no puede seguir permitendo que empresas privadas, sin preparación ni vocación; tengan la responsabilidad de garantizar la seguridad de altos funcionarios, de instalaciones estratégicas y de ciudadanos comunes y corrientes. No sean tan chafas.
LA MISCELÁNEA
El 20 de noviembre de 1958 simpatizantes de Salvador Nava se metieron al desfile y “huevearon” (acto de aventar huevos o blanquillos) al entonces gobernador de San Luis Potosí. El mandatario era un incondicional del cacique Gonzalo N. Santos y salió huyendo del estado para luego renunciar. La “hueviza” era otra protesta por el fraude cometido contra el doctor Nava quien aspiraba a la presidencia municipal de la capital. Siguieron las movilizaciones que culminaron en el éxito: Nava pudo ocupar el cargo al año siguiente demostrando que con medios pacíficos, y algo más, podían enfrentarse a un régimen represor. Este 20 de noviembre navistas de varias generaciones se reunirán para conmemorar a aquel “doctor de pueblo” que durante su vida le rompió la columna vertebral al miedo ciudadano y al autoritarismo. Me uno a la distancia al homenaje de un auténtico héroe cívico. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx
