¿Por qué el EPR considera política la desaparición de dos trabajadores de Pemex sin aparentes antecedentes en la lucha social? Un misterio con giros sorprendentes.
Dos mil trabajadores de la Sección 49 del sindicato petrolero, con sede en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, se levantaron de sus lugares una vez terminada su asamblea, a las 7:15 de la noche del 16 de mayo de 2007. La reunión fue de rutina, asuntos generales y ya. Todos abandonaron el local de la avenida Juárez, pero cinco de ellos no llegaron a su casa esa noche, entre ellos David Vega Zamarripa, hermano del líder sindical Hilario Vega.
De la preocupación familiar se pasó a la angustia. A las seis de la tarde del día siguiente, Hilario, de 44 años de edad, a la sazón líder por tercer periodo de la referida Sección 49 del sindicato petrolero y ex diputado federal por el PRI, recibió una llamada en la que una voz en tono amenazante le dijo que tenían a su hermano David y otros trabajadores petroleros, que si no se entregaba les iban a cortar las cabezas y que las iban a tirar afuera de sus casas.
Después de la llamada, Hilario salió hacia el lugar que los captores de su hermano le indicaron; desde entonces tampoco se sabe nada de él.
Por su ejecución, el operativo para llevarse a los hermanos Vega Zamarripa y a sus compañeros tenía todo el sello del narcotráfico.
Nadie ha pedido rescate, ni reivindicado la acción. Es más, sus desapariciones forman parte de una serie de 30 “levantones” que se dio ese año entre trabajadores de la refinería “Héctor Lara Sosa”, de Cadereyta, presuntamente relacionados con la célula del Cártel del Golfo que opera en ese municipio.
No a todos los trabajadores petroleros extrañó el episodio. Hilario Vega es considerado por muchos como un cacique, forjado dentro de la simbiótica estructura de poder PRI-sindicato petrolero, con antecedentes de investigación en Tamaulipas por delitos contra la salud. “Tenía que acabar mal”, asegura un petrolero que prefiere no dar conocer su nombre por temor a represalias.
Para Hermén Macías, director del semanario Lo Nuestro, quien tuvo serias diferencias con los Vega Zamarripa, no hay duda: “No son luchadores sociales. La gente de base del sindicato les tiene miedo por la Red de impunidad que han construido en la refinería y en el municipio, donde son intocables”.
El periodista acusó a David Vega Zamarripa, también conocido como “El Ganso”, de intentar asesinarlo en abril de 2004, en venganza por la publicación de supuestos actos de corrupción en el sindicato petrolero.
¿El Ejército?
Cuando todos los indicios apuntaban sólo hacia el narco, el caso dio un giro el 4 de junio, cuando inopinadamente un reporte de la televisión local señaló que los trabajadores petroleros desaparecidos entre el 16 y 17 de mayo, habían sido detenidos por el Ejército Mexicano, porque estaban siendo investigados por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.
Comenzó un vía crucis de búsquedas y viajes de la familia. Ni en la subprocuraduría, ni en Matamoros, Tamaulipas, donde también se suponía que podrían haber sido llevados, hay noticia de ellos.
Salomón Vega, desesperado, buscó la ayuda de organizaciones sociales de presentación de desaparecidos, como el Comité Eureka, de la senadora Rosario Ibarra, quien ya propuso un punto de acuerdo en el Senado de la República para pedir la presentación con vida de ambos.
Reconoce defenderlos por el hecho de haber indicios de que el Ejército los tiene en su poder, lo que podría estar relacionado, a su vez, con una presunta escalada de hostigamiento oficial contra los opositores a la privatización de Pemex.
¿Guerrilleros?
De pronto, otro giro inesperado: El Ejército Popular Revolucionario (EPR), en su comunicado del 15 de enero, de entre todos los casos de desaparecidos políticos que habrían sucedido en el país, destaca particularmente el caso de los hermanos Hilario y David Vega Zamarripa, a quienes considera presos políticos.
La confusión se hizo mayor: ¿guerrilleros?, ¿narcos?, ¿luchadores sociales?, ¿caciques sindicales?
Salomón Vega sale en defensa de sus hermanos y menciona que ninguno de los dos tiene antecedentes de trabajo político o dentro de movimientos sociales y que ignora por qué razón el EPR les tuvo tanta consideración en su comunicado, pues su familia siempre ha sido priista. Descarta cualquier nexo con el narcotráfico.
Para colmo, o quizá derivado de ello, dos y cuatro meses después de la desaparición de Cadereyta, el EPR llevó a cabo sus ataques a ductos de Pemex, en Salamanca y en Querétaro, los cuales necesariamente contaron con información técnica desde el interior de la paraestatal. ¿Sería éste el eslabón perdido que une a los petroleros con los guerrilleros?
Los sindicalistas potencialmente tendrían información no únicamente de la Red nacional de ductos, sino sobre todo de la propia refinería de Cadereyta, considerada de la mayor importancia para la seguridad nacional.
Si, por el contrario, el caso se ubica en la órbita del narcotráfico, las dudas persisten, pues ¿qué interés podría tener el grupo armado en defender a sindicalistas ligados al crimen organizado? El misterio rodea al caso.
