Al confirmarse que el Cártel del Pacífico tenía en su nómina a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se evidenció que dicha organización criminal tenía (o tiene, porque es imposible descartar que otros funcionarios de esos niveles estén involucrados) comprados a los responsables directos de su combate en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades y los medios de comunicación los Beltrán Leyva, cabezas de dicha organización, compraban los servicios de los titulares de la SIEDO y la PFP, es decir, las dos instancias encargadas de su combate, así literalmente ellos controlaban la denominada guerra contra los narcos.
El procurador Eduardo Medina-Mora confirmó el viernes por la mañana que Ramírez Mandujano, se encuentra detenido porque presuntamente recibía 450 mil dólares mensuales del narco. Además reconoció que el ex secretario particular de Genaro García Luna, Mario Velarde, está sujeto a investigación por el mismo motivo.
Pero el problema es todavía mayor porque los contactos no eran aislados, sino parte de un entramado que incluyó a los principales mandos de ambas dependencias. En el caso de la PGR, la lista incluye a Rodolfo de la Guardia, ex mando de la Agencia Federal de Investigación; a dos integrantes de la coordinación técnica de la SIEDO (Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado) y a cuatro agentes, dos de ellos prófugos.
Mientras tanto, en el lado de la SSP, suman ya cinco los colaboradores cercanos a su titular, vinculados con el cártel: Édgar Enrique Ballardo, inspector adscrito a la Tercera Sección de la Policía Federal Preventiva; el comisionado interino de la PFP, Gerardo Garay Cadena y Francisco Navarro Espinoza, jefe de operaciones especiales; Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México; y ahora, la investigación sobre Velarde. Esto, además de Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, aprehendido el lunes 17, pero es un crítico del actual titular de la SSP.
Por otra parte, de acuerdo a información proporcionada por el periódico El Norte el viernes 21 de noviembre, el mismo testigo protegido, involucró en los tratos con José Antonio Cueto López (uno de los dos agentes prófugos y presunto responsable de reclutar funcionarios para el Cártel de los Beltrán Leyva) a Pablo César González García, secretario particular del gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás. Según el diario dicha información consta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 a la que ellos tuvieron acceso.
De acuerdo a las informaciones las principales detenciones se han hecho por las declaraciones de un testigo protegido denominado “Felipe”, pero de acuerdo al periódico regiomontano se trata de Alberto Pérez y es “un ex agente de la PGR, cuyo último cargo fue como comisionado de la Interpol en el Aeropuerto de la Ciudad de México”. Hasta aquí los hechos, ahora las reflexiones.
Primero, es evidente que las infiltraciones y las filtraciones siguen a los más altos niveles, pues de otra manera es imposible que un medio de comunicación tenga acceso a información que por disposiciones legales debe ser reservada; pero además el conocer la identidad de un testigo protegido hace que el programa pierda todo sentido, pues uno de los elementos indispensables del mismo es el que permanezcan en el anonimato, como uno de los elementos indispensables para el éxito del mismo.
Segundo, aunque se presume de una “Operación Limpieza” en realidad las acciones que se han emprendido son producto de las declaraciones de un testigo protegido, evidentemente involucrado con uno de los cárteles (el de los Beltrán Leyva) así que en realidad los resultados son producto más de un golpe efectivo, que de un programa eficiente y bien estructurado.
Tercero, de acuerdo a lo sucedido hasta hoy, las declaraciones de “Felipe” involucran cada día a funcionarios de más alto nivel, pues empezaron a nivel de agentes y coordinadores, siguieron con directores y ahora ya involucran al ex titular de la SIEDO, así que de seguir en la misma tendencia las sorpresas todavía pueden ser mayores en los próximos días.
Cuarto, dado que la principal fuente de información es el testigo protegido y es evidente que él estaba involucrado con uno de los cárteles, hay que hacer, al menos dos preguntas: ¿No vale la pena sospechar que esto también puede ser parte de una estrategia de dicho cártel, que puede tener dos intenciones: una deshacerse de funcionarios incómodos porque en realidad apoyaban a otro cártel o, al contrario, eran los verdaderos enemigos de los cárteles? ¿A cuántos más tendrán comprados los otros cárteles, pues es lógico suponer que esta es una estrategia común a todos y, en este caso, únicamente se conoce lo que hacía uno de ellos?
Así, de acuerdo a las informaciones proporcionadas por las autoridades y los medios de información (y siempre balo la premisa de que hasta hoy únicamente son presuntos delincuentes, pues todavía no han sido juzgados), la infiltración de los narcos llegaba hasta las cabezas de las instituciones encargadas de combatirlas, pero todavía no se puede saber si ese es el nivel máximo que alcanzaron o todavía hay peces más gordos involucrados y, desde luego, esto es simplemente con la información de uno de los cárteles, así que todavía falta conocer qué hace el resto.
