El combate frontal al crimen organizado que emprendió el Gobierno de Felipe Calderón tiene altos costos económicos, en pérdida de vidas humanas y en incremento de la inseguridad; pero además hay el riesgo de pagar también altos costos en pérdida de libertades, garantías individuales y soberanía, en caso de continuar recurriendo, cada vez más, a la participación del Ejército y, ahora, hasta de la Oficina Federal de Investigaciones norteamericana, FBI por sus siglas en inglés.
A raíz del atentado contra el Consulado norteamericano el sábado 11 de octubre a las 23:30 horas, el día jueves 16, el Ejército y fuerzas policíacas federales catearon una bodega en Guadalupe y una casa-habitación en Monterrey, donde se enfrentaron a balazos con presuntos narcotraficantes por espacio de, al menos, 20 minutos y lograron el decomiso de 55 granadas, 40 mil balas, 8.9 toneladas de marihuana y 24 armas de diversos calibres, así como la detención de una persona, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Hasta aquí la información oficial.
Sin embargo, de acuerdo a información y fotografías difundidas por el periódico regiomontano El Norte, en su edición del viernes 17, en las acciones del día 16 participaron también elementos del FBI. El diario regiomontano difundió una fotografía en la que un individuo encapuchado subía una caja a una camioneta con placas consulares, durante el cateo a la bodega en Guadalupe. En la misma edición señalaba la presunta participación de agentes del FBI e, incluso, informaba que extraoficialmente se supo que uno de ellos habría resultado herido de bala, durante los mismos. En su edición del día 18, el periódico agrega que “cuando la droga era pesada ayer en la madrugada en las instalaciones de la PGR en Escobedo pudo observarse la participación de una mujer rubia con apariencia extranjera durante la diligencia”.
Así, todo indica que ahora, agentes policíacos norteamericanos participan directamente en los operativos en contra de la delincuencia organizada.
El combate al crimen organizado ha sido recurrente en mis colaboraciones, ya he señalado la importancia de replantear la estrategia y de acompañar las acciones de combate frontal, con una estrategia más integral y global, donde la labor de Inteligencia, promoción de una nueva cultura política y la participación ciudadana deben jugar un papel central.
El haber incorporado al Ejército en el rol protagónico del combate a partir del 11 de diciembre de 2006, es decir, diez días después de la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, implica –al menos— dos riesgos que hay que valorar más detenidamente: uno, que ya he comentado en otras colaboraciones, el quedar inermes ante el crimen organizado si fracasan las acciones del Ejército o, al menos, no tienen los resultados esperados, pues se agotó la máxima instancia en la primer jugada; y, dos, el riesgo de pérdida de libertades y vigencia de garantías individuales, que se corre siempre que se involucra a la milicia en acciones de seguridad pública.
Es un hecho que los cuerpos militares son preparados para la guerra y el combate y, por lo mismo, ellos no vacilan en privilegiar la disciplina y el orden, incluso en detrimento de las libertades (de tránsito, de asociación, de expresión, etc.) y, obviamente, de la vigencia de ciertos derechos fundamentales, como ya ha sido evidente a consecuencia de algunos operativos.
Pero no sólo se ha recurrido al Ejército, también se recurre al auxilio del vecino país del norte. Primero fue el debate sobre la extradición de los capos de la droga a las cárceles norteamericanas, la primera aceptación de la medida fue el 14 de enero de 1996, cuando el entonces líder del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue detenido en una casa de seguridad en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, y entregado, sin mediar mayor trámite legal, a las autoridades norteamericanas para que lo encarcelaran y procesaran.
Después la extradición de nueve de los principales jefes del narcotráfico el 19 de enero de 2006 y después de estos nueve, sin hacer tanto ruido, han enviado a otros 25 más en el presente sexenio.
Todavía, después vino la discusión por la Iniciativa Mérida, que otorgará apoyos en especie por 400 millones de dólares en el primer año. Y que, de acuerdo a las declaraciones del secretario de Gobernación, el Gobierno norteamericano aceptó entregar en términos “respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países”; y según, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no implican la presencia de efectivos militares estadounidenses en territorio nacional.
Sin embargo, ahora de acuerdo a la información divulgada, y no desmentida, sí implica la presencia de policías federales norteamericanos, lo cual es mayor pérdida de soberanía que la pretendida certificación sobre la vigencia de los derechos humanos, que motivo el rechazo de la primera versión de la Iniciativa Mérida.
Si ya era importante revisar y replantear la estrategia de combate al crimen organizado del Gobierno Federal por el alto costo en vidas humanas e inseguridad, a la luz de los riesgos que implican la presencia del Ejército y, ahora, el FBI, es imperativo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo menos que debemos exigir es una información y justificación clara y precisa sobre la presencia del FBI en los operativos.
Es un hecho que su presencia, como antes la del Ejército, no logró el propósito de intimidar a la delincuencia organizada, pues en respuesta a los operativos del jueves, en los últimos ocho días los delincuentes ya entregaron los cadáveres de trece militares degollados, con heridas de arma blanca en tórax y abdomen y con huellas de haber sido arrastrados. Así no se logran los resultados esperados, pero sí se expanden los riesgos que su presencia acarrea.
