Dos sombras oscurecen las expectativas para Coahuila en 2009, la inseguridad pública y la crisis económica. Hasta el momento, el tratamiento que ha hecho el Gobierno Estatal de ambos temas ha dejado que desear, ya que el gobernador Humberto Moreira Valdés, fiel a su costumbre, se ha preocupado más por presentar propuestas para generar un impacto mediático que por contribuir efectivamente a disminuir los efectos de ambos problemas en la entidad.
En los últimos meses, un amplio sector de la sociedad lagunera ha vivido en la zozobra y el temor por la creciente ola de delincuencia que azota a la región. Robos, asaltos, secuestros y homicidios se han incrementado de forma alarmante. Pero, sin duda, el asunto que más preocupa a la sociedad en su conjunto, y que en gran medida corresponde al Ejecutivo Estatal enfrentar, es el secuestro. Y es que la privación ilegal de la libertad de una persona puede hundir a familias enteras en todos los sentidos. Una persona que ha sido víctima de este delito o es pariente de alguien que lo ha padecido, difícilmente puede continuar con su vida dentro de los parámetros de lo normal. En el peor de los casos, la víctima es asesinada, pero quienes logran salir con vida convierten el miedo y la pérdida de confianza en la sociedad y en sí mismos en parte de su cotidianeidad.
Hace semanas la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en Torreón se tenía registro de 20 casos de personas secuestradas. Pero la Cámara de Comercio de Torreón manifestó que los casos reportados por la Procuraduría representaban apenas un 10 por ciento del total de personas privadas de su libertad en el año, las cuales preferían no denunciar por temor o desconfianza en las autoridades. Frente al insistente reclamo de la Iniciativa Privada para que se actúe cuanto antes contra este flagelo, el Gobierno del Estado reaccionó con declaraciones estridentes, pero con poca sustancia. Prometió la creación de un “nuevo” grupo antisecuestros, pero sin aclarar la situación y futuro del que existe actualmente y que quedó prácticamente desactivado a raíz del plagio de los dos directores que ha tenido.
Además, el gobernador Moreira impulsó con el respaldo de su cómodo Congreso Estatal, una iniciativa para reformar la Constitución para que se permita que los estados apliquen, si así lo deciden, la pena de muerte a secuestradores en caso de que éstos asesinen a sus víctimas. Si tomamos en cuenta que la República ha firmado tratados internacionales para erradicar la pena capital, situación que es irreversible; que no existen estudios que sustenten que este tipo de castigo incide en una disminución de los delitos; que las condiciones de nuestro obsoleto y corrupto sistema judicial propiciarían que se cometieran graves injusticias; que es incoherente pedir penas más severas cuando ni siquiera las actuales se cumplen; si tomamos en cuenta todo esto, la propuesta del gobernador queda sólo como una ocurrencia cuyo objetivo es hacer voltear hacia él los reflectores aprovechándose irresponsablemente de un tema que es sumamente sensible para la sociedad y que, por eso, se requiere alejarlo lo más posible del manoseo politiquero.
Por si fuera poco, la reciente desaparición del experto y consultor en secuestros estadounidense, Félix Batista, pone en una situación muy incómoda a las autoridades estatales, quienes a los ojos del ciudadano de a pie se muestran incompetentes ante un problema que parece haberlos rebasado hace mucho.
El otro gran desafío se refiere a la difícil situación económica que priva en el mundo y que ya ha mostrado sus primeros efectos en la entidad. Ante los pronósticos adversos de organismos financieros internacionales, la mayoría de las empresas ha decidido recortar sus expectativas de inversión y productividad para el año que entra, unas con más margen de movilidad que otras. Casos emblemáticos de esta dura realidad son General Motors y Chrysler, quienes han decido realizar paros técnicos de varios días para disminuir costos y evitar un despido masivo de personal. Otras empresas, como Peñoles, han anunciado recortes importantes en sus proyectos de inversión para el año que entra. Frente a este oscuro panorama, el Gobernador anunció con bombo y platillo a principios de diciembre un “acuerdo para la protección del empleo y fortalecimiento de la economía”; empleo que lleva meses perdiéndose en Coahuila, y economía que tiene rato debilitándose. La respuesta del Gobierno Estatal se antoja tardía e insuficiente.
Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Coahuila ha perdido ya en 2008 alrededor de 8 mil empleos, dato que muestra que la situación ha venido deteriorándose a lo largo de todo este año. ¿Por qué esperar, entonces, hasta diciembre para presentar un plan de acción, que es más bien es de reacción, para enfrentar un problema que por lo menos desde mediados de año mostraba ya claros indicios de ser generalizado?
Por lo dicho anteriormente, el año que viene pondrá a prueba la capacidad de Humberto Moreira como gobernante y le representará también una oportunidad para demostrar que en verdad puede actuar con responsabilidad ante problemáticas concretas, más allá de la ocurrencia, la bravuconería y la estridencia.
Enfrentar la creciente ola de inseguridad y disminuir los efectos de la crisis económica mundial en el estado, asumiendo un liderazgo efectivo y fomentando la coordinación con autoridades locales y federales, son los retos que el Gobierno de Moreira tendrá al iniciar el año 2009.
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