La organización terrorista ETA podría estar utilizando “un grupo industrial maderero” para acoger a sus miembros huidos a México, según el juez español Baltasar Garzón. (EFE)
Acusa Baltasar Garzón a cuatro empresas de ayudar a dirigentes de ETA en México.
El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, cree que varias empresas madereras mexicanas acogieron a miembros de la organización terrorista vasca ETA durante los años 2001 y 2002, tras llegar a nuestro país huyendo de España.
Según el magistrado cuatro empresas madereras: Tableros y Chapas de Puerto Escondido Oaxaca, Maderería Modelo de México, Industrial Maderera Autopista de Cuautitlán y Puertas Finas de Madera Monte Albán, facilitaron la documentación necesaria a los etarras Juan Ángel Otxoantesana, Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García para que pudieran residir de forma legal en el país. En concreto dice que los tres procesados ocupaban “puestos en los órganos de gestión” en las empresas madereras.
En un auto de 16 páginas hecho público ayer, Garzón dicta un auto de procesamiento contra estos tres etarras y cuatro más, a quienes acusa de ser relevantes dirigentes de ETA en México. El juez asegura que durante esos dos años ETA tenía en México “una estructura estable plenamente desarrollada”.
Y de los siete imputados en el auto dice que obedeciendo órdenes “de la dirección de ETA en Francia”, se encargaban de dar apoyo logístico y financiero a los activistas de la organización huidos a México. Además los acusa de los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental.
Según el magistrado, los etarras recibieron entre los años 2001 y 2002 más de 209 mil dólares para financiar a miembros del grupo separatista vasco que residían en México.
El juez relata que recibían ese dinero procedente de Francia a través de distintas vías: utilizaban cuentas bancarias en entidades financieras mexicanas abiertas bajo identidades falsas, y cuentas corrientes de ciudadanos mexicanos quienes “con pleno conocimiento y voluntad” cobraban cheques librados por etarras con una identidad falsa.
Los procesados, todos ellos de nacionalidad española, son Juan Ángel Ochoantesana Badiola, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo Borde, y Asier Arronategui Duralde.
Según Garzón, Artola era el responsable de ETA en México mientras el resto se ocupaba del estado en el que residía. Es decir, Alberdi era el responsable en Puebla, Arronategui en Nuevo León, Urquijo en Quintana Roo, Gorrotxategui en Oaxaca y García en México D.F.
Salvo Ochoantesana Badioloa, todos fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2003 y extraditados a España en 2006. Otxoantesana fue condenado en Francia por blanquear dinero de ETA en México procedente del llamado “impuesto revolucionario”. Es decir, el cobro que hacen algunos empresarios vascos a la banda armada para evitar ser secuestrados o asesinados.
Para formular sus acusaciones, Garzón se basa en la documentación intervenida en Francia al ex jefe del aparto logístico de ETA Asier Oyarzábal, a cuyas órdenes estaba Otxoantesana, que se dedicaba a “labores de mejoramiento del aparato de falsificación de ETA para conseguir pasaportes españoles falsos de alta calidad”.
