Policías municipales dispersan la manifestación de simpatizantes de la UDC en la Presidencia Municipal de Matamoros. (Fotografía de Cecilia Aguilar)
Falla Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de ex trabajadores; Municipio deberá pagar 7 mdp.
Lo que en principio era una manifestación pacífica en apoyo a 35 ex empleados municipales de la Unión Democrática Coahuilense (UDC), terminó en un zafarrancho cuando los policías que resguardaban la Presidencia Municipal arrojaron gas lacrimógeno a los asistentes sin reparar que ahí había niños, ancianos y ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite. La postura del Ayuntamiento fue negar la restitución de los demandantes en los puestos, además de informar que la indemnización tardará porque “no hay recursos”.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de dichos trabajadores y siete millones de pesos erogará el Ayuntamiento para indemnizar a 35 ex empleados que despidieron injustificadamente en la Administración de Felipe Medina Cervantes.
La demanda laboral 936/157/2003 después de más de cinco años con cuatro meses del conflicto, emitió un dictamen favorable para los ex empleados, a fin de que las autoridades cumplieran esta ejecutoria, donde se incluye la reinstalación y el pago de los salarios caídos.
Por esa razón ayer llegaron los udecistas ex empleados municipales a la Presidencia, y acudieron acompañados por el ex candidato a diputado, Jesús Contreras Pacheco, quien dijo que la gente congregada ahí era para apoyar a los ex empleados que solicitaban el cumplimiento del laudo.
Los ex trabajadores y Federico Orreily Castilla, abogado de los afectados, así como un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, José González González, fueron atendidos por el representante del Ayuntamiento, Carlos Eduardo Ramírez, en ausencia del alcalde interino Homero Hernández, quien recibió a los ex empleados en la sala de juntas del Cabildo y luego de un procedimiento de llenado de actas y entrega de documentos, afirmó que el Ayuntamiento no reinstalaría a nadie y que la indemnización vendrá después probablemente, vía solicitud de préstamo al Gobierno del Estado.
Pero reveló que hay un juicio de amparo promovido desde el viernes pasado por parte de las autoridades municipales, sólo que el Tribunal se adelantó y no esperó a la suspensión del laudo.
Sin embargo, Orreily Castilla explicó que el laudo es claro en cuanto pide la restauración de los ex trabajadores y el pago de los salarios caídos desde mayo de 2003. “El actuario vino a dar fe de que los trabajadores se presentaron a sus labores, ya que el patrón que es la Presidencia, está obligada a reinstalar o pagar una cantidad equivalente a los 7 millones de pesos y que se dejen de amparos, pues saben bien que ya no proceden”.
Todo esto ocurría en la segunda planta de la Presidencia, cuando abajo, el zafarrancho se armó en grande cuando los policías municipales arrojaron gas lacrimógeno y con armas largas trataron de intimidar a la gente, ya que, según los agentes, los udecistas empezaron a realizar desmanes, lo cual fue negado por los manifestantes quienes se dispersaron mas no se retiraron de las afueras del edificio.
Los elementos de Seguridad Pública de Matamaros se alejaron del lugar, pero más tarde llegaron policías estatales preventivos y ministeriales y la situación se tornó a la calma.
