La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, no acudió a la reunión de cancilleres de los Estados Americanos, convocada por el consejo permanente de la OEA, y concluida en las primeras horas de ayer, para tratar la crisis andina, surgida del ataque de tropas de Colombia a un campamento guerrillero de ese país en territorio ecuatoriano. No parece que en la agenda de la responsable de la diplomacia mexicana se registrara un compromiso de mayor envergadura que la junta interamericana con sus homólogos, ni contraído con antelación Y sin embargo la canciller Espinosa se abstuvo de asistir. Su falta revela, quizá, el predicamento en que se halla el Gobierno de México frente al de Colombia, y que lo ha conducido a un ilegal y vergonzoso silencio sobre la muerte de tres mexicanos en aquel episodio que tensó al máximo la situación entre Quito y Bogotá.
Normalmente, un Gobierno cuyos nacionales mueren a manos de tropas de otro Gobierno, debe protestar por el hecho, y demandar explicaciones al agresor, y hasta fincarle responsabilidades en instancias internacionales. Pero esa normalidad carece de efectos en tratándose de una relación privilegiada como la que mantienen los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, gobiernos derechistas los suyos en un vecindario insólitamente poblado de regímenes situados en diversos matices de la izquierda.
Los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles murieron en el ataque colombiano del primero de marzo, en que resultó herida la también mexicana, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Morett Álvarez. Habían llegado de Quito horas antes de la incursión colombiana en pos de “Raúl Reyes”, el número dos de las FARC, la organización guerrillera surgida en 1966. Dado que habían asistido hasta el 27 de febrero al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, no es creíble que su presencia en el campamento guerrillero fuera parte de su adiestramiento para incorporarse a la insurgencia armada. También indica esa imposibilidad el hecho de que vistieran de civiles y estuvieran inermes, durmiendo, al ocurrir el bombardeo y el avance terrestre del Ejército colombiano sobre las tropas insurgentes.
Aun suponiendo que estuvieran en trance de sumarse a la guerrilla, tal circunstancia no debió hacerles perder de ninguna manera su condición de mexicanos cuyo Gobierno tiene la obligación legal de proteger, y de protestar por su muerte. Pero el de Calderón ha guardado silencio para no macular la relación con el de Uribe. Al contrario, ha adoptado una actitud facciosa consistente en determinar primero si esos mexicanos eran merecedores de su protección o carecían de ese derecho, como si tal circunstancia estuviera sujeta a condiciones.
En vez de protestar ante Bogotá, la Cancillería dijo el viernes pasado que “es preocupación del Gobierno Federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. Como si fuera la Cancillería colombiana la que hablara, la de México abundó en su incriminación a esa fuerza insurgente, recordando que “tanto la Organización de Estados Americanos, con el consenso de todos sus miembros, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como actos terroristas”.
Como si le incumbiera la conducta de los mexicanos muertos o heridos, la Cancillería mexicana solicitó a Colombia, “para precisar tanto lo ocurrido el primero de marzo como el tipo de vínculos entre los mexicanos y las FARC, que proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que en relación con estos hechos se llevan a cabo. Además, se mantiene contacto con las autoridades de Ecuador, a quienes han solicitado que se lleven a cabo las investigaciones del caso para esclarecer detalladamente los hechos y determinar la situación jurídica de los nacionales involucrados”.
En digno complemento con esta actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República investiga cómo se pagaron el viaje y la estancia en Ecuador los mexicanos que asistieron a la Conferencia Bolivariana en Quito, entre ellos los que viajaron al campamento de las FARC. El Cisen, por su parte, se afana en determinar la conexión mexicana con esa guerrilla, en seguimiento de lo conversado entre Uribe y Calderón cuando se encontraron en Santo Domingo, el 7 de marzo, en la reunión del Grupo de Río. La torpeza del espionaje mexicano, o su facilismo, lo ha llevado a identificar cubículos en diversas instituciones, sobre todo la Universidad Nacional, donde a la luz del día se realizan actividades de solidaridad política con las FARC. Porque una cosa es la expresión de apoyo ideológico y político a una Fuerza Armada y otra es la colaboración a las acciones bélicas o delincuenciales que esa guerrilla ejecuta.
Parece inequívoca la información que vincula a las FARC con bandas mexicanas de narcotráfico. Ese nexo es el que debe determinarse porque supone acciones contrarias a la ley perpetradas en territorio mexicano. Indagar en cambio si los mexicanos muertos merecían morir y no eran dignos de protección es actitud ilegal, mezquina y torpe.
