El blindaje de autos es uno de los métodos más socorridos. (Fotografías de El Universal)
En los últimos diez años, los mexicanos han ido aumentando su gasto en medidas de protección personal, familiar y empresarial, ante la incapacidad del Estado de garantizar seguridad pública suficiente y eficiente, coincidieron el investigador Arturo Arango y prestadores de servicios de seguridad privada.
Alarmas antirrobo, muros, rejas, blindaje de vehículos, circuitos cerrados de televisión, rastreo satelital de mercancías y servicios de protección ejecutiva, un término que define a escoltas de alto nivel, entrenados en el extranjero, se han vuelto parte del lenguaje y el gasto cotidiano de los mexicanos.
El Gobierno Federal ha reconocido que el costo de la inseguridad ha frenado el crecimiento del país en un monto equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de nueve mil millones de dólares, pero un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima ese costo en casi 15% del PIB: alrededor de 130 mil millones de dólares.
Esa cantidad, de acuerdo con el estudio “Violencia en América Latina, Epidemiología y Costos”, se integra por costos directos e indirectos.
Los primeros son todos aquéllos relacionados con pérdidas materiales y en salud sobre el bienestar de la sociedad, e incluyen aspectos como la contratación de servicios de seguridad privada, guardias, escoltas, equipos de seguridad y primas de seguros.
Los costos indirectos son los que se reflejan en la disminución del bienestar por pérdidas en productividad, inversión y oportunidades de consumo, como las inversiones y el turismo que no llegan al país por la inseguridad y una calificación con mayor nivel en el índice de riesgo-país.
Según el estudio, el costo de la inseguridad en México (14.8% del PIB) es superior incluso al promedio de América Latina, que es de 14.2%, y sólo es superado por Colombia, con 24.7%.
Estado no garantiza la seguridad pública
Arturo Arango, investigador de Seguridad Pública en México, asevera que el Estado mexicano no puede garantizar servicio de seguridad pública de calidad, entre otras causas, porque no se está combatiendo al crimen de manera adecuada, sino únicamente con medidas reactivas, sin incluir acciones de prevención.
“Entre 1997 y 2007, se han destinado 970 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no son suficientes más patrullas, más personal y más armas, si no se tiene siquiera un sistema que capte la información de todo el evento delictivo: debe haber planeación, políticas públicas y acciones específicas”, explica.
Por ello es que la ciudadanía organiza cada vez más su vida en función de cómo autoprotegerse, ante la ineficiencia del Estado, destaca.
“Si se va a comprar un auto, se elige el modelo que tiene menos reportes de robo; en las zonas residenciales se multiplican los anuncios de venta de casas, la gente se está mudando a condominios con seguridad privada, se limita la vida social; la mayoría de los negocios tiene rejas, alarmas o algún otro sistema de protección”, detalla.
Ricardo Torres Escoto, integrante de la mesa directiva del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), explica que es necesario diferenciar entre el costo normal de la seguridad y el generado por las deficiencias de la seguridad pública, que se ha incrementado en los últimos 12 años y, de manera particular, en los meses recientes.
“En ninguna parte del mundo el Estado puede garantizar la seguridad al interior de las empresas, como por ejemplo, evitar el ‘robo-hormiga’, ahí tenemos que intervenir nosotros, tomar medidas preventivas, esa es el área en que trabajan las empresas de seguridad privada”, detalla.
Explica que si bien el mercado de la seguridad privada en México ha ido cambiando en los últimos 25 años, adoptando una tendencia hacia la profesionalización de los servicios, también es cierto que el Estado mexicano ha trasladado a los ciudadanos los costos de la inseguridad.
El costo de la inseguridad, precisa, “es cuando tenemos que contratar o comprar sistemas de rastreo satelital, para monitorear nuestras mercancías, o un camión escolta, para protegerlas en el traslado a un almacén o en la ruta de distribución; es tener que salir a la calle con vehículos blindados, sistemas de GPS para obtener protección”, destaca.
“Ese gasto adicional representa un 12 por ciento del monto de las ventas para las empresas del país, de acuerdo con estudios que se han realizado en el sector privado”, refiere.
El principio de la crisis
Para Alejandro Desfassiaux Sánchez, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, la crisis de seguridad pública que enfrenta actualmente el país comenzó a gestarse el 10 de enero de 1982.
En esa fecha, recordó, se decretó la desaparición de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), una medida que continuó aplicándose de manera indiscriminada en las siguientes administraciones, con “limpias” de policías en un intento de sanear las corporaciones que no ha funcionado.
“Ahora tenemos aproximadamente 60 mil ex policías en la calle que nadie sabe en qué andan”, alertó, mientras las corporaciones de seguridad pública están desarticuladas y no cuentan siquiera con un sistema de información criminal eficaz, que les permita ubicar a los jefes de las bandas delictivas, para golpear de manera efectiva a las organizaciones criminales, afirma.
Ese escenario, destaca, ha obligado no sólo al empresario, sino al ciudadano común a ir asumiendo los costos de la inseguridad y gastar cada vez más en medidas de autoprotección.
Por ejemplo, el servicio de guardia y protección ha registrado en los últimos años un aumento importante en la demanda, al grado de que existen ya una calificación especial entre quienes lo brindan.
Se trata del servicio de protección ejecutiva, que algunas empresas ofrecen como High Defense System e incluye personal de escolta altamente adiestrado, con capacitación en Israel, Estados Unidos y España, entre otros países y con permiso para portar armas.
“No es un servicio nuevo”, aclara Desfassiaux, cuya empresa cuenta con este tipo de escoltas.
“Tiene alrededor de 10 años en el país, pero hay sólo unas 20 empresas en todo el país, con un aproximado de mil escoltas, que lo ofrecen con altos estándares de calidad, pues incluye rastreadores satelitales y apoyo operativo en cada entidad”.
Por ello, alerta, quienes requieren de este tipo de protección deben tener cuidado e informarse, pues corren el riesgo de contratar a una de las cerca de ocho mil empresas de seguridad privada que operan de manera irregular en el país y que, en ocasiones, son operadas por delincuentes o, en el mejor de los casos, defraudadores.
Ese es otro costo de la inseguridad.
